Natalia Uval

La Mesa Política del Frente Amplio tratará mañana el pedido de algunos plenarios departamentales de postergar las elecciones internas de la coalición de izquierda, previstas para el 29 de mayo, debido a la situación de emergencia climática que vive el país.

La jueza Julia Staricco procesó sin prisión a una persona por “instigación pública a delinquir”, por declarar en Facebook que había sido robada tres veces y que si alguien estaba pensando en armar un grupo para matar delincuentes, él se sumaba.

Un informe concluye que los cambios de la Unión Europea en la política de protección de inversiones mantienen los beneficios que ya se otorgan a los inversores y no logran proteger el derecho de los estados a establecer regulaciones. Lo hace a partir del estudio de cinco casos, el primero de ellos, el litigio de Philip Morris contra el Estado uruguayo.

Con la memoria fresca de la sesión del domingo en la Cámara de Diputados de Brasil, por la cual se aprobó el inicio del proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, se realizó ayer un panel de reflexión sobre el ciclo de los gobiernos “progresistas” y de izquierda en la región organizado por la candidatura a la presidencia del Frente Amplio (FA) de Alejandro Sánchez. El nombre de la actividad fue “¿Qué pasa, Brasil? ¿Duele Brasil?”, pero naturalmente la conversación derivó a la pregunta sobre un eventual fin de ciclo de los gobiernos de izquierda en la región y a proyecciones sobre lo que puede sucederle al FA.

Hoy a las 14.00 se reúne un grupo de trabajo de la bancada de diputados del Frente Amplio para estudiar cambios al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que reestructura la institucionalidad de los juegos de apuestas. La iniciativa separa las funciones de regulación y de control, de la actividad directa de explotación del juego por parte del Estado. El Ejecutivo considera en la exposición de motivos que actualmente “los diferentes roles se confunden institucionalmente, perturbando la especificación de objetivos, la gestión y la consiguiente rendición de cuentas”.

La bancada del Frente Amplio (FA) aprobó el martes que se eleve una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo solicitando que se reglamente el Convenio Nº 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador. El convenio fue ratificado por Uruguay y entró en vigor en 1985, pero hasta el momento no se ha incorporado a título expreso en la legislación nacional. Hacer aplicables mediante una ley las disposiciones del acuerdo internacional es un viejo reclamo del PIT-CNT.

La idea se discutió a nivel del Poder Ejecutivo durante el gobierno de José Mujica. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca era entonces el mismo que ahora, Tabaré Aguerre. El lunes, luego del Consejo de Ministros realizado en Salto, Aguerre anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley para fomentar la inversión en obras de riego. La organización ambientalista Redes-Amigos de la Tierra en Uruguay asegura que viola el artículo 47, aprobado con la reforma de 2004. El Laboratorio de Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República elabora un informe sobre eventuales impactos de la ley y adelanta algunos problemas de la iniciativa. Y el ex director nacional de Aguas Daniel González sostiene que sólo beneficia “a los inversores a los que les interesa especular con el agua”.

Desde el gobierno se manejó la posibilidad de conseguir un socio para Alas U, aunque se comentó que eso es resorte de la empresa. No obstante, estuvo sobre la mesa el nombre de la aerolínea boliviana Amaszonas, que espera culminar este mes el proceso legal para empezar a operar como aerolínea de bandera uruguaya, cubriendo seis rutas en la región.

A fines de febrero, varios académicos uruguayos, entre ellos el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, Rodrigo Arim; la socióloga Carmen Midaglia y académicos que trabajan en organismos internacionales en Uruguay fueron invitados a participar del capítulo del Diálogo Social de la semana próxima. Incluso algunos de ellos comenzaron a preparar materiales a tales efectos. Pero la semana pasada, ante la consulta sobre si estaba confirmada su participación, se les comunicó que no expondrían.

En 2006, no hubiéramos conocido la afición por los pájaros de Pedro Bordaberry, ni hubiéramos accedido a la documentación sobre la escolaridad del vicepresidente de la República al mismo tiempo que los grandes medios. Tampoco hubiéramos asistido a un acto del Frente Amplio (FA) en el que cantara Pa'ntrar en calor y no alguna murga, ni hubiéramos visto a un candidato defender el voto desideologizado por televisión. Pero hubiéramos llenado varias cuadras o el Palacio Peñarol en un acto político, y hubiéramos podido prever la conformación de dos bloques ideológicos en el país. Porque diez años es mucho tiempo, pero tampoco tanto.

La ley de presupuesto del año 2015 amplió los cometidos y el nombre de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Ahora, la secretaría encabezada por Carlos Díaz deberá controlar al sector no financiero, una potestad que antes correspondía a la Auditoría Interna de la Nación, pero que ésta no ejercía efectivamente, afirmó Díaz. El jerarca adelantó que la secretaría propondrá establecer el delito fiscal como delito precedente al lavado de activos, y que es favorable a prohibir que sociedades anónimas sean accionistas de otras sociedades anónimas locales, ya que éste es el mecanismo que habilita en mayor medida el lavado de activos en Uruguay.

El gobierno de Tabaré Vázquez pasará del discurso sobre la necesidad de “flexibilidad” en el Mercosur a la acción. El canciller Rodolfo Nin Novoa confirmó a la diaria que Uruguay propondrá en el bloque “modernizar” la decisión 32/00, que establece el compromiso de los países de “negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona en los cuales se otorguen preferencias arancelarias”.

En algún momento del largo proceso judicial que inició Philip Morris contra Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), las autoridades del gobierno, juristas y testigos que participaron en las audiencias empezaron a percibir cambios en un proceso que no pintaba nada bien para Uruguay.

Los informes del oficialismo y la oposición en la comisión investigadora parlamentaria sobre ANCAP llegaron, a partir de la misma información, a conclusiones diametralmente opuestas. Para la bancada del Frente Amplio, que contó con la presencia de referentes de todos los sectores en la presentación de las conclusiones de sus legisladores, no pudo probarse la existencia de ilicitudes ni de irregularidades.

Un comienzo pletórico de citas del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, la referencia a la construcción de una “especie de novela periodística” sobre el tema, denuncias sobre argumentos falsos y la anunciada conclusión de que no se pudo probar la existencia de irregularidades ni ilícitos en el seno de la comisión investigadora sobre la situación de ANCAP. Todo esto y bastante más integra el informe que el Frente Amplio logró consensuar el fin de semana y que presentará hoy ante la secretaría del Senado. El Partido Nacional y el Partido Independiente enviarán antecedentes sobre varios hechos a la Justicia penal, y el Partido Colorado anunciará hoy su posición en conferencia de prensa.