El economista Julio de Brun fue presidente del Banco Central del Uruguay en 2002, durante el gobierno de Jorge Batlle. En 2006 asumió como director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Ejerció como tal hasta 2014, y en su último año de gestión concurrió a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para referirse al proyecto de ley de inclusión financiera. La iniciativa se empezó a discutir en el Parlamento ese año y terminó aprobándose en 2014.
El 4 de diciembre de 2013, De Brun habló sin medias tintas. Defendió la liberalización financiera, que permitió que los bancos tuvieran “la magnitud y penetración” de su época dorada, e identificó al “aumento de la regulación del sector, con los costos que ello implica”, como la causa de que los bancos no presten servicios bancarios a ciertos segmentos de la población.
“Entre tener una cartera de diez millones de dólares repartida en diez clientes de un millón cada uno, y tener una cartera de diez repartida entre un millón de clientes de diez dólares cada uno, resulta mucho más operativo para el banco la cartera concentrada en pocos clientes”, ilustró De Brun a los parlamentarios, según consta en la versión taquigráfica. Agregó que los altos costos de los bancos los han obligado a prestar servicios “de alto valor agregado”. “Quienes más aprecian esos servicios son, generalmente, los segmentos de población de ingreso medio y alto; entonces, ahí, naturalmente, se da un proceso de concentración”, indicó.
Si bien señaló que los bancos privados comparten el objetivo general del proceso de inclusión financiera impulsado por el gobierno, apuntó las críticas a la gratuidad de los servicios. Por ejemplo, a la obligación que se establece a los bancos de abrir cuentas gratuitas para el pago de sueldos. Alegó que estos tenían un importante número de cuentas para pago de salarios, por las que cobraban. Esas personas ya están “incluidas financieramente”, fundamentó De Brun, y consideró que sólo sería necesario subsidiar las cuentas a las personas más pobres —las que no están gravadas por el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas, planteó—. También propuso reducir el número de transferencias bancarias gratuitas de ocho, como establecía el proyecto de ley, a una o dos. Las sugerencias del ex presidente del Banco Central no fueron atendidas.
¿Beneficiados?
La semana pasada se anunció el respaldo de dirigentes de la oposición al plebiscito para establecer la no obligatoriedad del uso del efectivo en las transacciones. En medio de los argumentos que circularon, estuvo el de un presunto beneficio para los bancos gracias al proceso de inclusión financiera.
“No se puede obligar [a la gente] a generarle un público cautivo a los bancos, eso cuesta dinero”, cuestionó el senador nacionalista Luis Lacalle Pou el sábado. “No puede ser que por generar un negocio, que por generar una bancarización, obliguen a todos los uruguayos”, insistió el miércoles Lacalle Pou en su audición radial. “Es increíble que un gobierno progresista ate a la gente a los bancos”, opinó en tanto el senador Jorge Larrañaga, en declaraciones a El Observador, el martes.
¿Es negocio para los bancos la inclusión financiera? El aumento en la cantidad de clientes no admite una respuesta obvia, como lo advertía De Brun. En primer lugar, la actividad de los bancos en Uruguay dista de ser floreciente si se la compara en términos regionales. En su última comparecencia al Parlamento, el 29 de marzo, el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Jorge Ottavianelli, explicó la difícil situación que atraviesa la banca privada, que en algunos casos dio pérdidas en 2016. Según cifras de CPA Ferrere con base en datos del Banco Central, la banca privada pasó de tener una ganancia de 3.674 millones de pesos en 2015 a 187 millones en 2016. Además, cinco bancos dieron pérdida: Scotiabank, BBVA, HSBC, Heritage y BNA.
Ottavianelli atribuyó estos resultados a los altos costos salariales e impositivos de Uruguay, sumado a regulaciones como la ley de inclusión financiera y la ley de transparencia fiscal, por la que en el último trimestre de 2016 “se fueron de la banca 1.000 millones de dólares”. “Al día de hoy, la relación de costo e ingresos en la banca uruguaya es de 72%. Normalmente, en América Latina está por debajo de 50%”, señaló.
Bruno Gili, consultor de CPA Ferrere y asesor del sistema financiero, dijo a la diaria que antes de la política de transparencia fiscal los bancos hacían mucho negocio con la región, pero a partir de entonces, eso decayó, y los bancos buscaron diversificar su actividad. En 1998 había en Uruguay 22 bancos; hoy hay nueve.
