Nacional

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) extendió el plazo del llamado a asociaciones civiles sin fines de lucro interesadas en brindar el servicio de televisión digital comunitaria en Montevideo. Además, se flexibilizaron algunas condiciones exigidas en el formulario de inscripción, como la necesidad de indicar el proveedor de red y el tipo de infraestructura de transmisión.

En una sesión en la que la oposición acusó al oficialismo de secretismo, de mentir y de comportarse en forma “irresponsable”, la Cámara de Senadores aprobó ayer el informe en mayoría de la comisión preinvestigadora que desestimó convocar una investigadora parlamentaria por el tema Pluna y resolvió enviar los antecedentes del caso a la Justicia y a la Junta de Transparencia y Ética Pública. El senador colorado Ope Pasquet denunció que la Auditoría Interna de la Nación calificó como “confidencial” la información relativa a Pluna SA, por lo cual no podrá accederse a ella mediante la Ley de Acceso a la Información Pública.

Las cifras dicen y no dicen. El número 537 así, a secas, representa poco del drama que significó la decisión de suicidarse para cada persona y lo que genera en sus familiares y amigos. Dice más si pensamos que cada drama se multiplicó por más de 500 sólo en un año, o que entre ayer y hoy se están suicidando, en promedio, tres personas. Da una pauta, también, si observamos que Uruguay, junto con Cuba, tiene las tasas más altas de suicidio del continente: 16,7 cada 100.000 habitantes.

El presidente José Mujica pidió ayer a sus ministros “salir fuerte” a desmentir algunas afirmaciones falsas que están haciendo dirigentes de la oposición sobre Pluna. El vicepresidente Danilo Astori participó en el Consejo de Ministros pero evitó hacer consideraciones políticas sobre el tema. La Cámara de Diputados, en tanto, dio ayer sanción definitiva al proyecto que acelera la liquidación de Pluna SA, en un debate que se prolongó hasta la madrugada.

El consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) culminó ayer los trámites formales necesarios para iniciar el proceso de traspaso del edificio de Bulevar Artigas y Palmar, donde se instalará la sede del organismo que provisoriamente funciona en el anexo del Palacio Legislativo. En la tarde de ayer, el organismo recibió a representantes de la Asociación de Amigos y Amigas del Museo de la Memoria, quienes manifestaron su preocupación por el estado en que se encuentra el local, ya que recientemente fueron retirados el mobiliario, las moquettes y “hasta los portalámparas”.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) se encuentra en un proceso de reestructura y busca mejorar su funcionamiento para garantizar el ejercicio de derechos de los menores de edad en el país. El programa Familia Amiga surge como alternativa al sistema de cuidadores, que generó dificultades que tuvieron efectos contrarios a los objetivos iniciales. Por medio de estas propuestas se busca que los niños y adolescentes que no puedan vivir con su familia biológica lo hagan con otra temporalmente y no tengan que pasar por orfanatos, para contemplar su derecho a vivir en familia.

La reciente difusión de la manipulación frecuente por el banco inglés Barclays de las variables y ponderaciones para aplicar el valor de la tasa de interés de referencia interbancaria Libor recordó desde el sector financiero internacional que la salud económica global se relaciona directamente a la transparencia y los controles. O a su ausencia.

La Cámara de Diputados dará hoy sanción definitiva al proyecto que consolida el cierre de Pluna SA. El presidente José Mujica prefiere que el asunto se dirima en la Justicia. En tanto, según pudo saber la diaria, Presidencia evalúa pagar las deudas de ANCAP y el Banco República con el depósito de garantía del nuevo operador de las frecuencias que dejó Pluna.

Mientras el gobierno se dispone a comenzar un concurso para fomentar entre los organismos públicos “el desarrollo de una cultura de transparencia y rendición de cuentas como dos componentes esenciales de un gobierno democrático”, una consejera de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), que participa en el jurado de dicha instancia, renunció en marzo a su cargo. En diálogo con la diaria explicó que la falta de personal, de recursos y de potestades de la UAIP debilitan a este organismo en el cumplimiento de su tarea.