Las jerarquías de la Policía y del Ministerio del Interior (MI) han hecho reiteradas declaraciones que vinculan la falta de policías a las certificaciones médicas. Cada vez que desde las autoridades se planteó este discurso, los distintos sindicatos policiales reaccionaron, en particular porque se da ante la continua alerta desde estas organizaciones por los suicidios en la Policía, que triplican los de la población en general. Mientras para la población general la tasa es de 21 cada 100.000 habitantes, en la Policía es de 63 cada 100.000.

Los sindicatos policiales han reclamado atención en salud mental oportuna y han señalado explícitamente la incidencia de las jerarquías en varios de los suicidios, los que se dieron tras situaciones de persecución, hostigamiento y acoso de los mandos.

Otra de las causas que han señalado ha sido la presión de las jerarquías para que los policías que tienen licencia por salud mental se reintegren, algo que ha sido sostenido en discursos públicos de jerarquías policiales, y también ha sido señalado por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien particularmente se ha centrado en apuntar a que las certificaciones médicas son responsables de la falta de policías.

La última vez que Heber hizo mención a la posible relación entre las certificaciones médicas y la falta de personal fue el miércoles, luego de la reunión mantenida entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con la cúpula de la Jefatura de Policía de Montevideo, los jefes de zona y los comisarios de las 25 seccionales de la capital del país.

En este contexto, fue consultado sobre el fortalecimiento de la seguridad y acerca de qué cambios podrá ver la población próximamente. Anunció “más presencia de la Policía”, y tras preguntarle si contará con más recursos para esto, dijo: “Nosotros tenemos que resolver con los recursos que tenemos”. Acto seguido, volvió a responsabilizar a los policías que tienen certificación médica: “Lamentablemente, tenemos muchos policías que se siguen certificando, que son policías fundamentales para el cumplimiento, sobre todo para el patrullaje. Hay muchos policías que están amparándose en el sistema de seguridad y de protección social, cuando muchas veces trabajan en otro lado y no trabajan en la Policía”. “Esta es una situación que venimos desde el primer día denunciando, y lamentablemente hay certificaciones autorizadas por médicos que llevan a que muchos de los policías que tendríamos que tener en la calle hoy estén en su casa o trabajando en otra cosa”, sentenció Heber.

Al otro día de las palabras de Heber, el jueves en Colonia, se suicidó el séptimo policía en el año. El viernes, mientras se escribía este artículo, se registró el octavo suicidio en la Policía: una mujer policía de 27 años se mató en Montevideo. Los otros dos casos que se registraron en junio fueron en Rivera hace dos semanas y en Canelones la semana pasada. En mayo fueron tres casos que se dieron en Cerro Largo, Río Negro y Montevideo, en abril se registró un suicidio en Maldonado y en enero se dio un caso en Canelones.

Heber despertó la reacción de los sindicatos policiales

En este contexto, en el que dos policías se suicidaron en el lapso de dos días y en que en lo que va de junio se registraron cuatro casos, los sindicatos policiales rechazaron enfáticamente los dichos de Heber.

Ricardo González, dirigente del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom), el MI “sigue ocupado en ver sólo el árbol y no el bosque, como lo hemos venido diciendo hace rato”. “Si nos centramos sólo en las cifras y no en las causas, el problema seguirá vigente”, indicó, y remarcó que “es más complejo que sólo pensar que ‘hay policías de vivos’”.

Según González, “hay situaciones laborales, económicas y muchas veces de acoso que terminan en una certificación, y ni hablar de la inoperancia de las juntas médicas”. “También está la problemática del suicidio, por lo que fomentar que un policía que se certifica ‘está de vivo’ o ‘recarga al compañero’ es incentivar la estigmatizaron de ese funcionario”, afirmó, y subrayó que “es seguir viéndolo como número y eso no ayuda en nada en la prevención”. “Si la cifra de certificación es grande, mucho más grande es el problema detrás de ella, barrer bajo la alfombra y no trabajar la causalidad es sólo aletargar y sostener en el tiempo esta problemática”, indicó el dirigente del Sifpom.

