Soldador

Mesa se prepara para una de las mayores rondas de Consejos de Salarios desde que se reinstaló la negociación colectiva en el país, hace 12 años. En entrevista con la diaria dejó claras sus prioridades: atender el retraso en derechos de los trabajadores rurales, enriquecer la agenda de discusión, incorporando más cantidad de cláusulas por género, cuidados y capacitación profesional, y seguir avanzando sobre la discusión de productividad. También plantea la posibilidad de que las intendencias se sumen a la negociación en el sector público: “hay que cambiar la forma en que se relacionan los trabajadores municipales con los gobiernos departamentales”, afirma. El titular de Dinatra habló además de la situación de los trabajadores de la fábrica de pintura Sherwin-Williams y de la interpelación que esta retirada fugaz e imprevisible de las transnacionales produce en el Estado y en la dinámica del mercado laboral.

“Suerte en pila”

Estudiaste mecánica general, me imagino que hoy no seguís ejerciendo el oficio...

No, estuve ligado a la producción hasta 2004. Cuando vine a trabajar a Montevideo, de las primeras cosas que hice fue tornería y chapista y algo de soldadura, pero de hierro. En 2005, designado por el PIT-CNT, ya me integré al equipo de representación de los trabajadores en la Junta Nacional de Empleo, lo que me implicaba una dedicación total.

¿Cuánto le aporta tu trayectoria en el sindicalismo a tu tarea actual en cargos de gobierno?

Si algo te genera la tarea sindical es la capacidad de acuerdo, de desarrollo de la negociación, además del conocimiento personal de algunos actores del mundo del trabajo, aunque en este sentido, por suerte, los interlocutores han cambiado, se ha rejuvenecido el plantel.

En 2007 te integraste al equipo de Óscar de los Santos en la Intendencia de Maldonado...

Sí, y me sirvió para acercarme a otros temas, a otras formas de mirar algunas cuestiones que después repercuten en el mundo de trabajo. Es una muy buena capacitación.

¿Cómo fue la invitación?

Óscar tuvo una entrevista conmigo que duró unos diez minutos. Me comentó que estaba en una situación complicada y que pensaba que yo podía dar una mano. No se extendió mucho en las razones. Obviamente todos los frenteamplistas nos sentíamos comprometidos con su trayectoria; además, ya se veía la necesidad —por lo menos para mí— de que hubiera una renovación en la dirección del SUNCA y había un grupo de gente joven empujando mucho. Parecía absolutamente saludable que eso se produjera y yo ya me veía fuera del sindicato. Entonces junté esta necesidad política que me planteó Óscar con el compromiso que yo tenía respecto del éxito de esa gestión departamental. Obviamente que no conocía gran parte de los temas que toman los gobiernos departamentales y el conflicto que se me creó es que tenía que separarme de los vínculos sociales y familiares, casi todos en Montevideo, algo que resolví con facilidad gracias al apoyo de los compañeros y mi propia familia.

Si bien militaste en el Partido Comunista hasta el 91, ¿hoy te considerás afín a algún sector?

Pasé por varios intentos de formar partidos porque la diáspora de la crisis del partido es amplísima, y varias veces se me convocó, por diferentes circunstancias, no a reconstruir, sino a fundar nuevos agrupamientos. Tuve un recorrido medio salpicado en organizaciones que no conviene ni listar porque son unas cuantas, pero nunca puse en duda mi condición de frenteamplista. Hoy no participo de forma sistemática en ninguna organización, me considero un frenteamplista independiente.

Al inicio de este período, el ministro Ernesto Murro te convocó para la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior (Dinacoin) y hace dos meses asumiste en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). ¿Cómo fue esa transición?

Ya venía compartiendo algunas cosas puntuales con la Dinatra, porque cuando comenzó esta gestión del Ministerio establecimos algunos acuerdos mínimos para trasladar una parte de la negociación colectiva al interior del país, una cosa que en general no se hacía. En el interior se atendían consultas individuales y lo hacían pocas oficinas, que tienen mucha concentración de trabajadores, como la de Maldonado. La mayoría derivaba las audiencias colectivas a Montevideo y eso era una dificultad para las organizaciones del interior. De ahí hicimos un acuerdo que, con dificultades, está caminando. Además, sustituí a Juan durante una licencia por enfermedad relativamente corta; entonces no me resultó ajeno llegar, aunque una vez en el puesto la agenda se multiplica.

¿Te dejó algún consejo Castillo?

“Suerte en pila”, me dijo [risas]. No, nos conocemos desde hace muchos años y tenemos características personales distintas: él es mucho más hablador, más simpático, más entrador; yo tengo otro perfil. Capaz que una dosis mía le vendría bien a él y a mí una dosis suya.

