Natalia Uval

En algún momento del largo proceso judicial que inició Philip Morris contra Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), las autoridades del gobierno, juristas y testigos que participaron en las audiencias empezaron a percibir cambios en un proceso que no pintaba nada bien para Uruguay.

Los informes del oficialismo y la oposición en la comisión investigadora parlamentaria sobre ANCAP llegaron, a partir de la misma información, a conclusiones diametralmente opuestas. Para la bancada del Frente Amplio, que contó con la presencia de referentes de todos los sectores en la presentación de las conclusiones de sus legisladores, no pudo probarse la existencia de ilicitudes ni de irregularidades.

Un comienzo pletórico de citas del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, la referencia a la construcción de una “especie de novela periodística” sobre el tema, denuncias sobre argumentos falsos y la anunciada conclusión de que no se pudo probar la existencia de irregularidades ni ilícitos en el seno de la comisión investigadora sobre la situación de ANCAP. Todo esto y bastante más integra el informe que el Frente Amplio logró consensuar el fin de semana y que presentará hoy ante la secretaría del Senado. El Partido Nacional y el Partido Independiente enviarán antecedentes sobre varios hechos a la Justicia penal, y el Partido Colorado anunciará hoy su posición en conferencia de prensa.

En un informe de casi 200 páginas, los frenteamplistas que integran la comisión investigadora sobre la situación de ANCAP resumieron la visión del oficialismo sobre los resultados del trabajo parlamentario. El texto fue redactado principalmente por el senador Marcos Otheguy -quien presidió la investigadora e integra Compromiso Frenteamplista, la misma lista que integra el ex presidente del ente y actual vicepresidente, Raúl Sendic- y ha circulado entre los legisladores frenteamplistas que integran la comisión: Marcos Carámbula (lista 1001), Daisy Tourné (Partido Socialista) y Rubén Martínez Huelmo (Espacio 609). El resto de los senadores aún no ha visto el documento, por lo que está previsto que mañana, durante la reunión de bancada del Frente Amplio (FA), se realice una presentación general de los contenidos y se hagan las primeras apreciaciones.

El 22 de diciembre, el gobierno anunció la conformación de un grupo de seguimiento de la gestión de ANCAP. Integrado por Lucía Weiner, directora de Planificación y Control de Gestión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Herman Kamil, director de la Unidad de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas; Javier Liberman, asesor de esa misma cartera; y la directora nacional de Energía, Olga Otegui, dicho grupo solicitó información que incluyen aspectos económico-financieros, de gestión e industriales.

Este jueves, diez años después del inicio del conflicto por UPM, Tabaré Vázquez recibirá por primera vez a un presidente argentino en Anchorena. Aunque lo hará con un mandatario con el que no tiene sintonía ideológica, mantiene gran expectativa. Mauricio Macri fue invitado por Vázquez a compartir un asado, y el monitoreo conjunto de UPM será uno de los temas del encuentro, pero no el único ni el principal. En la cancillería uruguaya se percibe que hay “buena disposición” del gobierno de Macri para “destrabar los temas pendientes”.

El cambio de gobierno en Argentina no pasó inadvertido en la cumbre de presidentes del Mercosur. Algunas señales dan la pauta de que se vienen otros tiempos para el bloque regional. Por ejemplo, ayer Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay aprobaron una declaración sobre relacionamiento externo que resalta la necesidad de que el Mercosur suscriba “acuerdos ambiciosos, amplios y equilibrados con países o bloques” del mundo. El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo a la diaria que el gobierno argentino planteó en la cumbre un discurso “totalmente diferente al que veníamos escuchando anteriormente: aperturista, que habla de flexibilidad, del relacionamiento comercial con el mundo, de la necesidad de acuerdos, de la inserción internacional”.

El Parlamento deberá levantar el receso veraniego y realizar una sesión extraordinaria para considerar la capitalización de ANCAP por 583 millones de dólares. El Poder Ejecutivo ya tiene un proyecto de ley pronto, por el cual se condona la deuda que ANCAP mantiene con el Ministerio de Economía y Finanzas a raíz de la cancelación anticipada de la deuda del ente con PDVSA.

Hoy el presidente Tabaré Vázquez encabezará el tercer Consejo de Ministros en el interior del país durante este período de gobierno. Será en Durazno, donde ayer los ministros hicieron la previa reuniéndose con organizaciones del departamento. A poco de asumir, Vázquez dijo que el objetivo de esta modalidad sería “tomarle el pulso al país”. Esta instancia lo encuentra con las encuestas de aprobación más bajas de los gobiernos del Frente Amplio (FA), y con acusaciones desde la interna de la coalición sobre la falta de interlocutores con el gobierno. “Presidencia está en todo”, responden desde el Poder Ejecutivo, y agregan que la diferencia es que esos diálogos no se hacen públicos como durante el gobierno de José Mujica.

Jerarcas del gobierno, técnicos competentes en la materia y varios legisladores oficialistas desconocen su contenido y los pormenores de su negociación. Algunos lo califican de “inadmisible” y “disparatado”. Pero lo cierto es que el “Acuerdo de asistencia técnica a través del Departamento de Energía”, suscrito en el gobierno de José Mujica entre Estados Unidos y Uruguay, sigue su curso, fue aprobado el 3 de noviembre por la Cámara de Diputados y está a estudio de la comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

En medio de “situaciones de emergencia”, Gabriela Fulco busca un cambio de cultura institucional en el Sirpa, que “ponga el foco en el contenido de la rehabilitación”, y asegura que no está sola: trabajará junto a una comisión asesora intergubernamental en la reestructura del sistema. Por otra parte, entiende que la renuncia de los directores se debió a que les faltaban “conocimientos y experiencia” en la materia.

El Plenario del Frente Amplio rechazará mañana la permanencia de Uruguay en las negociaciones del Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés). La única incógnita es la forma en que se procesará esa salida; algunos sectores sostienen que el retiro debe ser inmediato, otros creen que el gobierno no debe presentar listas de excepciones ni ofertas de acceso a mercados en la próxima ronda de negociaciones, a mediados de setiembre, y otros entienden que debe dejarse las manos libres al Ejecutivo para que procese la salida de la mejor forma posible.

La Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular (MPP) aprobó el sábado, por unanimidad, un documento de la secretaría de Relaciones Internacionales del sector que propone el retiro de Uruguay de las negociaciones del Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés).

El gobierno planea que Uruguay presente sus ofertas en la próxima ronda del TISA, en setiembre. Pero diez días antes habrá un Plenario del FA y, por los posicionamientos sectoriales, todo indica que se resolverá el retiro del país del acuerdo.

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT resolverá mañana en qué situación quedará su vicepresidente, Joselo López, que a su vez encabeza el sindicato del Instituto del Niño y el Adolescente, tras difundirse un video en el que se lo ve observando una situación de maltrato a dos jóvenes en el Centro de Privación de Libertad. Algunos dirigentes sindicales consideran que debería renunciar, mientras que otros lo defienden. En tanto, las denuncias por maltrato en los centros del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) siguen su curso en los juzgados: sostienen que en un centro dejaron a 19 jóvenes engrillados y sin ropa de cama durante 12 horas.

La liberación del padre sirio el lunes posibilitaría, pensaron varios, la reunión con su hijo, internado en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) desde que a su padre lo metieron preso. Pero no. Ahora la Justicia exige documentación que pruebe la filiación entre padre e hijo, o la legalidad de la tenencia.