Opinión

Es difícil comprender las opiniones del presidente José Mujica sobre la relación que debería instalarse entre las Fuerzas Armadas y el resto de la sociedad. No hay razones para suponer que las inspire otra cosa que una intención constructiva, pero el punto de vista que expresan parece por lo menos extraño.

El fallo emitido el martes por la Corte Internacional de Justicia en La Haya sobre la producción de celulosa en Fray Bentos es “definitivo, inapelable y obligatorio para las partes”. O sea, para el Estado demandante, Argentina, y el acusado, Uruguay. El dictamen no obliga a nada a la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, ni a la compañía papelera finlandesa UPM.

A todo martes 13 le sigue un miércoles 14. Y si cae en abril, como sucede una vez cada siete años, más o menos, puede resultar un 14 de miércoles. Pasó esta semana. El martes 13, el presidente José Mujica evaluó a través de la radio M24 que “la verdadera garantía” para la democracia “es que sus cuerpos armados” la “cuiden y respeten” en “grandes momentos de tensión”. El 14 de miércoles, al homenajear a “los caídos en defensa de las instituciones”, el general retirado y dirigente colorado Raúl Mermot, ex comandante del Ejército, consideró que algo así hicieron las Fuerzas Conjuntas el 27 de junio de 1973, “para evitar que la insurgencia” formada por “iluminados adoctrinados en el exterior” (entre ellos el actual jefe de Estado y gobierno) lograra “su objetivo de alcanzar el poder por las armas”.

Hace dos años, el entonces senador José Mujica propuso esto: “Si un muchacho se pichicatea, hay que agarrarlo del forro y meterlo en una colonia, sacarle el vicio a prepo”. La respuesta del secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, fue: “Pepe, por favor, cuando hables de estas cosas, que son complicadas y en las que todo el mundo se cree director técnico, llamanos por teléfono”.

Hace cinco semanas y media que José Mujica asumió como presidente de la República; siete semanas y media lleva instalado el Parlamento elegido en octubre del año pasado. Y aunque se descuente la Semana de Turismo, llama la atención que hasta ahora el nuevo gobierno se haya caracterizado por una notable ausencia de proyectos de ley relevantes (pese al anuncio previo de que se daría especial protagonismo al Parlamento), acompañada -o más bien inducida- por la escasez de iniciativas concretas desde el Poder Ejecutivo.

Un día sí y otro también, cronistas televisivos entrevistan a aterrados comerciantes que han sufrido el enésimo robo. A veces, las cámaras de seguridad captan copamientos u operaciones relámpago a mano armada. A veces, el móvil de prensa espera en la puerta. Las víctimas comienzan narrando sus desventuras y con frecuencia terminan gritando. Algunos hasta lloran. Imploran por la intervención de las autoridades. Más policías en la calle y en la puerta de sus negocios, razzias, castigos más duros, imputabilidad para los menores de edad, pena de muerte. O se comprometen a ejercer la injusticia por mano propia. O la promueven.

El Ministerio del Interior convocó el lunes a propietarios y directores de medios de comunicación, para intercambiar ideas sobre el tratamiento de casos policiales y explorar la posibilidad de acuerdos en la materia. El disparador fue la difusión del secuestro del corredor de bolsa Ignacio Rospide, pero los planteos del ministro Eduardo Bonomi, el subsecretario Jorge Vázquez y el director nacional de Policía, Julio Guarteche, buscaron abrir una discusión más amplia sobre criterios informativos, para ese tipo de situaciones y otras como las vinculadas con la lucha contra el narcotráfico.

La condena a Juan María Bordaberry por golpista nos obliga a reconocer que el Derecho expresa, en el fondo, relaciones de poder político y que, por lo tanto, está sujeto al vaivén de las relaciones de fuerzas, aunque a muchos les guste más creer que sólo reconoce verdades inmutables.