Hace unos días, dos guardias de seguridad y un militar estuvieron involucrados en el homicidio mediante asfixia mecánica de un hombre de 30 años en el shopping de Paysandú. Minutos antes había intentado robar una moto.

El guardia de seguridad que asfixió al hombre fue procesado por homicidio a título de dolo eventual. El militar que colaboró en la persecución y en la asfixia fue procesado por coautoría de homicidio con dolo eventual. El tercer hombre involucrado fue liberado.

El guardia de seguridad procesado por homicidio no estaba autorizado para desempeñar esta tarea. Los guardias de seguridad de las empresas privadas deben estar registrados y autorizados por la Dirección General de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior (MI). El imputado no estaba registrado, según las consultas que realizó la diaria.

La empresa para la que prestaba servicio es Seguridad Corporativa, que estaba contratada por Superestar TATA SA.

Por otra parte, la Unión Nacional de Trabajadores de Seguridad emitió un comunicado en el que expresa su consternación y rechazo ante los episodios del shopping. A su vez, reivindica la necesidad que tienen los trabajadores de seguridad privada de recibir capacitación acorde. “Debemos tener capacitación y formación de calidad, lo que implica no sólo capacitación técnica de nuestra tarea sino los límites de la misma”.

Exige al MI que extreme al máximo los controles de las empresas de seguridad, “para que cumplan con todos los requisitos de seguridad y de capacitación a sus trabajadores y exijan a las empresas de otras ramas, que tengan su propia seguridad, la debida capacitación y formación a los mismos”.

Además, repudian y se desmarcan del acto violento ocurrido en Paysandú: “Queremos dejar en claro que jamás esta organización sindical promovió ni promoverá prácticas laborales de ese tipo y seguirá luchando y defendiendo la vida”.

Cierran diciendo que “reivindican las transformaciones sociales a través de políticas públicas de calidad que apunten, entre otras estrategias, a la reinserción al mundo del trabajo para combatir el delito”.