Para Roberto Cardozo, presidente del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), son “tristes y lamentables las declaraciones del ministro del Interior”. “La verdad que echarle la culpa de la mala gestión a los trabajadores policiales, que venimos sufriendo un problema grave como es el suicidio, es bastante grave”, indicó.

Afirmó que “es triste y lamentable porque también se le había pedido que atacara las causas del problema de las certificaciones médicas de muchos trabajadores policiales y seguro que no quiere darse de frente con la problemática que tienen los mandos con el personal”. “Muchos, una mayoría muy importante de los mandos, son los que causan el problema de la certificación: los abusos, los maltratos, el manoseo cuando se tienen que hacer muchísimos kilómetros de recorrido para llegar a tu lugar de trabajo”, explicó Cardozo, que planteó que esto lleva a que “el trabajador se encuentre totalmente agotado”.

Además, manifestó que el problema que hay en la Policía “no escapa a la problemática que tiene también la sociedad, los problemas de familia, el trajinar de tantas horas para llegar a su lugar de trabajo y encima los horarios de trabajo que se tienen”. “Hay que solucionar problemas que implican una carga psicológica muy importante, y hay gente que puede aceptarla y otra que no”, dijo Cardozo, que remarcó que “lo más triste es que justamente no sea atacada la causa de ese problema que es la certificación de muchos trabajadores policiales”.

Según el presidente del SUPU, “al ministro le parece que es mucho más fácil echarle la culpa al trabajador policial, que no tiene más remedio que recurrir a la certificación médica”. “Esto también demuestra la incapacidad del ministro cuando dice que hay trabajadores que están certificados y trabajan en otro lugar”, agregó, porque “las herramientas para el control las tiene, y ese tipo de gente también existe en la Policía, pero es lamentable echarle la culpa a los que realmente se enferman por el trabajo y a quienes se enferman por salir a trabajar”. Y acotó que “se ve que no ha tenido tiempo de atacar a esos, que son muy pocos, los que salen a trabajar con certificaciones médicas dentro de la Policía”.

Cardozo manifestó que esperan “ver que algún día esto se revierta y que realmente se pueda solucionar”. Recordó que la cantidad de certificaciones médicas es un tema que “ya se había tratado en esa reunión con el ministro”, pero “si no tratamos de solucionar esto y de buscar los motivos de esas certificaciones, es bravo tratar de solucionarlo”.

Reiteró algo que desde el sindicato policial han dicho “más de una vez”: “99,9% de los mandos no están capacitados para administrar recursos humanos porque nunca, nunca, nunca en lo que es la Escuela Nacional de Policía se les enseña”. Además, expresó que no sólo “se sigue con la técnica vieja”, sino que el problema se agrava “todavía más con el montón de gente que hace más de 20 años dejó la Policía y que hoy está a cargo de un montón de unidades, que siguen tratándonos como números y no como trabajadores”. Para Cardozo, “hasta que el Ministerio del Interior no se dedique a enseñar a esos mandos a tratar a los trabajadores policiales”, esta forma perjudicial de ejercer el mando va a seguir existiendo, con los daños que trae aparejados.

“Hasta que el Ministerio del Interior no se enfoque en tratar la seguridad como una empresa y en darle importancia al recurso humano, la seguridad no va a tener solución y también va a seguir afectando las certificaciones al trabajador policial”, concluyó.

El señalamiento constante de Heber a las certificaciones médicas

Tal como indicó el ministro, es algo que tanto él como las jerarquías de la Policía han sostenido durante toda su gestión. Cuando asumió al frente del MI, fue de las primeras cosas de las que se quejó. Manifestó que había “un exceso de certificaciones en la Policía” y que “acá se viene a trabajar, se viene a establecer la posibilidad de que se cuide a la sociedad, porque esa es la misión del Ministerio del Interior”. Por eso, dijo que iba a ser “severo” con quienes “abusan” de “un derecho que nos alegra que esté”, pero que “vamos a controlar mucho”.

De 2021 a 2022, el MI cesó a 810 policías en un año por “vivir del vicio de las certificaciones”. En noviembre de 2022, la cartera estima que 2.000 policías faltan por día porque están certificados, lo que implica que 6% de los policías no están disponibles. Apuntaron a la complicidad de los médicos de Sanidad Policial y por eso ordenaron una auditoría.

