Cabildo Abierto (CA) presentó un proyecto de ley con un artículo único que propone la prisión domiciliaria para procesados y condenados mayores de 65 años que se encuentren privados de libertad en cárceles. El proyecto fue presentado por los senadores Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano.

En las cárceles uruguayas hay unas 100 personas privadas de libertad que tienen más de 65 años. Gran parte de esas personas están presas por delitos violentos, como son homicidios, femicidios, delitos sexuales y delitos de lesa humanidad.

Los impulsores de esta iniciativa proponen que haya un mecanismo alternativo para la pena de privación de libertad. “Se busca proteger a la población de mayor riesgo ante la posibilidad de surgimiento de un brote de covid-19, en particular de nuevas cepas en los establecimientos de reclusión”, explican. También pretenden reducir la movilidad en las cárceles. Según señalan los senadores, al ser “cónyuges, parejas, familiares o amigos”, “la mayoría” son “población de riesgo”.

Para CA, en pandemia, “decretar el encarcelamiento de una persona significa bastante más que privarla de libertad”. Implica “poner en riesgo su integridad física e incluso su vida, máxime cuando se trata de personas de edad avanzada”.

Lo que se busca es “la protección de la salud, integridad física y psicológica de personas de edad avanzada, catalogadas como de mayor riesgo por los organismos nacionales e internacionales”.

Según se plantea en la exposición de motivos, “la pandemia implica un riesgo mayor para las personas de avanzada edad, sean éstos los privados de libertad como quienes los visitan”. Citan la propuesta del comisionado parlamentario penitenciario en este sentido, realizada en abril de 2020.

Los impulsores de la iniciativa entienden que la prisión domiciliaria para los mayores de 65 años está dentro del “principio de humanidad”. Según dicen, “encuentra su justificación en el principio de humanidad o trato humanitario en la ejecución penal ante la situación de superpoblación del sistema carcelario, agravada por la emergencia sanitaria causada por la pandemia”.

Explican que el proyecto de ley “tiene como finalidad la protección de la salud, integridad física y psicológica de las personas de edad avanzada”.

Los senadores entienden que esta propuesta atiende “el grave problema de la superpoblación carcelaria”, que “está llevando al colapso” del sistema, con el “consecuente riesgo” para las personas mayores. Los mayores de 65 años son menos de 1% del total de los presos.

Excepciones

El proyecto plantea algunas excepciones para la aplicación de esta medida. Salvando estos casos, se pretende que la propuesta sea aplicada “sin más trámites ni procedimientos”.

Se exceptúa la violación y el homicidio agravado, salvo en los casos en los que haya transcurrido dos tercios de la pena máxima establecida para este delito. En ambos se considera el delito consumado como su tentativa.

También se exceptúan los crímenes y delitos contenidos en la Ley 18.026, del año 2006, “que se hubieran cometido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la referida ley”. Es decir, los delitos de lesa humanidad cometidos luego de 2006. Todos los torturadores que hoy están presos tienen más de 65 años, por lo que no quedan exceptuados y esta medida recaería sobre ellos.

Propuesta del comisionado parlamentario penitenciario

En abril de 2020, Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, entregó a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, una serie de recomendaciones para disminuir el impacto de la pandemia en cárceles, entre las que se incluía la aplicación de prisión domiciliaria para personas privadas de libertad con alta vulnerabilidad, entre ellos los mayores de 65 años.

En el informe planteaba que “los sistemas carcelarios son una de las áreas vulnerables frente a la pandemia, tanto por su fragilidad para responder rápidamente con las medidas de prevención requerida, como por las carencias estructurales preexistentes y por el riesgo que significa que el virus llegue a su población y se replique desde allí como vector de transmisión hacia afuera”.

La propuesta de Petit apuntaba también a los operadores del sistema de justicia, incitaba a que tomen acciones para disminuir los riesgos asociados a la pandemia en las cárceles, para así proteger a las personas más vulneradas del sistema penitenciario. Apuntaba tanto a las defensas como a los fiscales y los jueces. El comisionado señalaba que estas medidas recaerían sobre una población muy reducida dentro del sistema.

La INDDHH también se pronunció al respecto

En abril de 2020 la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) también se pronunció al respecto. En aquel momento, la INDDHH definía a las personas mayores de 60 años entre las poblaciones “más vulneradas” y proponía trabajar en la liberación de personas; “dada la dimensión y gravedad del problema así como las innumerables situaciones particulares que se presentan, es necesario constituir esta instancia coordinadora de carácter urgente para ponderar la reducción de la población penitenciaria en la medida posible a través de mecanismos de liberación, de aquellos detenidos para quienes sea seguro hacerlo, y que presenten situaciones de especial vulnerabilidad”, decía.

Visión contraria en el Ministerio del Interior

Cuando se hizo esta propuesta en 2020, el exministro del Interior Jorge Larrañaga se manifestó en contra. En entrevista con Séptimo día, planteó: “Se prevén en algunos casos liberar a personas mayores de 65 años. Ahora, uno va a la historia de los delincuentes de más de 65 y ahí ve un femicida, un abuso sexual, violación, todo tipo de cosas. Entonces vamos a liberar para que vayan al mismo lugar donde cometieron los delitos”. Y agregó: “Es una solución equivocada hacer una liberación así, al voleo, con la que yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en analizar caso a caso, pero de última es la Justicia la que decide”.

Vacunación para mayores de 70 años en cárceles

Las primeras personas privadas de libertad mayores de 70 años vacunadas entre cárceles fueron los torturadores presos en la Unidad 8 Domingo Arena, que fueron vacunados con Pfizer. Días después, y tras una polémica por la priorización de los presos por delitos de lesa humanidad, se coordinó la inoculación en el resto del sistema carcelario a los mayores de esa edad.

Muertes en cárceles por covid-19

En lo que va del año hubo 47 muertes en cárceles. Tres fueron por covid-19. Representa a 6% de la letalidad en cárceles de este año.

Uno solo de los tres tenía más de 65 años: el torturador José Felisberto Beto Lemos, procesado en julio de 2020 junto a Jorge Charleta Gundelzoph por delitos de abuso de autoridad contra detenidos y privación de libertad en la causa colectiva de denuncias por tortura entre los años 1974 y 1983 en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (ubicada por entonces en las calles Maldonado y Paraguay). Falleció el 13 de mayo de 2021.

El primer fallecido por covid-19 en cárceles tenía 61 años y estaba preso en la Unidad 20 Salto. Murió el 9 de abril de este año. El tercer fallecido tenía 48 años y estaba preso en la Unidad 13 Las Rosas, cárcel de Maldonado.