El último proyecto de ley de Rendición de Cuentas de este gobierno ya pasó por ambas cámaras legislativas y ahora los diputados deliberan sobre los últimos ajustes. Entre los diversos actores que siguen buscando introducir modificaciones hubo dos figuras ministeriales –la de Salud Pública y la del Interior– que se dirigieron a los parlamentarios en estos días, aunque con motivaciones muy distintas.
Los especialistas en tabacología llevan dos años intentando que las leyes de regulación del consumo se adapten a las prácticas más recientes de la industria. En realidad, buscan darle continuidad a las políticas en la materia que inauguró el presidente Tabaré Vázquez en 2005, que le valieron reconocimiento internacional más alguna que otra victoria simbólica. Hace pocos días, la Sociedad Uruguaya de Tabacología, que acudió al Parlamento la semana pasada, recibió una distinción de la Organización Mundial de la Salud.
Sin embargo, tienen en contra al actual presidente, Luis Alberto Lacalle Pou, que se ha inclinado por favorecer a la industria tabacalera y ello explicaría por qué fueron retirados de la Rendición de Cuentas los artículos sobre el tema propuestos por el Ministerio de Salud Pública.
Karina Rando, la titular de Salud, también compareció ante los legisladores para solicitar la reincorporación de los artículos impulsados desde su ministerio, pero hay pocas señales de que la iniciativa de actualizar las restricciones al consumo de tabaco sean tenidas en cuenta por la coalición gobernante, a pesar de que también forma parte de ella Cabildo Abierto, el partido que apuntala a la ministra.
Más seguro aún es que los legisladores no contemplen el reclamo que hizo Luis Alberto Heber, titular de Interior, para imponer un aumento de penas por homicidio simple.
Su iniciativa carece de sustento académico y parece comprensible sólo en un contexto de intensificación de la campaña electoral en el que algunos dirigentes apuestan a mostrarse como partidarios de la “mano dura”.
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