Amnistía Internacional (AI) publicó este miércoles su informe anual “La situación de los derechos humanos en el mundo”, que presenta un análisis de los retos cruciales en materia de derechos humanos en 155 países durante 2023, incluido Uruguay.

El capítulo ampliado del país incluye información acerca de la situación en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública, las “condiciones inhumanas de reclusión” en cárceles y la “impunidad” de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado reciente; todos temas sobre los que la organización había advertido en su informe de 2023.

Además, el capítulo ampliado sobre Uruguay contiene un apartado dedicado al estado de los derechos de las mujeres y las niñas, otro al derecho a la salud y uno más sobre el derecho al agua.

En primer lugar, en la información general sobre el país, AI hace referencia al caso del exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano y el espionaje sobre los senadores del Frente Amplio Mario Bergara y Charles Carrera, que “suscitó preocupación con relación al uso indebido del aparato de seguridad del Estado”.

Asimismo, apunta que el gobierno “no adoptó medidas eficaces para abordar los delitos violentos, como evidenció el aumento del número de homicidios durante el año, según el Estudio Global sobre Homicidios de 2023 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”.

En materia de libertad de expresión, la organización plantea que persisten “las amenazas a la libertad de expresión de los medios de comunicación” y apunta que Uruguay volvió a descender en el ranking de Reporteros sin Fronteras sobre libertad de prensa, pasando del lugar 44, en 2022, al 52, al año siguiente.

Asimismo, AI recordó que entre el 1° de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022 se registraron 69 casos de amenazas a periodistas, de acuerdo a un informe del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo). Esta cifra descendió a 66 en el último informe de Cainfo con datos de abril de 2022 a marzo de 2023.

Por otra parte, AI afirma que las instituciones públicas “no aplicaron las políticas de transparencia y acceso a la información” contempladas en la Ley 18.381 sobre el acceso a la información pública, y menciona que, según datos de Cainfo, hubo 24 episodios “que demostraban un deterioro en la aplicación de las normas de transparencia pasiva en el país”. Para la organización internacional, esto fue “especialmente evidente” durante la emergencia hídrica en Montevideo y zona metropolitana, “período en el que las autoridades obstaculizaron el acceso a la información sobre la gestión y la calidad del agua potable y su efecto en la salud humana”.

Sobre la situación del sistema penitenciario, el documento sostiene que “cifras de encarcelamiento sin precedentes provocaron hacinamiento y unas condiciones penitenciarias inhumanas”. En ese sentido, la organización señala que la cantidad de personas privadas de libertad sigue en aumento “de forma constante” y el año pasado había alrededor de 15.400 personas en cárceles, de acuerdo a datos del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario. De ese total, 1.167 eran mujeres, “lo que supone un incremento del 6,9% del número de reclusas con respecto a 2022”.

A su vez, la organización advierte sobre las consecuencias del deterioro de las condiciones de reclusión en la calidad de vida de las personas y señala que “en 2023 se registraron 17 asesinatos” de personas privadas de libertad bajo custodia.

En otro punto, AI sostiene que en Uruguay persiste “la impunidad por las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad” cometidos durante la última dictadura. No obstante, destaca que en 2023 se dictaron “18 sentencias condenatorias contra miembros del Ejército y la Policía, retirados o en actividad, por actos de tortura, secuestro y asesinato ocurridos en ese período”.

El informe también menciona el hallazgo de restos óseos en el Batallón de Infantería 14, ubicado en Toledo, Canelones, que, si bien se sabe que pertenecen a una mujer, aún no se ha identificado su identidad.

“Un país hostil” para mujeres y niñas

En el apartado sobre derechos de mujeres y niñas, AI subraya que Uruguay sigue siendo “un país hostil” para las niñas y las mujeres, y subraya los 21 femicidios y el asesinato de nueve niñas registrados en 2023. Entre ellas, la organización menciona el caso de Valentina Cancela, la joven de 17 años asesinada por su exnovio, de la misma edad, en agosto de 2023 en Maldonado.

“El gobierno no implementó completamente la Ley 19.580 sobre la violencia de género contra las mujeres, ni asignó fondos para crear juzgados especializados en ese tipo de casos”, resalta el informe.

En términos de derechos sexuales y reproductivos, la organización asegura que, pese a los “avances” registrados, aún persisten “obstáculos a la implementación de las políticas públicas de prevención, atención y reparación de las consecuencias de los embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años”. En esa línea, sostiene que, según la Administración de los Servicios de Salud del Estado, entre mayo de 2021 y abril de 2023 se registraron 119 embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años. AI ha advertido a Uruguay sobre este tema en reiteradas oportunidades desde 2021.

Por otra parte, sobre el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la organización sostiene que “no proporciona servicios adecuados para su población objetivo (niñas y niños menores de tres años, personas con discapacidad y personas adultas mayores en situación de dependencia)”. Al respecto, añade que esta situación afecta “de forma directa” la vida de las mujeres, que son responsables de la mayoría del trabajo de cuidados no remunerado. “En suma, el sistema de garantías de los derechos de Uruguay siguió mostrando síntomas de debilitamiento”, enfatiza la organización.

En el derecho a la salud, la organización plantea que persisten los “obstáculos” para acceder a los servicios públicos de salud mental “debido a la insuficiente disponibilidad de citas en un contexto de aumento de la demanda a nivel nacional”. AI llama la atención sobre la cantidad de suicidios registrados en el país: 823 en 2022, lo que representa “una tasa de 23,2 suicidios por 100.000 habitantes, más del doble que en el resto de América Latina”. En 2023 hubo 754 suicidios, 64 menos que en 2022 y cuatro menos que en 2021, según datos preliminares del Ministerio de Salud Pública.

Por último, AI hace referencia al derecho al agua después de la crisis hídrica que atravesó el país, que provocó escasez de agua apta para el consumo en Montevideo y el área metropolitana. “Se denunció la dificultad para acceder a información clara y precisa sobre la gestión de la crisis y la calidad del agua potable”, sostiene la organización, y recuerda que en julio de 2023 el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos “instaron al gobierno a que priorizara el agua para el consumo humano”.

“Según el organismo Obras Sanitarias del Estado y la información proporcionada por la Facultad de Química de la Universidad de la República, el considerable aumento de los niveles de salinidad llevaba tiempo afectando la calidad del agua potable que consumía más del 60% de la población, especialmente los grupos más vulnerables”, afirma AI.