En la semana que termina, Luis Lacalle Pou se quejó con frecuencia, al igual que varios dirigentes de su partido y de otros que lo apoyaron en la segunda vuelta, porque las actuales autoridades nacionales adoptaron o se proponen adoptar, sin consultar a quienes van a sucederlas, decisiones sobre varios asuntos, desde las tarifas públicas hasta la política internacional, pasando por los ascensos en las Fuerzas Armadas. Parece necesario aclarar algunas confusiones.

En Uruguay aún no hay nada parecido a un gobierno entrante o a un gobierno electo. Lo que hay es un conjunto de personas elegidas para integrar el próximo Poder Legislativo, una fórmula elegida para ocupar la presidencia y la vicepresidencia de la República, y un documento titulado “Compromiso por el país”, en el que las autoridades de los partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, Independiente y De la Gente expresaron por qué habían decidido respaldar en el balotaje a Lacalle Pou y Beatriz Argimón.

El presidente electo no será “el gobierno”, y tampoco será el Poder Ejecutivo, que integran también los ministros (aún no anunciados en varios casos, y con grandes incertidumbres sobre los que le aportaría el partido de Guido Manini Ríos). Además, todavía no ha definido quiénes tendrán otras responsabilidades decisivas, como las de conducción en numerosos entes autónomos y servicios descentralizados. No sabemos si realmente serán “los mejores”; si tratará, por lo menos, de elegir a los más capaces de los partidos que lo apoyaron; o si, como se hizo en muchos gobiernos anteriores, otorgará “premios consuelo” a personas que fracasaron en su intento de integrar el Parlamento.

Todavía no puede hablarse de un gobierno entrante, porque el próximo presidente no ha designado a la totalidad de su gabinete, cuenta con un programa muy vago y se desconoce cuáles de sus iniciativas contarán con apoyo parlamentario.

En todo caso, es obvio que no se trata de designar a “los mejores” en general, sino con miras a cumplir con un programa de gobierno, y la prometida coalición no cuenta todavía con uno.

“Compromiso por el país” plantea objetivos como el de reactivar los sectores lechero, el arroz, la granja, la vitivinicultura y la apicultura, pero no dice cómo se logrará eso. Abunda en vaguedades como “fortalecer las capacidades del Estado en planificación estratégica”, “avanzar en la competencia en los sectores de telecomunicaciones y energía eléctrica”, “adecuar el Instituto Nacional de Colonización a las necesidades actuales”, o “modificar la Ley Orgánica Militar [...], incorporando una visión moderna que permita construir una fuerza eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus misiones y cometidos”.

Tampoco sabemos a qué acuerdos llegará la “coalición multicolor” sobre el articulado del muy mentado proyecto de ley de urgente consideración, cuyo primer borrador recién se daría a conocer la semana que viene. Por otra parte, Lacalle Pou y su equipo seguramente ajustarán previsiones y metas una vez que terminen de recibir la información que están solicitando al Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, el presidente electo no puede definir todavía más que lineamientos muy generales sobre lo que quiere hacer, y está por ver para qué iniciativas contará con respaldo parlamentario. Convocarlo a cogobernar sería prematuro e inconducente, por aquello de la carreta y los bueyes.