En un comunicado difundido este lunes, una agrupación de seis colectivos por los derechos de la población LGBTI+ reclaman a las intendencias departamentales que en los puestos que se otorguen en el programa de Oportunidad Laboral, conocido como jornales solidarios, se cumpla con el cupo de 1% para la población trans.

Las organizaciones saludan la iniciativa, pero muestran preocupación porque en el Congreso de Intendentes no se logró un acuerdo sobre el porcentaje de cupos para personas trans, afrodescendendientes y con discapacidad, por lo que la decisión de cómo aplicar la ley quedará a cargo de cada gobierno departamental. Para los colectivos, “siendo que 15.000 son los puestos que corresponden para todo el territorio nacional, entendemos que 150 deben pertenecer a la población trans”.

En el comunicado hacen referencia a la Ley Integral para Personas Trans, de 2018, en la que se define que los organismos del Estado, incluyendo las intendencias, “deben destinar el uno por ciento de los puestos de trabajo a ser llenados en el año, con personas trans que cumplan con los requisitos normativos para acceder a los mismos”.

“Insistimos en hacer valer este derecho porque sabemos que las poblaciones trans y disidentes son poblaciones multidimensionalmente pobres, que no acceden al sistema laboral, y que esta sería una buena oportunidad para la inserción y la inclusión”, afirman, y agregan que, teniendo este marco legal, “es de orden que sea respetado”.

El comunicado está firmado por Bloque Trans y Disidente, Colectivo Trans del Uruguay, Colectivo Ovejas Flores, Coordinadora por la Diversidad de Maldonado, No Binaries Uruguay y Unión Trans de Disidentes Maldonado.