Primeros días y prioridades

Naciste y creciste en Cardona y viviste años en Maldonado, ¿qué demandas invisibilizadas del interior pretendés atender desde la Dinatra?

Muchas. Un aspecto al que me gustaría dedicarle mayor esfuerzo es a los núcleos de trabajadores que todavía están lejos de las posibilidades que dio el marco de relaciones laborales que se estableció en 2005: libertades sindicales, derechos, seguridad e higiene en el trabajo. Y los que me preocupan más son los trabajadores rurales. Creo que hemos avanzado sustancialmente en la estructura de derechos básicos, como la regulación de la jornada de trabajo, pero además de las reglas y leyes, el cambio cultural está todavía pendiente. Es algo que no se modifica con un decreto o una ley, sino con un esfuerzo sostenido por parte del Estado. A la Dinatra llegan denuncias de relaciones laborales entre empresas o gerencias y trabajadores que parecen del siglo XVIII. En esos sectores las fronteras del deber ser de un funcionario público se trascienden; yo al menos no puedo ser equilibrado, porque son trabajadores que fueron abandonados por el Estado durante muchísimos años, entonces eso hay que compensarlo ahora con una presencia política. Hay mucho por hacer.

¿Por ejemplo?

En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se armó una Unidad Rural, que fue un intento de comunicación de todas las direcciones para integrar las políticas en este campo de actividad. Una de las cosas más notorias era la cantidad de accidentes de trabajo graves —y en algunos casos mortales— en el sector, que están invisibilizados en términos sociales. Se tiende a creer que la mayor cantidad de accidentes se dan en la construcción, justamente porque el SUNCA visibilizó ese problema; sin embargo, en el sector rural esos accidentes aparecen en los partes policiales, no se ubican en términos de relaciones laborales. Otra cosa es la formalización de los trabajadores, porque si bien es un sector en el que se avanzó, todavía están rezagados. En el último año tuvimos que decretar el ajuste salarial porque no hubo acuerdo; y no fue por exceso de demandas desde la plataforma de los trabajadores ni por una imposibilidad económica de las empresas, más bien llegamos al decreto por la falta de una cultura en términos de relaciones laborales.

¿A qué pensás que se debe el atraso?

A la cultura del sometimiento del trabajador rural, que tiene que aceptar lo que se disponga. Además, es uno de los trabajadores más aislados, no porque trabaja solo en una estancia, sino porque la posibilidad de comunicación con otros trabajadores es relativa y muy dificultosa. Las dificultades están atadas a las formas en que se organiza la producción: un contrato muy zafral por el que, si hay algo que no gusta, se desprenden rápidamente de los trabajadores. Una de las cosas sustantivas para atender esto es darles capacitación.

Si bien la informalidad es un fenómeno que afecta al interior del país con mayor profundidad, según el Instituto Nacional de Estadística casi 25% de los trabajadores no está registrado en la seguridad social. ¿Cómo se atiende esto a nivel nacional?

Se avanzó mucho, pero es una cosa que repunta apenas uno se distrae. Hablando de controles, la articulación entre la inspección del MTSS, la DGI [Dirección General Impositiva] y el BPS [Banco de Previsión Social] ha resultado muy positiva. Además, la modernización de las herramientas es relevante también. Por ejemplo, la unificación de planillas del MTSS con el BPS en un registro único: por un lado, las empresas se van a ver favorecidas en un solo trámite y, por otro, se van a corregir las diferencias que teníamos entre ambos registros. También se están cruzando datos que el Estado tiene, poniendo el foco en sectores con informalidad mayor. Creo que son resultados importantes que vamos a visibilizar sobre el final de esta gestión. Además de lo que viene haciendo el MTSS en el interior con pequeños comerciantes, desarrollando acciones que en algunos casos no son de sanción, sino de acompañamiento de otras políticas públicas para que esa gente se incorpore a la lógica del funcionamiento formal.

¿Cuál es la principal dificultad?

Hablando en particular de las pequeñas empresas y del escenario de formalización, parecería que hay un riesgo en la supervivencia en términos de costos. A pesar de que es correcta la convocatoria de que cuantos más paguemos impuestos, menos impuestos vamos a pagar, como no se sabe aún el momento en el que se va a dar el segundo paso, la gente se resiste mucho. Además, hay una idea, difícil de romper, de que los impuestos son altos, cuando en realidad el aporte patronal en Uruguay es el más bajo de la región y ha bajado sustantivamente en los últimos años. Hay todavía una informalidad producto del desconocimiento sobre los beneficios que tiene la formalidad.

En la actual coyuntura del mercado laboral está pasando que las transnacionales se van por directrices de sus casas matrices, como sucedió con la fábrica de pintura Sherwin-Williams. ¿Cómo ves ese fenómeno? ¿Qué mecanismo pensás que puede haber para suavizarlo?