El MI registra la mayor tasa de certificaciones del Estado. Al respecto, la presidenta del Sifpom dijo que “el Ministerio del Interior, cada vez que sale a hablar de las certificaciones médicas y de que somos los primeros en la gestión pública, no se fija en cuáles son las causas”. Según Rodríguez, “18% son por problemas de salud mental de los policías”, y subrayó que “realmente algo está pasando”. En 2020, el MI emitió 47.742 certificaciones, de las cuales 8.394 corresponden a certificaciones psiquiátricas. “Estas cifras no nos asustan para nada, porque muchas tienen que ver con compañeros certificados hace tiempo y que no tienen el alta, otras por certificaciones que los policías entran sanos y salen enfermos”, acotó.

En febrero de este año, Heber volvió a criticar el “abuso” de las certificaciones de salud en la Policía: “Tenemos, lamentablemente, mucha gente certificada en el Ministerio del Interior, amparada en el sistema social, algunos justificadamente, otros abusan de un sistema generoso. Pero, bueno, es parte de la gestión y del trabajo que tenemos que hacer todos los días para tener la mayor cantidad de policías en la calle que aseguren a nuestra población”.

El ministro lamentó que “hoy tenemos 4.500 certificaciones” y amplió el cuestionamiento: “Implican no solamente asistencia, a veces hay mucho estrés. Uno puede entender situaciones de violencia que se dan y que ven los policías, pero otras veces se ven situaciones de estrés en cargos administrativos que no me parecen justificadas. En función de eso, lo que estamos viendo son las juntas médicas, porque son las que tienen que certificar estas certificaciones, para que sean más expeditivas y profesionales, y que nos aseguren que las personas que están certificadas son porque tienen un problema y no que abusan”. “Hemos constatado que hay gente que está certificada en la Policía y después se la ve trabajando en otros lados”, aseguró. “Quiero premiar al que trabaja, aquel que realmente cumple con su labor, que a veces cobra igual que el que no cumple de la misma forma”, afirmó.

De esta cifra, 4.000 tenían certificaciones o eran vistos por juntas médicas y los restantes estaban en el Subsidio Transitorio de Incapacidad Parcial (STIP). En ese contexto, Heber también indicó que era “una costumbre” y que había quienes se certificaron por un tiempo, “volvieron a trabajar 15 días” y se volvieron a certificar. También indicó en ese marco que las certificaciones por salud mental son las “más difíciles de solucionar”, porque no hay suficientes psiquiatras para encarar las juntas médicas.

“Me enoja el abuso”, afirmó Heber, porque “la ciudadanía y el pueblo uruguayo están necesitando de más efectivos”. Según el ministro, hay policías que “me han dicho: yo estoy acá cumpliendo el horario, arriesgando mi vida, y fulano, que entró conmigo, hace dos años que está certificado en la casa cobrando el sueldo”. Por eso, le parece “injusto con quien hoy en día está cumpliendo con su trabajo” y que “la oportunidad es para trabajar, no para aprovecharse”, así que definieron ser “muy severos” con el “uso discrecional de licencias médicas” de los policías.

Entre la presión y las amenazas

La presión y las amenazas de jerarcas policiales para el reintegro de funcionarios policiales con certificación médica ha llegado a ser pública y ha formado parte de actos institucionales. Tal fue el caso del exjefe de Policía de San José, Orestes Leles da Silva, que renunció en agosto de 2022 y que en diciembre de 2021, en el aniversario de la Policía Nacional, principal acto de la institución, indicó: “También queremos hacerle saber que desde que nosotros hemos asumido, junto con las autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, venimos haciendo grandes esfuerzos para reintegrar todo el personal que de alguna manera no está trabajando en la Jefatura, ya sea por los partes médicos, por las juntas médicas, por el STIP o por alguna otra situación, que desde hace tiempo, a veces meses y hasta años, no están realizando sus tareas”. Luego, ante la mirada de autoridades nacionales, disparó: “Pues bien se reintegran al trabajo, al igual que nosotros, y comparten las responsabilidades, o bien van a tener que irse de la institución”.

