“En el Frente Amplio [FA] nos preocupa que hay una lógica desde el oficialismo de paralización del Parlamento”, afirmó a la diaria Charles Carrera, senador de esa fuerza política. “El Parlamento no ha actuado”, recalcó. El senador puso como ejemplo que en la Comisión de Constitución y Legislación, en la que se ha desempeñado como presidente, “hemos pasado prácticamente un año discutiendo leyes en que no hay acuerdo”: los proyectos relacionados con la tenencia compartida del Partido Nacional (PN) y Cabildo Abierto (CA) y el de prisión domiciliaria para personas privadas de libertad mayores de 65 años, promovido por CA.

En el período transcurrido desde la asunción del nuevo gobierno, la oposición ha tenido “dificultades” y “atrasos” en las respuestas de pedidos de informes que, según Carrera, desembocaron en que tuvieran que recurrir a pedidos de acceso a la información pública y hasta a la propia Justicia. Pero más allá de este punto, para el senador la “lógica de paralización” no sólo se relaciona con que “no hay una producción legislativa, leyes importantes que se hayan votado en este período”, sino que hasta el 27 de marzo, día en que se llevará a cabo el referéndum que decidirá si 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) serán o no derogados, el recinto no tratará “temas políticos, económicos y complejos”. “No quieren poner esos temas que parten aguas en la sociedad”, resumió.

Según las distintas fuentes del oficialismo consultadas, lo que es seguro es que hasta esa fecha el foco estará en la consulta ciudadana. “Somos bastante escépticos sobre el Parlamento en los últimos dos años, prácticamente no ha funcionado, y también lo somos sobre que esto cambie”, señaló, por otro lado, el diputado del FA Daniel Caggiani.

Recientemente, César Vega, diputado por el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), había efectuado un análisis similar al de los frenteamplistas. Sobre la actuación parlamentaria durante 2021 en particular, dijo a la diaria: “Fue dormir la siesta”. El legislador anunciaba, además, que durante 2022 ya no presentará nuevos proyectos de ley, sino que aguardará la aprobación de los tres elevados al Parlamento por el PERI.

En concreto, según datos del Poder Legislativo recogidos por El Observador, en los primeros dos años de gobierno se promulgaron 157 leyes por el Poder Ejecutivo. De estas, ninguna fue impulsada por CA. De hecho, ese partido presentó 30 proyectos, pero hasta el momento no ha prosperado ninguno.

En los últimos días, el mismo medio publicó que apenas se retome la actividad legislativa Guido Manini Ríos, el líder del partido, elevará un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de que las concesiones o exoneraciones tributarias que el Estado proponga en tiempos mayores a un período de gobierno necesiten del visto bueno parlamentario. Asimismo, el semanario Búsqueda informó que CA presentará otro proyecto, puntualmente sobre la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en los organismos estatales y en los centros de la Administración Nacional de Educación Pública. Por otro lado, la diaria daba cuenta del proyecto de “IVA personalizado”, que el diputado cabildante Álvaro Perrone manifestaba como otra de las iniciativas con las que se insistirá en el período entrante.

Pero ¿cuáles serán los proyectos de ley prioritarios en 2022, tanto para CA como para el resto de los partidos? A casi un mes de que el Parlamento vuelva a su funcionamiento cotidiano y comience un nuevo período legislativo, la diaria dialogó con coordinadores de bancada y legisladores de cada fuerza política para acercarse a los puntos cuya aprobación visualizan como fundamental.

Los proyectos de CA

Los cabildantes parecen tener un horizonte amplio, pero claro. Raúl Lozano, senador por CA, hizo hincapié en cuatro proyectos de ley a los que le sumó el de tenencia compartida y el de prisión domiciliaria, que estuvieron en la agenda hasta la última instancia del período legislativo precedente. En primer lugar, remarcó el proyecto “de las deudas de las personas físicas o llamado como ley de usura”. Para Lozano es una iniciativa “muy importante”, porque “hay muchísimos uruguayos que están afectados debido a que se les están cobrando sus deudas de forma usurera”.

“Este es un problema que pensamos que en cualquier momento va a estallar, más que por la crisis, por el abuso que han hecho estas entidades financieras con los altísimos intereses que han cobrado”, dijo, por su parte, el senador cabildante Guillermo Domenech, quien también catalogó a este proyecto como uno de los prioritarios. Domenech aseguró, además, que insistirán para que el proyecto de tenencia compartida sea promovido, y finalizó con el proyecto que elevará Manini Ríos, que en resumidas cuentas trata de que “el Poder Ejecutivo no pueda celebrar contratos cuya ejecución signifique más de un período gubernamental sin venia del Senado” y que surge, según contó, de la “reflexión” sobre los contratos con UPM y Katoen Natie.

Por otro lado, Lozano hizo hincapié en el ciberdelito. “Ya es una realidad y debemos adaptar la legislación a estos tiempos. Muchos están siendo estafados y hemos recibido denuncias”, dijo. A su vez, puntualizó en las zonas fronterizas del país, abarcadas a través de un proyecto de ley que pretende una “reactivación económica y mayores fuentes laborales en los pequeños y medianos comercios que están cerca de la frontera”. Por último, mencionó la necesidad de reestructurar la tributación de la situación fiscal, ya que considera que “el sistema tributario hoy se recarga en muchos y en otros, sobre los más débiles”.

