Natalia Uval

Antes del inicio de la feria judicial, el Comité de los Derechos del Niño se reunió con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, para plantearle su preocupación por la lentitud del procedimiento judicial en los casos sobre eventuales maltratos y torturas a jóvenes recluidos en el centro Ser de la colonia Berro, radicados en el Juzgado de Pando. El fiscal de Pando Leonardo Morales confirmó a la diaria que recibió un pedido de informes del fiscal de Corte respecto a sus actuaciones. Consultado sobre eventuales demoras en los trámites, Morales indicó que todos los casos que maneja son denuncias de 2013 o 2014. “No creo que haya expedientes que tengan años” de atraso, afirmó.

La base del Código Penal vigente en Uruguay data de 1933. El proyecto que busca sustituirlo, elaborado por expertos y enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, ingresó en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes en 2010, a comienzos del período legislativo, y aún no ha salido de allí. Sobre los puntos más polémicos no hay redacción de acuerdo, y quedan ocho meses para que termine la legislatura, que transcurrirán en medio de la campaña electoral. En el Frente Amplio ya empiezan a dudar de que se apruebe, aunque el diputado Felipe Michelini (Nuevo Espacio) sostuvo que se puede y que “es cuestión de trabajar”.

El gasto público social aumentó casi el doble en los gobiernos del Frente Amplio respecto de los gobiernos anteriores, según un informe que se presenta hoy, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El aumento se da tanto en términos absolutos como en relación al porcentaje del Producto Interno Bruto que representa: en el gobierno de Luis Alberto Lacalle se destinaba 17,2% del PIB al gasto social, mientras que en el de José Mujica se destina 24,7%.

El lunes de noche, la ex presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Nora Castro; el director de la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, Federico Lezama; y el director general de secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Álvarez, se alejaron de la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L). Álvarez, quien pertenecía al sector desde su creación, en 2006, explicó las razones.

Diferencias políticas y de estrategia electoral llevaron a un grupo de dirigentes de la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L) a alejarse del sector. La decisión, evaluada desde hace un tiempo atrás, se efectivizó anoche, durante una reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la CAP-L. En el grupo de dirigentes que se alejan hay tres integrantes del Ejecutivo de la CAP-L: la ex presidenta del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay, Nora Castro; el director general de secretaría del ministerio de Educación y Cultura, Pablo Álvarez, y el director de la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, Federico Lezama.

El miércoles pasado, después de que el programa Subrayado de Canal 10 difundiera el informe sobre maltratos en el centro Ser, quien actualmente está desempeñando el cargo de director de este establecimiento, Alejandro Araújo, identificó a uno de los jóvenes que declaraban y le dio una “terrible paliza”, coinciden en declarar varios jóvenes recluidos en el centro. Este jerarca ya tiene varias denuncias por agredir a adolescentes privados de libertad.

Alliance Sud es una alianza de organizaciones suizas vinculadas al desarrollo. La integran, entre otras, Swissaid y Caritas. Junto con Redes-Amigos de la Tierra, presentaron una petición ante el Parlamento suizo para que el gobierno de ese país considere aprobar una nota interpretativa del Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de las Inversiones Uruguay-Suiza, que favorezca al Estado uruguayo en el pleito con la tabacalera transnacional Philip Morris, informó a la diaria Alberto Villarreal, de Redes.

Raúl Sendic lanzó su candidatura a la vicepresidencia por el FA, con el apoyo del presidente José Mujica.

En el Consejo de Ministros de ayer, el gobierno comentó con “preocupación” el hallazgo de armas -algunas de guerra- y municiones en la casa de un coleccionista en Carrasco. Tras la reunión del Consejo de Ministros, el secretario de Presidencia, Homero Guerrero, informó que el gobierno analizó la situación. Recordó que la tenencia de armas está regulada por decreto desde 1986 y que los coleccionistas deben tener un registro. Remarcó que la persona investigada sólo tenía registradas 300 armas, en un total de 1.000 “de alto calibre”. Recordó también que la norma dispone que las armas deben estar separadas de las municiones.