Juan Sartori y Guido Manini Ríos fueron las figuras más novedosas del último ciclo electoral. Entre las cosas que comparten podríamos enumerar su sintonía con fenómenos internacionales (empresarios candidatos, populistas de derecha), su presentación como personas ajenas a la política, su rápida transformación en actores tradicionales de esa misma configuración política y su alineamiento para gobernar bajo el liderazgo de Luis Lacalle Pou. Esta semana, además, ambos senadores acapararon titulares debido a conductas inaceptables en quienes cumplen funciones públicas.

Sartori se negó a dar a conocer el patrimonio de su esposa, quien es hija de un “oligarca ruso”, a pesar de que la ley lo obliga para personas con su cargo. Aunque el castigo que podría llegar a recibir resultaría apenas simbólico para alguien de tan buen pasar, habrá que ver qué medidas toma el Partido Nacional, que lo adoptó entre sus filas hace apenas tres años.

Manini, por su parte, se vio obligado a dar una conferencia de prensa para negar, una vez más, su vínculo con el Instituto de Colonización. Más allá de las responsabilidades del ente y de la familia Moreira-Manini en una irregularidad con terrenos públicos que lleva décadas, el hecho se suma a diversos episodios de inconductas que acumula, a pesar de su corta existencia, la agrupación Cabildo Abierto, que conduce el militar retirado.

Mientras estos dos “recién llegados” a la política hacían su show, desde el núcleo del gobierno que ambos integran se firmaba, sin mucho alboroto, una resolución fuerte: la de la habilitación a los grandes grupos de televisión y cable a distribuir internet, quebrando así el monopolio de Antel en el área y abriendola a grupos privados. Tanto el sindicato del ente como diversos dirigentes políticos evalúan negativamente la resolución del Poder Ejecutivo, e incluso hay quienes cuestionan su legalidad, en tanto afecta las funciones que debe cumplir Antel por el decreto que la fundó. También en estos días, el gobierno presentó el plan para la generación de energía con hidrógeno, y aunque se trata de un esquema muy general y mediato, ya adelantó su deseo de que no sea monopolizado por Ancap.

Al menos esta semana, entonces, los accidentes personales no impidieron que el gobierno encabezado por el Partido Nacional persista con el achique de las empresas públicas, no ya privatizándolas, como intentó hace tres décadas, sino despojándolas de sus atribuciones.

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