En noviembre de 2019, antes de la segunda vuelta, los cinco partidos de la coalición de gobierno firmaron el “Compromiso por el país”. En el documento programático se anuncian decenas y decenas de acciones, desde “disminuir el déficit fiscal” y “defender el poder de compra del salario” hasta “trabajar por una flexibilización de las reglas del Mercosur”. A mitad del mandato, presentamos aquí la primera de dos notas que repasan algunas de las “grandes líneas estratégicas” trazadas por los integrantes de la coalición.

Economía

Capítulo 11. Defender el poder de compra del salario y, en particular, de los salarios más sumergidos

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en lo que va del actual período de gobierno el salario real de los trabajadores del sector privado acumula una caída de 5,8% con relación a 2019. En el sector público el poder adquisitivo registra un deterioro de 3,4% en comparación a 2019. En agosto, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT contabilizó 28 meses de pérdida salarial.

Capítulo 1. Disminuir el déficit fiscal como condición para reducir el ritmo de endeudamiento y la presión sobre el tipo de cambio

El déficit fiscal en 2019 fue de 4,8% del producto interno bruto (PIB). Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) consignados en el proyecto de Rendición de Cuentas, en 2020 el déficit fiscal subió a 5,9%, tras la expansión del gasto público a causa de la emergencia sanitaria. Un año después bajó a 4,1%. Así, el gobierno sobrecumplió su meta de finalizar el año con un déficit fiscal de 4,9%.

Tanto el Frente Amplio (FA) como el PIT-CNT han señalado y cuestionado que la reducción del gasto público se hizo a través de la reducción en términos reales de las jubilaciones y los salarios públicos.

En cuanto al ritmo de endeudamiento, las cifras oficiales muestran que la deuda bruta del gobierno central fue de 59,9% del PIB en 2021; esto es, 1,6 puntos porcentuales menos que en 2020, cuando se situó en 61,5%. Sin embargo, el proyecto presupuestal menciona que “los datos preliminares más recientes indican que, a marzo de 2022, la deuda bruta ascendía a 62,3% del PIB”.

Capítulo 1. Diseñar y poner progresivamente en funcionamiento una regla fiscal de balance estructural

La ley de urgente consideración (LUC), aprobada en julio de 2020, impulsó la creación de una “regla fiscal” para garantizar “la sostenibilidad de las finanzas públicas”, marcando “un tope indicativo de incremento anual del gasto real vinculado al crecimiento potencial de la economía”. Esto se reglamentó a través de un decreto en setiembre de 2021.

Capítulo 9. En la medida en que el estado de las finanzas públicas lo permita, considerar una eliminación gradual del impuesto a la asistencia de la seguridad social (IASS)

“Tenemos el firme compromiso de cumplir con lo pactado en el ‘Compromiso por el país’, de obtenerse resultados satisfactorios en la economía, de reducir el IASS”, dijo Lacalle Pou en marzo en el Parlamento y se ganó los aplausos de los presentes. La economía nacional creció 4,4% en 2021 y se estima un crecimiento de 4,8% en 2022. En el marco de la Rendición de Cuentas, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, expresó que “ese compromiso sigue estando vigente”, aunque puntualizó que hay esperar a que “efectivamente se dé el crecimiento de este año para llevar adelante esa decisión”.

Capítulo 4. Utilizar los ahorros generados mediante el mejoramiento de la eficiencia del sector público en la reducción de tarifas, prioritariamente las de combustibles y electricidad

Pese a la reducción del déficit fiscal registrada en 2021, en lo que va del año el precio de la nafta subió 10,61%, y el del gasoil, 30,13%. A su vez, la tarifa de energía eléctrica aumentó 3,5% a principios de año. UTE destacó en su momento que el incremento “se ubica en el entorno del 50% de la inflación proyectada”.

Seguridad social

Capítulo 9. Iniciar un proceso que conduzca a una reforma de la seguridad social con sólida base técnica y amplio apoyo político

El proceso de reforma de la seguridad social comenzó a mediados de 2020 con la LUC, que dispuso la creación de una comisión de expertos para delinear recomendaciones para una reforma del sistema previsional. Semanas atrás, Lacalle Pou entregó personalmente el anteproyecto de la reforma a los partidos políticos. Se espera que el documento ingrese al Parlamento en setiembre.

Capítulo 9. Dar prioridad a la primera infancia, como etapa decisiva de la formación de la persona y como momento en el que se juega buena parte de la igualdad de oportunidades

En el proyecto de Rendición de Cuentas del año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas incluyó 50 millones de dólares como recursos adicionales para la primera infancia. Según datos del INE, la pobreza infantil aumentó durante estos dos años y medio de gobierno de coalición en comparación a 2019. En los menores de seis años de edad subió de 17% en 2019 a 18,6% en 2021; en los menores de seis a 12 años de edad, creció de 16,5% a 19,4%.

Estado

Capítulo 2. Fortalecer la Junta de Transparencia y Ética Pública [Jutep], dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea

Actualmente, la Jutep tiene una plantilla de diez funcionarios, cinco menos desde que asumió el gobierno de coalición. Semanas atrás, la diaria informó que se estima una caída de 16,6% en la ejecución del gasto de 2019 a 2021 y en la asignación presupuestal para este organismo. Para la representante del FA en el organismo, Ana Ferraris, la Jutep “ha sufrido un deterioro, sobre todo, en los dos últimos años”.

Política Exterior

Capítulo 5. Trabajar por una flexibilización de las reglas del Mercosur relativas a la búsqueda de otros acuerdos comerciales por parte de los estados miembros

Con el tratado de libre comercio (TLC) con China en el horizonte, el gobierno uruguayo ha propuesto no pocas veces la flexibilización del bloque regional. Hasta ahora la iniciativa ha sido rechazada por Argentina y Paraguay. En cierto modo, Brasil ha compartido la postura uruguaya de introducir algunos cambios a la normativa. Estas diferencias se reflejaron en la última cumbre del Mercosur, cuya declaración final no fue firmada por Uruguay.

Capítulo 5. Desarrollar una política de fronteras que responda a desequilibrios de corto y mediano plazo

En diálogo con la diaria, el intendente de Salto, el frenteamplista Andrés Lima, estimó días atrás una diferencia de precios de 186% entre Uruguay y Argentina. A su vez, el intendente de Río Negro, el nacionalista Omar Lafluf, afirmó que cualquier medida que se tome “nunca va a llegar a emparejar esa brutal diferencia”, tal como le comentó en una reunión Lacalle Pou. No obstante, se han aplicado medidas para mejorar la competitividad, por ejemplo, el descuento del Imesi en las estaciones de servicio cerca de la frontera con Argentina.

Trabajo

Capítulo 11. Levantamiento de las observaciones efectuadas por la Organización Internacional del Trabajo [OIT] a la ley de negociación colectiva

El Poder Ejecutivo envió en mayo un proyecto de ley al Parlamento para reformar la ley de negociación colectiva y así levantar las observaciones realizadas en 2010 por la OIT, tras las quejas presentadas por el empresariado uruguayo. En su momento, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, expresó que en el gobierno había “expectativa de que se apruebe a la brevedad”. Por ahora, el proyecto de ley sigue en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la cámara baja. El PIT-CNT ya manifestó su “rechazo contundente” al contenido del proyecto.

Ambiente

Capítulo 13. Crear un Ministerio de Medio Ambiente

A mediados de 2020, la LUC creó el Ministerio de Ambiente a partir del traspaso de organismos bajo la órbita del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Según datos del Presupuesto Nacional consignados por los trabajadores de la cartera, Ambiente es el ministerio con menos recursos asignados: 0,06%.