Ante este hecho, el Sifpom planteó “absoluto rechazo” y aseguró que “estamos ante un Estado de derecho donde los trabajadores tienen leyes que están por encima de amenazas”. Fueron enfáticos en decir que “no es con falta de empatía y mucho menos amenazando que resolveremos este tema”. Por eso, señalaron que “preocupan mucho estas declaraciones, que son parte de un accionar que ha contribuido a enfermar compañeros”. Para el sindicato policial, “estas prácticas son de otra época, donde algunas jerarquías insistían en tratar a la persona como número”. “Hay muchos compañeros pasando distintas enfermedades que no les permiten volver, no porque estén de vivos, sino porque la institución los terminó enfermando”, aseguraron, y concluyeron diciendo que “se necesita empatía, acompañamiento y una mejor prevención y asistencia, no amenazas”.

En enero de 2022, cuando Jhonny Diego, actual subdirector administrativo de la Policía, es decir, segundo en jerarquía de la fuerza, era jefe de Policía de Colonia, señaló que en este departamento faltarían unos 100 policías para cubrir las demandas que se dan. En este sentido, Diego dijo: “Me doy cuenta de que hay gente que adoptó esa forma de vivir como un estilo de vida y no es que estén con un problema psiquiátrico o psicológico, sino que muchos de ellos son gente que no está dispuesta a reintegrarse al servicio ejecutivo y prefiere seguir como está ahora”.

Según el jerarca, hay policías que están con licencia médica que “se acostumbraron a vivir” con ingresos menores a los que recibirían estando en actividad y realizan “actividades por fuera, aun percibiendo el seguro por enfermedad”. El jerarca reconoció que algunos funcionarios “puede ser que no soporten determinadas presiones” del trabajo policial, pero que eso “no explicaría este fenómeno”. Por eso, se entrevistó con varios de los policías certificados para plantearles el reintegro a sus funciones y la respuesta que recibió fue negativa.

Tras estos hechos, el Sifpom rechazó las declaraciones de Diego. Afirmaron que “hay muchos compañeros pasando distintas enfermedades” que no vuelven a la actividad, pero eso no sucede porque se hayan acostumbrado a otra dinámica laboral, sino “porque la institución los terminó enfermando”. Patricia Rodríguez, presidenta del Sifpom, indicó que le llamaba la atención que “un jefe llame a un policía certificado para decirle que vuelva a trabajar”, porque “el único mecanismo para que un compañero certificado vuelva a trabajar es con una junta médica”. Además, consideró que Diego “debería preocuparse” por “cuidar a su personal” para “evitar esas licencias médicas”, que son consecuencia “de lo que él llama presiones” de la actividad policial.

Al respecto, Heber opinó que “es extraño el nivel de policías certificados en ese departamento”. Planteó que “lo que sucede en Colonia no sucede en otros departamentos del país, donde no hay la gran cantidad de policías certificados continuamente, con grados de estrés o problemas psicológicos; es inusual, estamos viendo lo que pasa”, porque “que se certifican permanentemente por distintas enfermedades, lo que da cuenta de cierto abuso por parte de personas que se certifican para cobrar y no trabajar”. Para el ministro, “lo mejor que podría pasar es que los policías certificados se reintegren”, porque “están recargando al resto del personal que está en funciones”. Además, advirtió que “con las garantías del caso, está investigando estas situaciones porque sería injusto penalizar a quienes realmente deben estar certificados por las presiones del trabajo”. Subrayó querer “hacer una investigación para saber si las personas están enfermas”, y “si no lo están, deberán hacerse cargo”.

En julio de 2022 se suicidó un policía de 19 años que había ingresado hacía tres meses a la institución. Tiempo antes, un compañero suyo de generación se mató durante la formación. “Cabe cuestionarse, si hubo dos suicidios en esta tanda de ingreso, cómo se están haciendo las evaluaciones psicológicas para el ingreso”, alertó la presidenta del Sifpom, quien planteó que “si no se detecta en el ingreso, y después se suma toda la presión que es estar en la Polícia y estar armado, se termina en estas situaciones”. Además, para el sindicato policial, “mucho de esto tiene que ver con el acoso laboral y sexual que hay en la Policía”, porque “no todos los mandos saben mandar, y algunos piensan que es hostigando a los compañeros y así terminan enfermándolos”.

