“Si hoy no hay acuerdo, se termina todo”, adelantaba el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, en una entrevista en En perspectiva, de Radiomundo, horas antes de la sesión de la comisión especial convocada este viernes para votar el proyecto de ley de la reforma de seguridad social. La advertencia del legislador surtió efecto y los legisladores acordaron un cuarto intermedio hasta el 10 de abril para seguir negociando.

No es la primera vez que CA ha cinchado del hilo que une a la coalición oficialista. Sin embargo, en esta oportunidad, a diferencia de otras, se trata de uno de los proyectos clave para el gobierno de Luis Lacalle Pou, y las referencias sobre un eventual quiebre del acuerdo entre los partidos coaligados aparecieron con insistencia en declaraciones de los legisladores del oficialismo durante estas semanas.

También se ha manejado por parte de algunos dirigentes del oficialismo la idea de que CA estaría buscando en contrapartida que se aprueben algunos proyectos de ley que ha presentado, como el de la prisión domiciliaria para mayores de 65 años. En febrero, el senador Guillermo Domenech adelantó que su partido insistiría en darle trámite porque cuando fue presentado generó algunas dudas en el Partido Nacional (PN), que planteó subir a 70 la edad para acceder al beneficio y de hecho elaboró un anteproyecto, pero su tratamiento continúa trancado por el momento.

Otra iniciativa que CA impulsó y que ha generado rispideces en la coalición es la reestructura de deudas de personas físicas. En los últimos meses del año pasado, el partido liderado por Manini Ríos logró que el proyecto se aprobara en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado por unanimidad, pero una vez que llegó al plenario, la mayoría de los senadores del PN manifestaron sus reparos y el proyecto volvió a comisión.

Las tensiones en este caso se hicieron explícitas y Manini Ríos sostuvo que si no se terminaba aprobando iban a impulsar un plebiscito de reforma constitucional. Domenech, por su parte, criticó al equipo económico y advirtió, en diálogo con la diaria, que en este y otros temas había “un quietismo que preocupa”. Ese cuestionamiento ya lo había esbozado Manini Ríos, cuando sostuvo en 2021 que veía “cierta ortodoxia” en el equipo económico respecto del déficit fiscal, lo que implicaba que no se ayudara a los más golpeados por la crisis, en referencia a las pequeñas y medianas empresas.

Este año, en la primera sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, el Frente Amplio [FA] presentó una iniciativa en línea con la que presentó CA, y los legisladores de esa colectividad adelantaron que lo veían con buenos ojos. En una sesión siguiente, la senadora nacionalista Graciela Bianchi remarcó que para su fuerza política también era una “prioridad” el tema y adelantó que el Poder Ejecutivo estaba trabajando para enviar un proyecto al Parlamento.

La posibilidad de votar en conjunto con el FA ya había sido explorada en el caso de la ley forestal, que fue impulsada y aprobada en el Parlamento en diciembre de 2021 con los votos de ambos partidos, pero luego recibió el veto de Lacalle Pou.

También CA se desmarcó de la coalición en torno al proyecto para sustituir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una iniciativa que el gobierno definió como una prioridad durante el primer año de gobierno, pero que desde entonces no ha podido aprobar.