El problema radica en la existencia de las AFAP. Fue un instrumento fallido e ideológicamente sesgado. Con sana autocrítica, el FA debería reconocer que fue un error no revertir la esencia antisolidaria del nuevo sistema.
Se debería contemplar proporcionar ingresos para la sobrevivencia y hacer más abarcativa la condición republicana para todas las personas en nuestro territorio, consolidando una Renta Básica de Emergencia.
El decreto del 15 de octubre pone el foco en la facilitación de la represión. Por lo visto, tiene personal político y empresarial afín a sus posiciones, aunque las sustentan de la peor forma.
En adelante ninguna sentencia judicial podrá determinar la desocupación de un establecimiento, ya que la LUC impone que el decisor deba limitarse a compatibilizar los derechos.