Es preocupante. Además del impacto económico directo, el social y el cultural son absolutamente relevantes. En estos casos, además, el proceso de acceso a los créditos salariales y a la protección del seguro de paro es más largo. Lo que me imagino es un nuevo instrumento, que podría ser un fondo para sostener cierto financiamiento como de insolvencia patronal, que está en la agenda del Parlamento y del MTSS. Pero hay que ver cómo y cuándo, porque otro costado de este fenómeno es que no se trata de insolvencia patronal, sino de un cierre, determinado desde un lugar y que nos deja sin capacidad de negociar. Los actores que representan a los que toman esas decisiones son gerenciales, que, en algunos casos, también se quedan sin trabajo. Creo que este país, por su tamaño y características, va a requerir inversión extranjera permanentemente para el desarrollo de la actividad productiva, sobre todo para la actividad industrial. Esa inversión siempre va a estar dada por una lógica que se nos escapa, porque a veces lo que ocasiona un cierre es una caída de los valores de la bolsa o de los precios internacionales, en los que el Estado no tiene capacidad de incidir. Pero deberíamos pensar en algún mecanismo que implique que de la misma manera en que se generan determinadas condiciones favorables para la llegada de esa inversión, una eventual salida implique asumir determinadas responsabilidades. La responsabilidad no puede ser sólo del Estado.

Pero la mayoría de las veces, cuando una empresa anuncia que se va a ir, en realidad ya se fue. Entonces la negociación es como dialogar con fantasmas.

Sí, por eso creo que los mecanismos deberían ser dados antes, con el desarrollo de la inversión. Yo no tengo una fórmula mágica, tengo un problema arriba de la mesa, que, siendo muy coyuntural y puntual, tiene un impacto relevante, y por eso tenemos que minimizarlo, porque no podemos evitarlo.

En cuanto a la posibilidad de anticipar, el PIT-CNT propuso conformar una comisión que analice el historial de aquellas empresas internacionales que pretenden instalarse en el país. ¿Cómo tomás esa propuesta?

En principio no me parece mal. No sé si es posible construir una base de datos de tal magnitud, porque si a nosotros ya nos ha sido complejo realizar el seguimiento de empresas infractoras, imaginate un registro de empresas a nivel mundial.

No sería elaborar un registro, sino estudiar los casos puntuales.

No tengo la capacidad para discernir cuál sería el mejor instrumento. Hay ciertos capitales que hemos evitado que vengan —aquellos especulativos al extremo o de dudosa procedencia—, aunque haya gente a nivel político que todavía reclama que hicimos mal cuando emitimos normas de mayor transparencia del origen de capitales.

La más grande de las rondas

¿Qué te pareció la nota que el gobierno envío al presidente brasileño, Michel Temer, expresando su preocupación por la reforma laboral?

Estoy absolutamente a favor. En primer lugar, porque estamos en una región que tiene acuerdos comerciales que necesariamente tienen como destino su crecimiento en la participación en el comercio internacional y, si adentro de la región las formas de competencia van a estar dadas por el empobrecimiento de las relaciones laborales de la normativa aplicable al derecho de los trabajadores, estamos muy embromados. Entre otras cosas, porque este recorrido ya se hizo durante la década del 90 y fracasó en términos sociales, de empleo y de funcionamiento económico, y de capacidades de comercialización de nuestros productos y, por ende, de crecimiento de la actividad económica en todos los términos. Es más, si yo fuera empresario, estaría preocupado.

Sin embargo, hay algunos que se manifestaron como evaluando la posibilidad de replicar ciertos aspectos de la normativa.

Me parece absolutamente contrario a la noción de cómo las empresas se fortalecieron en el país. Los trabajadores avanzaron mucho en los últimos años, pero también las empresas. Algunos sectores de actividad en particular se vieron muy favorecidos en términos de la situación económica y social que el propio gobierno desarrolló, como la apertura de mercados internacionales y las peleas por colocar nuestros productos en el exterior del país. Creo que más que nada es un posicionamiento desde el punto de vista ideológico, porque no tiene ningún correlato con la realidad económica. No hay un costado de costos laborales.

¿Será que comenzó la preparación para la negociación de los Consejos de Salarios?

Creo que algunos tiros por elevación tienen que ver con eso. Es un mensaje que tiene varios destinatarios públicos: uno pueden ser las plataformas sindicales, otro los actores políticos para que se pongan a pensar si en Uruguay no se pueden flexibilizar las condiciones en las que el sistema funciona, y otro nosotros, como diciendo “¿vieron que teníamos razón cuando colocamos esa queja en la OIT [Organización Internacional del Trabajo]?”. Yo tengo que discrepar con la lógica de la reforma de Brasil, porque algunos extremos implican volver un tramo largo atrás en el tiempo en la discusión sobre los derechos laborales y, por otro lado, discrepar frontalmente con algunas expresiones en el campo nacional de que por ahí podría haber algún destino para nosotros. No será, por lo menos, durante este gobierno.