El estigma y la discriminación ante las certificaciones médicas

Desde el Sifpom plantearon que el estigma y la discriminación a las y los policías que se certifican por problemas de salud mental “es algo a trabajar”. “Muchas veces no se consulta a tiempo para no ser motivo de discriminación. Por no hacerlo a tiempo, se certifican más tarde y por más tiempo”, explicó Rodríguez. “Muchas veces esas demoras llevan a situaciones de suicidio, que afectan a las familias y a los compañeros de trabajo, porque muchas veces los suicidios se dan frente a sus compañeros, lo que afecta directamente”, explicó. Por eso, para la presidenta del Sifpom “hay que formar para que se entienda que cuando un compañero lo necesita tiene que certificarse” y “hay que desestimular los prejuicios”.

“Nos enseñaron a ser fuertes, a que es debilidad pedir ayuda, no nos inculcaron empatía con nuestro compañero y lo que le pueda estar sucediendo. Hay signos de alarma, hay alertas muchas veces que nos deberían ayudar a reconocer cuando alguien nos necesita y así apoyar y así acompañarlo”, plantearon desde el Sifpom en octubre de 2022 cuando dos policías se mataron en la misma semana.

Según indicaron, “muchos intentan que perdamos la humanidad, que veamos al que se certifica como alguien que ‘está de vivo’, que lo estigmaticemos y lo hagamos sentir fuera del sistema si necesita ayuda profesional”. Aclararon que “puede haber casos excepcionales, como los hay en todas las profesiones, pero nunca será el camino que paguen justos por pecadores”. Desde el sindicato informaron que “muchos compañeros llaman angustiados y muchas de las causas tienen que ver con persecuciones laborales, acoso sexual y abusos sistemáticos que reciben en su labor”.

Criticaron la respuesta de la institución: “Muchas veces piden ayuda y sólo reciben pases para psicólogos a dos meses. Otras veces prefieren transitar en silencio su estado para no tener perjuicios económicos que terminan afectando aún más su situación y a su familia”.

El Sifpom habló en ese marco también sobre las presiones para que vuelvan a trabajar cuando están certificados: “Hay compañeros que por salir del STIP o por una junta médica que lo presiona a volver, volvieron y se quitaron la vida”. “Estamos ante una emergencia que se necesita responder con urgencia, pero parece que las respuestas hasta ahora sólo tienen que ver con empeorar lo que ya hay”, sentenciaron.

Para el Sifpom, “las certificaciones tienen causas detrás que hay que trabajar entre todos”. “Un funcionario que arriesga su vida por el otro merece respeto, apoyo, garantías y que resuelva un comité técnico si puede o no seguir trabajando y no su jefe. No es justo dar ese peso a nadie”, señalaron.

Desde el sindicato afirmaron que “no puede ser tan perjudicial como lo es hoy pedir ayuda profesional, afectando salario, dignidad y empeorando su bienestar” y que “necesitamos para todos una atención de calidad y humana, no como pasa muchas veces que son maltratados por quienes los deberían contener”. Finalmente, exigieron: “No dejemos vernos como números y no veamos así a nuestros compañeros, hagamos la diferencia, seamos el cambio”. “No es mala palabra pedir ayuda ni tampoco debilidad, así como no es malo tratar de ponerme en el lugar del otro y desde ahí poder ver mejor”, concluyeron.

La discusión sobre los subsidios en la reforma jubilatoria

En diciembre de 2022, el tema estuvo en debate en el contexto de la discusión sobre la reforma jubilatoria, cuando el sindicato policial salió al cruce de las propuestas del MI, en particular en lo que refiere al STIP, que cubre a los policías ante licencias médicas prolongadas o con un causal que habilite a estar comprendidos dentro de este subsidio. Criticaron la baja de las tasas bases de incapacidades y de STIP de 65% a 45%. El Sifpom cuestionó que “cambian las condiciones de pensiones vitalicias por incapacidad, ya que si esta es ‘sin nexo causal’ se darán 18 meses más de subsidio y luego la baja”. Por eso dicen que “no hay garantías de que realmente las incapacidades sean sin nexo causal, y la baja terminará dependiendo de la discrecionalidad del jefe y de si él mismo quiere o no que el funcionario realice tareas compatibles con su estado de salud”.