“Hemos presentado muchos más [proyectos de ley], pero pensamos que estos tienen que aprobarse en 2022”, aseguró. Al mismo tiempo, afirmó que serán “flexibles a negociar en cuanto a los distintos aspectos”, siempre y cuando no “se pierda la esencia o el espíritu del proyecto”.

Las prioridades del PN, el PC y el PI

Para el PN hay dos proyectos propios que, por lo pronto, están primeros en la lista, según dijo a la diaria el senador nacionalista Gustavo Penadés: la ley de medios, “que nos interesa y mucho que salga en los primeros meses de este año”, y el proyecto de ley que regulariza las apuestas y los casinos en línea. “Tendrán prioridad en la agenda legislativa del PN porque además son prioridad para el Poder Ejecutivo”, afirmó. Aun así, comentó que la semana próxima se comunicará con cada parlamentario nacionalista para que le envíe un listado de “los tres principales proyectos que le interesaría promover en este período y ahí haremos una agenda para conversar con los socios de la coalición”.

Sin perjuicio de ambas iniciativas, Penadés mencionó otras que, si bien no son prioridad del PN, “están en la agenda parlamentaria”. En ese marco, lo “más importante” será la discusión acerca de la Rendición de Cuentas. Asimismo, también mencionó el proyecto de tenencia compartida y la ley de eutanasia.

Pero “por un tema pragmático, el período legislativo parlamentario intenso empezará después del 27 de marzo. Hasta entonces la prioridad la tendrá el referéndum”, aseguró. De todas formas, Penadés proyecta un “intenso año parlamentario, en el que fundamentalmente queremos darle una impronta parlamentaria de iniciativa de los legisladores”.

Desde el Partido Colorado (PC) también se hizo énfasis en el proyecto de ley para la habilitación de la eutanasia en determinados casos. “Es de los proyectos más importantes”, afirmó el diputado colorado Felipe Schipani. Su impulsor, el diputado colorado Ope Pasquet, dijo que se buscará negociar con la oposición para buscar “ponernos de acuerdo para que sea un proyecto común”, en referencia a una iniciativa similar que presentó el FA.

En la misma línea, se refirió al proyecto que presentará CA sobre la prohibición del lenguaje inclusivo, ya que en 2020 elevó uno relacionado –que aún no ha sido tratado– para que “la enseñanza del idioma español sea como idioma oficial del país en las oficinas públicas”. Si bien aún no leyó en detalle la propuesta cabildante, consideró que, “naturalmente, conversaremos todos los interesados”.

Iván Posada, diputado por el Partido Independiente (PI), puntualizó en dos proyectos “centrales, más allá de la Rendición de Cuentas”, que involucran acuerdos a nivel de la coalición: “Estamos trabajando en la idea de un proyecto sobre el tema de la usura; eso supongo que con posterioridad al referéndum es uno de los temas que se abordarán en la Comisión de Hacienda, y por otro lado supongo que se abordará el proyecto del Poder Ejecutivo sobre la reforma de la seguridad social”.

Si bien aseguró que desde el PI se está trabajando en algunos proyectos de ley a presentar, no consideró oportuno “adelantar antes de concretar el planteamiento”. Aun así, Posada espera que el proyecto presentado en el período pasado para que las elecciones del Banco de Previsión Social, la Universidad de la República y la Administración Nacional de Educación Pública dejen de ser obligatorias “tenga su tratamiento” en el correr de 2022.

FA: expectativas “casi nulas” y algunos proyectos a rescatar

“Nuestra expectativa es muy baja, casi nula”, admitió Caggiani. “Nosotros hemos presentado más de 80 propuestas, básicamente orientadas a atender la emergencia sanitaria, económica y social, pero salvo uno no hay ninguno” que haya prosperado, continuó. Para Caggiani, la falta de aprobación se relaciona con que tampoco “ha habido impulso del oficialismo para que se apruebe algún proyecto, salvo algunos que ha mandado el Poder Ejecutivo”.

A pesar de este marco, el diputado delineó los ejes prioritarios para el FA en este nuevo período legislativo, que, lejos de ser nuevos, ya fueron presentados en estos dos años y los piensan desempolvar: “El empleo, la reactivación económica y sobre todo lo relativo al comercio de frontera y la transparencia del Estado”, vinculados con la generación de empleo como motivo “central” y una “especial atención” a los proyectos vinculados con “los comercios de cercanía en los barrios de Montevideo, para que no sean absorbidos”. En sintonía con ambos puntos, se refirió a la necesidad de incentivar empleos en las pequeñas y medianas empresas, “que son el entramado más grande”.

Por otro lado, remarcó la “posible pérdida de formalidad” en los servicios públicos como OSE y UTE y que, por ende, es de importancia legislar para evitarlo, ya que “es muy difícil después de que se cae en la informalidad que luego se vuelva a tener algo acorde”. Por último, se detuvo en las modificaciones al sistema de garantías de alquiler.

Carrera, concretamente, señaló dos proyectos en particular: la ley de reformas procesales al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que “busca acelerar los procesos”, y el proyecto presentado por el Movimiento de Participación Popular, sector al que pertenece, de defensa de la industria nacional y los comercios de cercanía. Según el senador, lo tratarán de promover e incentivar para “defender la pequeña industria, los pequeños comercios, estableciendo plazos de pago. Hoy cuando un pequeño productor le vende a una gran superficie industrial no tiene un plazo estipulado para cobrar su trabajo”, explicó.