El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, concedió el viernes un indulto para aquellos policías y militares que hayan sido condenados por crímenes que ocurrieron hace más de 30 años, incluyendo así a quienes fueron encontrados culpables por la llamada masacre de Carandiru. El indulto abarca a personas condenadas por delitos culposos o cometidos en actos realizados por “su deber de actuar”.
La masacre de Carandiru ocurrió el 2 de octubre de 1992 cuando la Policía Militar intervino en la cárcel de Carandiru, en San Pablo, para detener un motín. El operativo en esa prisión, que albergaba cerca de 8.000 personas recluidas en condiciones insalubres, terminó con 111 presos muertos. Para la fiscalía, en Carandiru se cometieron ejecuciones extrajudiciales una vez que los amotinados se habían rendido. La mayoría de los muertos recibió un tiro en la cabeza.
Recién diez años después la Justicia condenó a 74 de los policías por la muerte de 77 presos. Si bien los condenados recibieron entre 48 y 624 años de prisión como condena, la ley de Brasil impide estar más de 40 años preso por un mismo delito, y las apelaciones y otras maniobras de las defensas los mantuvieron fuera de la cárcel hasta ahora. Cinco de ellos ya murieron, y los demás fueron indultados el viernes.
Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del presidente, celebró el indulto otorgado por su padre a personas que “entraron donde ninguna madre permitiría que entraran sus hijos y cumplieron su misión”. Agregó que “sufrieron, incluso con la aplastante mayoría de la sociedad apoyándolos”.