Tres encuestas sobre el referéndum constitucional fijado en Chile para el 4 de setiembre arrojaron el mismo resultado a comienzos de abril: por primera vez, son más quienes se inclinan por votar el Rechazo a la nueva Constitución que surja de la Convención Constitucional que aquellos que apoyan la opción Apruebo. Lo mismo ocurrió con el último sondeo de la consultora Cadem publicado el domingo, que arrojó 44% de intención de voto inclinada a rechazar el texto y 39% a aprobarlo.

“Los sondeos de opinión por supuesto que son preocupantes y son un llamado de atención para todos los que confiamos en este proceso y los que creemos que este proceso es necesario”, manifestó el presidente chileno, Gabriel Boric, durante una conferencia de prensa que dio al visitar Argentina, el lunes 5.

Manifestó que ha conversado con gente que en la consulta popular de octubre de 2020 votó a favor de comenzar un proceso constituyente y que “hoy tiene dudas”, según citó el diario El Mostrador. Boric agregó que “esas dudas no pueden ser sencillamente ignoradas”, y dijo que “la discusión no es solamente comunicacional, también hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso, y ahí mi llamado a buscar la mayor transversalidad y amplitud posible, para construir una Constitución que sea un punto de encuentro”.

“Estamos preocupados, queremos convocar, queremos convencer, y ahí todos tenemos un rol que jugar y nosotros, por cierto, lo vamos hacer”, agregó el presidente. Consideró necesario “darse espacio para reflexionar, para pensar, para que los acuerdos sean más amplios de lo que han sido hasta ahora, para modificar lo que se tenga que modificar”.

“Yo tengo una profunda confianza en la Convención. Respeto su autonomía y a la vez no pretendo ser indiferente”, concluyó Boric.

Polémicas y desinformación

Al igual que Boric, la fundación Horizonte Ciudadano, creada por la expresidenta Michelle Bachelet, llamó a “hacer posible un punto de encuentro” y manifestó que “ha llegado el momento de tomar en serio las dudas y preocupaciones que ha expresado la ciudadanía”, según citó la agencia Efe. “El carácter histórico del proceso constituyente no descansa solamente en su representatividad social ni en el contundente respaldo del plebiscito que lo instauró: Chile tiene una oportunidad irrepetible de procesar las demandas y esperanzas de sus habitantes”, agregó.

Además, la fundación advirtió sobre la desinformación y llamó a “autoridades, organizaciones y articulaciones ciudadanas” a cerrarle “el paso”. La suya es una de varias voces que alertaron contra este fenómeno.

Un estudio de la organización social Derechos Digitales y la encuestadora Datavoz publicado el domingo por El Mostrador señala que 58% de los encuestados dijo haber recibido información sobre la Convención Constitucional que resultó ser falsa, y que la principal fuente de esa información (66%) fueron las redes sociales. Además, seis de cada 20 consultados dicen haber compartido información que resultó ser falsa.

Según el periódico chileno, la directora de metodología e innovación de Datavoz, Paulina Valenzuela, dijo que se conoce más sobre lo que comunican los convencionales o lo que tratan las comisiones –que son instancias preliminares– que sobre las normas que efectivamente resultan aprobadas en el pleno de la Convención, que son las que pasan a integrar el borrador de Constitución. Esto se presta para un “desorden informativo”, agregó.

El fenómeno de la desinformación se instaló en el debate cuando algunos convencionales fueron acusados de difundir información falsa. Uno de ellos, Harry Jürgensen, dijo que “centenares” de jueces se tendrían que retirar si se aplica una norma por la que su carrera tendrá un máximo de 14 años. Sin embargo, fue corregido por otros convencionales, que señalaron que lo más parecido a ese límite es uno que se aplicaría sólo para permanecer en la Corte Suprema. Otro convencional, Bernardo Fontaine, dijo en una entrevista que los fondos previsionales dejarían de ser propiedad de las personas, algo que no era cierto.

También tuvo amplia difusión una propuesta que presentaron ocho de los 155 convencionales para eliminar los tres poderes del Estado y reemplazarlos por una Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos, que no prosperó, pero hizo ruido.

“Necesitamos informarnos adecuadamente para paliar esta desinformación que confunde a la ciudadanía sobre lo que va quedando en el borrador” de Constitución, dijo la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros. “Estos temas son muy sensibles, muy cercanos a la ciudadanía. Estos temas son profundamente trascendentales para las personas y hay que clarificar que el trabajo de comisiones tiene distintas etapas”, dijo.

Según dijo la directora de Datavoz, en su estudio se percibió que “hay gente bastante informada, pero además tiene conciencia de que viraliza noticias falsas”. Agregó que “en esa lógica crece el poder de las redes sociales como un canal de información para los ciudadanos que se hace poderoso y capaz de generar una emocionalidad en la opinión pública compleja y difícil de administrar”.

Valenzuela dijo también que la Convención ha sido más vulnerable que otros ámbitos ante este fenómeno porque “tiene varias instancias de información”, incluyendo a los “convencionales como personas individuales y que manejan su propia agenda respecto de lo que se discute en las comisiones”, algo que está “muy lejos de lo que ocurre en el pleno”.

Caminos por delante

Los convencionales tienen tiempo hasta el 4 de julio para terminar de redactar el texto de la Constitución. Si el 4 de setiembre se aprueba, la nueva constitución sustituiría a la actual, creada a fines de la dictadura de Augusto Pinochet.

La derecha chilena, que apenas tiene 37 escaños en una convención de 155 integrantes, ha perdido protagonismo en las negociaciones dentro de la Convención y ha sido muy crítica de algunas propuestas. Se ha manifestado en contra de declarar la plurinacionalidad y reconocer un sistema de justicia de los pueblos originarios, así como de eliminar el Senado para convertirlo en una cámara con menores potestades.

Ante estas discusiones, surgió el debate sobre una posible tercera opción en el plebiscito que contemple a aquellos que quieren cambiar la Constitución pero no aprueban la que se está elaborando. Según la última encuesta de Cadem, 51% de los chilenos está de acuerdo con habilitar esta opción, pero varios convencionales han dicho que las reglas del juego fueron establecidas hace tiempo y no incluyen esa posibilidad.