Natalia Uval

El gobierno uruguayo pretende presentar ofertas de acceso al mercado y listas de excepciones en la próxima ronda de negociaciones del Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés), el 15 de setiembre. Así lo manifestó el canciller Rodolfo Nin Novoa a los legisladores de las comisiones de Asuntos Internacionales de Diputados y Senadores, en una reunión ayer en el Parlamento.

La directora del Sirpa, Gabriela Fulco, presentó una "notitia criminis" a la Justicia, a fin de poner en conocimiento del juez “un hecho de apariencia irregular, luego de lo acontecido en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) el 24 de julio, cuando cuatro jóvenes intentaron fugarse y, según trascendió, accedieron a las llaves de dos módulos. El presidente del Sindicato del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Joselo López, cuestionó la decisión: "Con denuncia o sin denuncia, estaremos al lado de los compañeros que lo necesiten”.

El canciller Rodolfo Nin Novoa aclaró que el gobierno todavía no tomó la decisión política de presentar ofertas de acceso a mercados o listas negativas en la próxima ronda de negociaciones del TISA. No obstante, los técnicos de la cancillería están trabajando en las ofertas, para el caso de que exista luz verde en el Ejecutivo.

Al cierre de esta edición, en la Torre Ejecutiva el presidente Tabaré Vázquez esperaba la “inminente renuncia” de Fernando Calloia a la presidencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), e incluso se manejaban posibles reemplazos, indicaron fuentes de Presidencia de la República. Luego de que se conociera el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que confirmó el procesamiento sin prisión por abuso de funciones de Calloia, la oposición reclamó ayer que el jerarca dé un paso al costado, y recordó palabras del oficialismo. Cuando se votó la venia de Calloia el 10 de junio en el Senado, varios legisladores frentistas sugirieron que correspondería la renuncia del presidente de la CND en caso de que se confirmara su procesamiento.

Si una empresa nacional y una extranjera compiten por una licitación de servicios del Estado en Uruguay, la primera obtiene un beneficio en su precio respecto de la segunda. Esto implica que el Estado está dispuesto a pagarle más a una empresa nacional que a una extranjera, y que si nacionales y extranjeras presentan el mismo precio, o incluso si la nacional presenta un precio levemente superior, el Estado optará por la nacional. De aprobarse el Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés) en los términos en los que se está negociando, el Estado uruguayo ya no podrá establecer esta política diferencial.

Tiene 31 años, la mitad de ellos marcados por la militancia estudiantil y política. Pertenece al Movimiento de Liberación Nacional, ocupó el segundo lugar de la lista de Diputados del Movimiento de Participación Popular (MPP) por Montevideo en las elecciones de octubre, y ya había sido diputado en el período anterior. Daniel Caggiani conversó con la diaria; se refirió a los desafíos para la izquierda en este período y no esquivó un balance de las elecciones departamentales en la capital. Dice que fue “una campaña de personalidades”: “Había un candidato que estaba instalado en el conjunto de la ciudadanía desde hacía siete años como víctima” y eso “surtió efecto”.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, explicó el jueves en el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio por qué la liberalización de servicios que se propone en las negociaciones del TISA no sería conveniente para el país.

El gobierno resolvió enviar al funcionario diplomático Gustavo Vanerio a la reunión de ministros de los países que integran las negociaciones del Acuerdo de Liberalización de Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés), que se realizará en París la semana próxima.

En el marco de las negociaciones del TISA, Estados Unidos reiteró a Uruguay su interés en el sector de las telecomunicaciones. Un acuerdo de liberalización en telecomunicaciones echaría por tierra varias de las disposiciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual uruguaya. Precisamente, la empresa DirecTV fue la primera en presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esa norma ante la Suprema Corte de Justicia, porque entiende que se limita arbitrariamente la cantidad de abonados que puede tener.

Al igual que sucedió con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés) genera posiciones encontradas en el actual gabinete. Mientras ministros como Carolina Cosse (Industria) y Ernesto Murro (Trabajo) lo miran con preocupación, otros como Rodolfo Nin Novoa (Relaciones Exteriores) y Danilo Astori (Economía) han salido a defender públicamente la presencia de Uruguay en las negociaciones. Pero el TISA tampoco concitaba unanimidades en el gobierno de José Mujica, como quedó demostrado a raíz de las declaraciones del ex ministro de Industria Roberto Kreimerman el martes, durante un seminario sobre el acuerdo.

Dos intendentes electos, en Río Negro y Paysandú, y dos ediles en Montevideo, con una votación que sobrepasó las expectativas y dejó al sector en sexto lugar en la interna frentista en la capital. No es un mal balance para un sector como la Vertiente Artiguista, que en las elecciones nacionales de octubre no logró el mínimo objetivo que se había trazado.

El presidente Tabaré Vázquez solicitó la creación de un grupo interministerial para que estudie la presencia de Uruguay en las negociaciones del Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés). Vázquez todavía no se pronunció públicamente sobre este tema, y varios ministros le manifestaron que no están convencidos de la conveniencia de que Uruguay esté presente en esas negociaciones, dijeron fuentes del Poder Ejecutivo a la diaria.

El ex canciller Luis Almagro ratificó que el PIT-CNT estaba al tanto del ingreso de Uruguay a las negociaciones del TISA. Para respaldarlo, leyó fragmentos de una carta que le envió la central el 6 de febrero en la que el PIT-CNT reconoce “la apertura que ha tenido el ministerio en las últimas semanas para dialogar” sobre el TISA.

Alfonso Etxanobe es consultor del área de estrategia de LKS, empresa de la Corporación Mondragón, del País Vasco. Durante el gobierno de José Mujica asesoró a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el funcionamiento del Fondo para el Desarrollo. Esta semana estuvo en Uruguay para asesorar a Alur en temas de innovación en su planta de Paysandú. En conversación con la diaria, opinó que las cooperativas en Uruguay “tienden a tener niveles de gestión muy bajos” y afirmó que deben apuntar a ser “realmente empresas” y no “avergonzarse de ser competitivas”.

La empresa multinacional estadounidense DirecTV es la única que hasta el momento presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo hizo mediante un escrito de 88 páginas en el que impugna 27 artículos de la norma, que, según sostienen, contradice artículos de la Constitución y de varias convenciones internacionales.

El ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni, dijo a la diaria que el ingreso de Uruguay a las negociaciones del TISA no se discutió en el Consejo de Ministros del gobierno anterior. En cambio, el ex vicecanciller Luis Porto dijo a este medio que sí se conversó el tema en ese ámbito, en algún momento entre julio y setiembre de 2013. En julio de 2013 se presentó un informe técnico del entonces director general de Integración y Mercosur, Álvaro Ons, favorable al ingreso a las negociaciones del TISA, tras lo cual -según Porto- el tema se conversó en el gabinete y José Mujica “dio el OK” al ingreso.

“Esto viene complicado. Por el bien del país, hay que tratar de pararlo”. La frase, pronunciada por un parlamentario del Frente Amplio, sintetiza la sensación que tienen en estos momentos varios legisladores de la coalición de izquierda respecto del Tratado de Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés). El PIT-CNT fue el primero en manifestar públicamente su preocupación sobre el tema y hoy se la planteará al presidente Tabaré Vázquez.