Opinión

Pedro Abuchalja cuestionó el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su carácter de presidente de Andebu, por considerarlo una amenaza a la libertad de expresión propia de “regímenes autoritarios”. Menos de dos semanas después se supo que su hijo homónimo, que desempeña un cargo en la estructura gerencial de Tenfield, exigió que el Canal 4 despidiera al periodista Mario Bardanca y que cortara su vínculo comercial con Fox Sports a cambio de cederle los goles del fútbol local.

La mayoría de los proyectos financiados por el Fondes corresponden a empresas recuperadas, o sea, a empresas autogestionadas que surgen de una empresa convencional cerrada o en problemas. El perfil que se les ha dado a los créditos del Fondes llama la atención cuando se considera que más de 75% de las cooperativas de trabajadores no son empresas recuperadas, sino que fueron creadas “de cero” por los trabajadores que las fundaron. Por lo tanto, corresponde preguntarse por las razones de este sesgo.

No pensé que iba a concluir esto después de leer la guía didáctica Educación y diversidad sexual, siendo yo una total simpatizante y defensora de los derechos humanos de la diversidad y de los cambios que a nivel de la legislación ha tenido el país en estos asuntos, pero tengo que decir que no me convence.

Necesitamos una cultura de cuestionamiento radical ante las voces que dicen hablar por la “opinión pública”. Necesitamos desnaturalizar el poder simbólico acumulado por el complejo mediático-encuestador para legitimar otras maneras de entender y hacer la política.

Para muchísimos uruguayos, el domingo 26 de octubre se acabó una ilusión. Esos uruguayos vivían (vivíamos) en una especie de burbuja, en una realidad imaginaria. Hay un cierto consenso entre los analistas en que los resultados de las elecciones de ese domingo mostraron que el Uruguay real es un país mucho más corrido a la izquierda de lo que la mayoría de los uruguayos creía hasta entonces. Para muchos fue una grata sorpresa; para otros, una constatación terrible. Para casi todos fue algo así como el desmoronamiento de un mundo ficticio. Porque hasta entonces creían (creíamos) estar viviendo en un país que en realidad no existe.

Hace no mucho tiempo, el apoyo de la ciudadanía al proyecto de aplicación del código penal adulto a menores de edad presentado por Lacalle y Bordaberry contaba, según encuestas, con más de 65% de apoyo popular. Quizás el elemento sorpresa para la izquierda descansaba en el posicionamiento favorable a priori de electores de todos los partidos: los frenteamplistas marcaban porcentajes de apoyo superior a 50%. Sin embargo, el domingo 26 de octubre la propuesta fue derrotada de forma contundente en las urnas, al no alcanzar el umbral constitucional establecido de más de la mitad de los votos emitidos. ¿Por qué no salió la baja, si era un tema transversal a los partidos?

Se ha dicho muchas veces desde las elecciones que la situación del Partido Colorado (PC) es delicada. Esto es evidente para cualquiera que haya visto los resultados, pero creo que todavía no se ha tomado conciencia de la magnitud de la catástrofe que sufrió el partido de Rivera y Batlle y de sus perspectivas de recuperación.

El Estado es un instrumento de poder, por más que se omita toda consideración a palabras que no suenan demasiado new age como “clases” y “lucha”. Por más que se asegure que juega para todos y que el encuentro en él es posible, el Estado es un juez que hace más que aplicar reglas: las define, y esa definición es intrínsecamente política. Es juez y parte, siempre.

Como es público y notorio, los resultados electorales del 26 de octubre no coincidieron con lo que mucha gente esperaba, y está en curso un debate para identificar quiénes fueron responsables de esto. Muchos señalan a las empresas encuestadoras, otros apuntan hacia los analistas, hay quienes atribuyen culpas a los dueños de los medios de comunicación masivos. Es oportuno considerar también el papel que desempeñamos los periodistas.