Marcelo Pereira

Ante las polémicas sobre la fallida propuesta de crear una comisión parlamentaria para investigar la crisis de Pluna, es útil recordar el marco normativo que regula ese tipo de organismos, aunque en este caso sea obvio que “lo político prevaleció sobre lo jurídico”.

Las discusiones relacionadas con el ingreso de Venezuela al Mercosur no deberían olvidarse rápidamente, desplazadas por otros asuntos de la coyuntura. Tuvo razón el vicepresidente Danilo Astori cuando afirmó, en una columna publicada el lunes 9: “Estamos ante temas de enorme importancia política”.

El jueves 24 el diario El País inició una “tormenta con matracas”, como decía el contador José Pedro Damiani, al anunciar en su primera plana que el Poder Ejecutivo se proponía enviar al Parlamento, en el mes de junio, un proyecto de Ley de Medios “que incluiría normas sobre contenidos”.

Cuando la naturaleza del asesinato de Gastón Hernández quedó clara, los interesados en que el trágico episodio confirmara sus ideas pasaron a otro tópico: el de que las normas actuales llevan a que los adultos se valgan de menores de 18 años para cometer delitos. Su conclusión no es que debe castigarse con mayor severidad ese tipo de instigación, sino que debe bajarse la edad de imputabilidad penal: es un razonamiento similar al de quienes sostienen que, como los terroristas se esconden entre la población civil, hay que legitimar el bombardeo contra no combatientes.

Imaginemos por un momento qué habría sucedido si, durante sus gobiernos, Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle o Jorge Batlle hubieran almorzado, en un Día de los Trabajadores, con decenas de prominentes patrones, entre ellos varios representantes en Uruguay de firmas transnacionales. Supongamos que el asado se hubiera servido en un salón cuya decoración incluyera una bandera del partido de gobierno, y que recién después de una prolongada sobremesa, alguno de esos primeros mandatarios hubiera pasado brevemente por el tradicional acto del PIT-CNT, llegando casi al final.

Las reiteradas dificultades para que se apruebe la despenalización del aborto dicen mucho acerca de los partidos uruguayos y de su relación con la sociedad que deben representar en el Parlamento. Hay que situar este asunto así, como un problema vinculado con todo el sistema partidario, aunque los bloqueos más notorios se produzcan dentro del oficialismo frenteamplista.