Natalia Uval

En el Consejo de Ministros de ayer, el gobierno comentó con “preocupación” el hallazgo de armas -algunas de guerra- y municiones en la casa de un coleccionista en Carrasco. Tras la reunión del Consejo de Ministros, el secretario de Presidencia, Homero Guerrero, informó que el gobierno analizó la situación. Recordó que la tenencia de armas está regulada por decreto desde 1986 y que los coleccionistas deben tener un registro. Remarcó que la persona investigada sólo tenía registradas 300 armas, en un total de 1.000 “de alto calibre”. Recordó también que la norma dispone que las armas deben estar separadas de las municiones.

Granadas antitanques, morteros, lanzagranadas, miras telescópicas para francotiradores que no están ni siquiera en poder del Ejército uruguayo, casi 1.000 fusiles y 130.000 municiones -más que toda la reserva del Ministerio del Interior, indicaron fuentes de esa cartera a la diaria- se incautó en una sola casa, la del empresario de la construcción González Conde. Había sido denunciado públicamente en 2001 como cómplice de un robo de municiones a la Armada, pero la denuncia no llegó a la Justicia y nunca se probó.

En un informe de 30 páginas presentado ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, el gobierno uruguayo respondió las preguntas del organismo internacional sobre la situación carcelaria, las denuncias de maltratos a jóvenes privados de libertad y el abordaje de la violencia doméstica, entre otros temas. El comité utilizó como insumo para sus interrogantes un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) que fue cuestionado por algunos dirigentes oficialistas, principalmente en lo referido a la situación de los adolescentes recluidos. El canciller Luis Almagro dijo a la diaria que respalda a la INDDHH y que ahora se trata de “unir y solucionar”.

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas recibió ayer en Ginebra a representantes del gobierno uruguayo y les formuló 87 preguntas que deberán responder hoy, varias de ellas sobre las denuncias de golpizas y maltratos en los centros del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). El Comité se basó en el informe que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Hoy más de 30 organizaciones vinculadas a la infancia y a los derechos humanos y más de 30 personalidades vinculadas a la cultura, el periodismo y la academia harán público su respaldo a la actuación de la INDDHH, que ha sido cuestionada por autoridades de gobierno y legisladores oficialistas tras las denuncias de torturas en el Sirpa.

Fernández Huidobro considera que algunos "compañeros de izquierda" asumen actitudes "fascistas" al momento de criticar a militares.

Familiares de internados en la Colonia Berro denunciaron malos tratos y torturas ante las autoridades del Sirpa.

En un informe reservado que presentó en febrero de este año ante el Sirpa, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) denunció golpizas en el hogar Ser de la colonia Berro. Mirtha Guianze, directora de esta oficina, informó el jueves a la Comisión de Población y Desarrollo de la cámara baja que en noviembre del año pasado los reclusos del hogar Ser fueron trasladados al patio del centro, desnudos, y luego sometidos a golpizas. Según dijo, existen pruebas de estas agresiones en el caso de uno de los jóvenes golpeados, por lo que la INDDHH realizó la denuncia penal la semana pasada en el juzgado de Pando.

El presidente José Mujica confirmó ayer una versión, difundida por el semanario Búsqueda, respecto de que tiene intención de albergar en calidad de refugiados a cinco presos de la cárcel de Guantánamo a pedido del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. En cancillería aseguran que se dará una versión oficial sobre esta situación. El planteo, en los términos en que se hizo, no se ajusta a la ley de derecho al refugio vigente en Uruguay y genera dudas en el propio gobierno sobre su conveniencia política. Amnistía Internacional (AI) pidió un informe y el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou reclamó una explicación.

Como signada por su historia, Macarena Gelman vive en un continuo viaje entre Uruguay y Argentina. Trabaja para la secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Cristina Fernández, y en medio de los preparativos por el aniversario del golpe de Estado en ese país, aprontaba en la tarde de ayer una conferencia de prensa de la agrupación frenteamplista Ir que anunciaría por la noche, en Montevideo, su candidatura a la diputación. Es Gelman, nieta del poeta argentino que murió este enero, hija de padres asesinados por la dictadura, pero es “mucho más que eso”. De su abuelo aprendió a “desdramatizar” lo vivido, a continuar “a pesar de”, a no permitir que su historia personal la “encasille”. Se acercó a Ir en busca de un proyecto colectivo, y esa agrupación la postula como candidata porque se tomó la decisión política de que una mujer debía encabezar su lista. la diaria conversó con ella de esas políticas y de esas historias.

La bancada de senadores del Frente Amplio acordó ayer votar con modificaciones el proyecto de ley de responsabilidad penal del empleador. El texto aprobado por la Cámara de Diputados establece que el empleador que no adoptara “los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación” y pusiera de ese modo en “peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador”, debía ser castigado con tres a 24 meses de prisión. La iniciativa generó reparos en algunos senadores frenteamplistas.

Acompañada del precandidato presidencial Jorge Larrañaga, la diputada nacionalista Verónica Alonso inauguró un local partidario llamado "Los Gauchos de Aparicio" en plena Curva de Maroñas. Allí se presentó Gavo Silveyra, candidato a diputado por su agrupación, pastor de la iglesia "Misión Vida para las Naciones" y yerno del pastor Jorge Márquez. Según dijo uno de los dirigentes nacionalistas pertenecientes a esta iglesia, los fieles de allí "van a apoyar al Partido [Nacional], porque la gente está muy nerviosa, hay muchos robos y mucha delincuencia”.