¿Cómo ves la ronda para el año que viene? Es una de las más grandes en la historia de la negociación colectiva.

Sí, es muy numerosa. La única equiparable debe ser la de 2005, cuando se restableció la negociación. Aquella era una ronda novedosa por la cantidad pero también porque la mayoría de los sectores hacía un primer recorrido en los Consejos de Salarios, entonces era todo a favor, porque ya el hecho de existir un marco de negociación colectiva era muy favorable. Esta es muy numerosa pero los actores ya han hecho su recorrido.

¿Cuáles son los principales desafíos?

Me parece muy desafiante la negociación colectiva en el sector público, porque vamos a tener una reedición de la discusión presupuestal. Me gustaría cerrar esa gestión con algún avance con las intendencias; necesitamos cambiar la forma en que se relacionan los trabajadores municipales con los gobiernos departamentales. Tenemos que romper la discrecionalidad de las autoridades departamentales para determinar salarios, condiciones de trabajo, carrera funcional y acceso a esta para ir a una lógica de negociación colectiva. Este también es un cambio más cultural que normativo, porque apenas uno rasca un poco encuentra una relación paternalista y caudillista de parte de la autoridad departamental, propia de otros tiempos del país, y que no responde a una lógica de modernización de relaciones laborales. El MTTS respeta la reivindicada autonomía de los gobiernos departamentales, pero también tiene mucho para aportar ahí.

Me da la impresión de que es un vínculo difícil de desarmar...

Hay gente que ha construido muros y hasta fortalezas.

¿Alguna zona en particular?

Tiene que ver mucho con la impronta del gobernante y con las culturas sociales. Para algunas sociedades, parecería lógico tener gobernantes con un perfil del tipo “resolveme las cosas y no me generes problemas, no me convoques a participar”. En algunos casos, las organizaciones sindicales también se han ido acomodando a esas circunstancias de discrecionalidad, porque les resuelve un problema con rapidez, mientras que en una lógica de negociación colectiva hay procesos que llevan más tiempo y que implican un esfuerzo sostenido.

¿Y en el sector privado cuáles son los desafíos?

Primero, en materia de asistencia, de infraestructura y recursos. Además, puede ser una buena oportunidad para avanzar en temas de capacitación profesional. Me gustaría que las cláusulas de género y de cuidados tengan una concreción mayor, que dejen de ser declarativas para avanzar en instrumentos concretos. Confío en que el propio MTSS, que todavía tiene un número bajo de profesionales, avance más en la formación de sus capacidades para asistir a la negociación y conciliar en los conflictos. Hay medios de comunicación que trasladan un mensaje erróneo, como que las medidas sindicales anteceden incluso a la declaración de conflicto; sin embargo, al ámbito de negociación llegan conflictos largos, que llevan tiempo sin encontrar soluciones. La enorme mayoría de los conflictos que se presentan en la Dinatra son previos a la toma de medidas sindicales o empresariales: anticipan y colocan el diálogo. Y en realidad, 98% se concilia de forma exitosa, se alcanza un acuerdo y ni siquiera ocurre la medida.

Algunos indicadores económicos están repuntando, ¿esto podría allanar el camino de la negociación?

Los datos económicos hablan muy bien de los lineamientos, porque los resultados, cuando uno pasa raya, son de un crecimiento bajo, pero crecimiento al fin del salario real. Por lo pronto, no creo que haya ni que modificar ni mantener los lineamientos del Ejecutivo, pero como son lineamientos y no principios, eso implica que se tienen que ir ajustando a la realidad en la que estemos.

También está la discusión sobre la posibilidad de incorporar indicadores de productividad.

La idea de que podíamos alcanzar una cosa genérica en materia de productividad no es real, pero sí podemos apuntalar y desarrollar los pequeños avances que ha habido en esa discusión en algunos sectores, tomando esos pilotos como ensayos transmisibles de la voluntad política. En algunos ya se avanzado y hay otros que ni siquiera empezaron la discusión del tema. El Estado tiene el desafío de producir una información de mayor calidad. En algunos sectores en los que se obtienen buenos resultados de productividad las empresas que son muy celosas con la información. Por eso, la información pública vendría bien.

¿Como parte de la estadística nacional?

Sí, hay datos que al cruzarlos deberían dar alguna perspectiva sobre dónde debería ponerse el foco, en el sentido de que en tal sector tenemos que encontrar una mayor productividad, en otro distribuir los resultados del aumento y en otro tendremos que preocuparnos, por lo menos, ubicarlo en la agenda. Pero que hay que seguir avanzando sobre esto, no hay duda.