Actividad económica

Tras la decisión de elevar los aranceles de importación de 100 productos, Brasil inició una ronda de consultas con los socios del Mercosur, que podrán expedirse hasta el 25 de setiembre. El aumento impositivo de hasta 25% recaerá sobre industrias como las metalúrgica, plástica y química; sin embargo, no “afectará” las exportaciones uruguayas al país norteño, aseguró a la diaria el director nacional de Industrias del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Sebastián Torres.

Lo cierto es que la crisis mundial que explotó en 2008 en EEUU -y sus efectos hasta hoy- lograron suavizar el impulso expansivo de China. Si esto resulta a la larga positivo para el líder emergente al dejarlo en un terreno positivo de +7,5% anual del PIB con mínimo riesgo de explosión, las ahora ciudades fantasma construidas durante 15 años de auge inmobiliario recordarán al país hasta dónde puede crecer, basado en proyecciones cuya verificación también depende del curso internacional.

El ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Fernando Pimentel, se comprometió a invitar a empresas de su país a participar en la construcción del puerto de aguas profundas en Rocha. Fue en el marco de la reunión que mantuvo ayer en Montevideo con su par de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, en la que también avanzaron en la consolidación del Polo Industrial Naval que comenzará a operar en octubre, una vez que ambos países modifiquen la legislación.

La inversión extranjera directa (IED) captada por Uruguay se multiplicó por ocho durante la última década, reflejando la ubicación de la plaza “como un destino confiable y atractivo” para los buscadores globales de negocios rentables y seguros. En 2011, el país se posicionó como el segundo mayor receptor regional de IED/PIB detrás de Chile, según un informe sobre el tema elaborado por el Instituto Uruguay XXI.

“Se está conformando un escenario inédito que debemos mirar con mucha atención: se está transformando y trasladando el poder económico del norte (países industrializados) al sur”, afirmó en la inauguración del XXXIV período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) la secretaria ejecutiva de ese organismo de Naciones Unidas, Alicia Bárcena.

La Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop) solicitó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) participar en el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). Consultadas por la diaria, las gremiales que integran la dirección del organismo tienen posturas distintas frente al ingreso, mientras que Cudecoop decidió solicitar también la admisión al ámbito salarial tripartito.

En setiembre, unas 10.000 familias cobrarán los beneficios sociales con tarjetas de débito con las que descontarán 22% del IVA a sus compras. Es difícil estimar la cantidad de comercios minoristas habilitados para el cobro con dicha modalidad. El 13 de setiembre es la fecha fijada por la Administración Nacional de Correos para que los bancos emisores envíen las tarjetas a los beneficiarios de asignaciones familiares del Banco de Previsión Social y de la tarjeta Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo Social.

El mundo transita de un modelo económico basado en “la idea del capitalismo solidario” a un “nuevo capitalismo alentado por la codicia”, aseguró en Montevideo el titular de la Secretaría General Iberoa-mericana, Enrique Iglesias. La era de la industrialización como motor de crecimiento económico quedó relegada frente al sector financiero, y, “en un mundo que gasta más en publicidad que en educación”, hay 600 millones de jóvenes sin trabajo, analizó el experto uruguayo de origen español.

A un año de aprobarse la reforma del Código de Minería (ley 18.813), la Dirección Nacional de Minería y Geología presentó la publicación del texto (de 1982) actualizado y comentado por Alfredo Caputo. según el especialista la optimización del código se puede apreciar en el restablecimiento del equilibrio entre el Estado, la minería y los propietarios de los inmuebles rurales. Esto permite una mayor defensa del derecho del Estado y un mayor control y promoción de la actividad minera, generando así un equilibrio de intereses.