Se produjo también un fenómeno de concentración de negocios. Según cifras de CPA Ferrere, en 2002 los cinco bancos más grandes concentraban 67% del negocio, y en 2013 concentraban 88%. La baja rentabilidad de los bancos privados en Uruguay, en comparación con la región, determinó en los últimos años procesos de fusiones de bancos, y también que incursionaran en otros negocios, como los créditos dirigidos a la población de menores ingresos. Scotiabank compró Pronto!, Santander compró Creditel, BBVA compró Así. El banco Itaú ya tenía OCA.
Es difícil discriminar los costos y beneficios que derivan del proceso de inclusión financiera, pero se pueden hacer algunas aproximaciones. En términos de costos, las propias autoridades de la Asociación de Bancos Privados han manejado cifras de las pérdidas. En su última comparecencia al Parlamento, Ottavianelli estimó en diez millones de dólares anuales lo que los bancos perdieron por las comisiones que cobraban de las cuentas de salarios. También perdieron dinero por la obligación de la ley de otorgar ocho transferencias gratuitas, un servicio por el cual antes los bancos cobraban, aunque esa pérdida no está estimada.
La única ganancia de los bancos en el proceso deriva del aumento en el número de clientes, que en el caso de los privados, fue de 100.000 cuentas nuevas (ver gráfico), lo que supone un incremento de las transacciones con tarjetas de débito. El uso de estas se multiplicó por 14 en tres años. El proceso de inclusión financiera implicó una reducción progresiva de los aranceles que los bancos cobran por las transacciones con tarjetas de débito, y actualmente se está en un porcentaje promedio cercano a 1,5%.
Diseño equilibrado
Martín Vallcorba, de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, explicó que en los últimos meses el volumen de transacciones con medios de pago electrónicos fue de 8.000 millones de pesos por mes. Esto supone que los bancos públicos y privados y las instituciones no financieras estarían ganando, por concepto de cobro de aranceles, aproximadamente 51 millones de dólares por año. De esta ganancia por cobro de aranceles, alrededor de 70% lo gana el Banco República (38 millones de dólares) y el restante 30% la banca privada (13 millones).
Vallcorba advirtió que a esta ganancia hay que restar los cobros por procesamiento de transacciones, vínculo con los comercios, y en definitiva, todos los costos de logística que las instituciones tienen que cubrir.
“¿Los bancos están teniendo mayores ingresos por uso de tarjeta de débito? Sí. Cobran una comisión por eso. Ahora, hay un montón de servicios por los cuales antes cobraban y ahora no, y además, atender con un estándar de calidad razonable todas las cuentas de salarios implica un desafío enorme. Por ejemplo, el Banco República, que es el principal proveedor de estos servicios, tuvo que multiplicar su call center para tener capacidad de atender y dar respuestas a las consultas y los problemas que los nuevos clientes le estaban trasladando. Esos son costos por los cuales el BROU no se puede resarcir, no se lo cobra al empleador ni al trabajador”, explicó Vallcorba.
Desde que comenzó el proceso de inclusión financiera se incorporaron 600.000 nuevas personas en cuentas bancarias o instrumentos de dinero electrónico emitidos por actores no bancarios. Pero esos clientes fueron sólo en proporción minoritaria hacia los bancos privados. La mitad se incorporaron mediante dinero electrónico emitido por RedPagos y Anda.
Vallcorba afirmó que el proceso tiene que lograr “un diseño equilibrado” para que los beneficios que se otorgan a la población “no generen oportunidades para que agentes privados se enriquezcan a partir de eso”, pero remarcó que con la inclusión financiera se beneficia a los sectores de menores ingresos. “Los pobres en Uruguay no es que no tomen créditos, esos sectores y familias se endeudan y tienen un nivel muy superior de endeudamiento en comparación con su ingreso. El problema es que se endeudan en pésimas condiciones, con tasas de interés muy elevadas”, señaló, y agregó que ahora se da a esa población la posibilidad de acceder a productos financieros a los que antes no accedían. “¿No interesa mejorar el acceso al crédito, cuando hoy acceden a un crédito en el que pagan más de 100% de tasa de interés anual, y se les da la posibilidad de tomar un crédito a 35%, sin restricciones?”, preguntó. Enfatizó que a eso debe apuntar, en términos financieros, una política de izquierda. “Si esto fuera tan negocio para los bancos, estarían contentos. Y no es así”, aseguró.