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Por la gran cantidad de acuerdos de libre comercio que Chile tiene firmados se busca que los exportadores uruguayos utilicen a la nación trasandina como plataforma para colocar sus productos en otros destinos. El Consejo Asesor Empresarial (Case) chileno-uruguayo explicó que en virtud de sus acuerdos, Chile cuenta con acceso a un mercado de casi 5.000 millones de habitantes, que involucra al 85% del Producto (PIB) y al 90% del comercio mundiales. El canciller uruguayo, Luis Almagro, subrayó la importancia del comercio con ese vecino regional.

Hace una semana, la comisión interpartidaria que acuerda políticas de Estado en el área de seguridad decidió que los servicios que trabajan con niños y adolescentes en privación de libertad dejen de depender del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). Si bien nadie pone en duda la situación crítica de estos centros, desde el Comité de Derechos del Niño-Uruguay y algunos expertos cuestionan que la discusión esté únicamente centrada en los aspectos de seguridad ciudadana y no bajo un enfoque de derechos humanos. El directorio del INAU aún no tiene una opinión oficial y su director dice que se prioriza “el proyecto” respecto de las formas.

La nueva etapa del relacionamiento entre Argentina y Uruguay comenzará en una semana, cuando se encuentren José Mujica y Cristina Fernández para analizar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y los pasos que tomará el gobierno argentino para que se levante el corte del puente General San Martín. Mientras, el veredicto sigue generando dos bibliotecas, incluso en esta orilla. El jurista Alberto Pérez Pérez señaló que el fallo es “ampliamente favorable” a Uruguay y el politólogo Jorge Lanzaro advirtió que no se debe restar importancia a las observaciones sobre el incumplimiento del Tratado del Río Uruguay.

Laura Raggio (19), Diana Maidanic (22) y Silvia Reyes (19) fueron asesinadas el 21 de abril de 1974 en una acción militar para detener a un militante del MLN. La causa fue archivada primero en 1988 y luego en 2007, las dos veces por estar amparada en la Ley de Caducidad, y desde 2008 se encuentra a estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Stella Reyes y Josefina Detta, hermana y amiga de las víctimas, reconstruyeron la historia en entrevista con la diaria.

El material, realizado por la abogada Susana Falca, es una compilación que actualiza el marco jurídico que consagra los derechos humanos de las personas con VIH. El tema más novedoso que introduce la autora es la descripción de nudos problemáticos respecto de la aplicación práctica de la normativa.

En momentos en que se aprecian ligeros cambios en la política exterior de Uruguay, que parece focalizarse en la región, desde el gobierno se asegura que la integración es parte de un proceso económico en que el propio mercado conduce a la asociatividad entre países, pero que, además, “existe la voluntad política” de hacerlo. El coordinador argentino del Grupo Integración Productiva del Mercosur, Hugo Varsky, subrayó la importancia que ello implica para el desarrollo productivo de las pequeñas y medianas empresas (pymes), y elogió el “liderazgo” regional en la materia del ministro uruguayo de Industria, Roberto Kreimerman.

Finalmente, la Unión Europea (UE) decidió poner 30.000.000.000 de euros a disposición de Grecia, lo que parece ser la primera señal clara de un posible financiamiento europeo al país heleno. En un primer momento la iniciativa llevó cierta calma a las cuentas griegas, ya que logró reducir los tipos de interés que el país debía pagar por emitir deuda en el mercado. Sin embargo, los mercados han vuelto a especular sobre el éxito de la ayuda y esta semana la desconfianza puso otra vez en máximos históricos las tasas de interés de los bonos griegos con vencimiento a 10 años.

Desde el punto de vista formal, la denuncia presentada por Argentina ante la Corte de La Haya no requería pronunciamientos acerca de los dos puntos cruciales en este largo conflicto: el impacto ambiental de la planta de UPM (ex Botnia) y el corte del puente General San Martín. La Corte debía dictaminar si el Estado uruguayo violó el Estatuto del Río Uruguay, y el fallo establece que sí lo hizo (aunque emplee, en vez de la palabra “violación”, otros términos menos tajantes). Pero ¿esto significa que Uruguay perdió? En realidad, no.

La Corte de La Haya dictaminó que Uruguay falló en los procedimientos pero no en el cuidado del ambiente, y que no corresponde la aplicación de sanciones ni la reubicación de la planta de UPM.