A fines de marzo e inicios de abril, el debate por la propiedad de los fondos de pensiones y el fracaso del quinto retiro, hábilmente aprovechados por el exconvencional Bernardo Fontaine, marcaron la llegada del Rechazo al primer lugar en las encuestas. Para mantener esa ventaja, se desarrolló una exitosa campaña que duró casi cinco meses, tres de ellos fuera del período legal para hacer propaganda. Al menos 29 cuentas de redes sociales invirtieron un total de 116,7 millones de pesos chilenos (unos 128.000 dólares) en Facebook e Instagram para difundir que estarían en riesgo los fondos de pensiones, la vivienda propia, los colegios particulares subvencionados y la atención de salud.
En sólo cuatro días, entre el 29 de marzo y el 1º de abril, el Apruebo perdió la cómoda ventaja que mantenía sobre el Rechazo en las encuestas y nunca volvió a recuperarla. Finalmente, el plebiscito de salida terminó con el triunfo del Rechazo, que obtuvo 61,9% de los votos, superando al Apruebo (38,1%). Hasta el inicio de esa última semana de marzo de 2022, el sondeo semanal de Cadem Plaza Pública ubicaba al Apruebo diez puntos por sobre la opción contraria (46 vs 36). Pero la medición siguiente marcó un vuelco que dejó al Rechazo seis puntos por encima (46 vs 40).
¿Qué era lo que acaparaba la atención de la opinión pública en esos mismos días? Era el debate en el Congreso Nacional por el quinto retiro de fondos de pensiones. Un tema de alto interés para los ciudadanos que se convirtió en tierra fértil para una exitosa ofensiva comunicacional del Rechazo, a tres meses de que se iniciara el período de campaña legal, y cuyos efectos en los sondeos de opinión fueron demoledores para el Apruebo.
Estos fueron los sucesos que marcaron esos días
Martes 29 de marzo
La Convención sepulta la posibilidad de que el proyecto de nueva Constitución incluyera la norma de iniciativa ciudadana denominada “Con Mi Plata No”, que contaba con el respaldo de 60.000 firmas. Esa iniciativa quería asegurar que los fondos de pensiones –actuales y futuros– sean propiedad de los trabajadores.
La votación de los convencionales que desestimó la norma “Con Mi Plata No” se produjo en paralelo a la discusión parlamentaria para aprobar el quinto proyecto de retiro de fondos de pensiones. Ya se apreciaba que el nuevo gobierno, que apenas llevaba 16 días en La Moneda y se identificaba con el Apruebo, se opondría a ese proyecto. Una semana antes, el lunes 21, la Cámara de Diputados le había dado luz verde a la posibilidad de materializar el nuevo retiro, política asentada en una opinión pública que ya había hecha suya la idea de que esos recursos deben ser de los cotizantes.
Miércoles 30 de marzo
El titular de la portada de Las Últimas Noticias de ese día golpeó fuerte y se viralizó: “Los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales”. La frase es del economista y entonces convencional Bernardo Fontaine. El texto de la propuesta constitucional no decía eso, pues, de ganar el Apruebo, el detalle sobre la propiedad de los fondos tendría que ser definido por una ley que tramitarían los parlamentarios. Pero la interpretación de Fontaine consiguió posicionar que, con la decisión de la Convención de rechazar la propuesta de “Con Mi Plata No”, la propiedad de los fondos de pensiones estaba en riesgo.
Miles de personas que habían apoyado con su firma la iniciativa “Con Mi Plata No” fueron una inmejorable caja de resonancia para viralizar la portada de Fontaine, que ese día fue trending topic en Twitter. En esa misma jornada se realizó el trabajo de campo de la encuesta Cadem que se publicaría al día siguiente y que marcaría el vuelco a favor del Rechazo.
Bernardo Fontaine conocía bien el alcance estratégico de sus palabras: el vocero de “Con Mi Plata No” era Francisco Orrego, abogado y militante de Renovación Nacional, quien además ejercía como asesor comunicacional y de contenidos legislativos de Fontaine en la Convención.
Viernes 1º de abril
Se publica el sondeo Cadem Plaza Pública y el Rechazo supera al Apruebo por primera vez: 46% vs 36%. El trabajo de campo se realizó entre el miércoles 30 de marzo, cuando la portada de Fontaine se viralizó, y el jueves 31. A partir de entonces, el Rechazo mantuvo una ventaja de entre 3 y 18 puntos en ese mismo sondeo. En la última encuesta publicada por Cadem, el 19 de agosto, todavía ostentaba 46% de las preferencias.
Sábado 9 de abril
Se activa una campaña en redes sociales con la viralización de un video del exconvencional Ruggero Cozzi (RN) que destacaba el rechazo de la Convención a la iniciativa “Con Mi Plata No”. Le acompañaba una leyenda tan concreta como taxativa: “La Convención Constitucional NO ha querido proteger tus ahorros”. La publicación apareció en una antigua página de Facebook llamada “Reforma la Reforma”, impulsada cuando se discutían cambios al sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones y que reactivó su gasto en propaganda para acoger el nuevo debate que apuntaba contra el Apruebo. Esta página es sostenida por la Fundación Ciudadanos en Acción (CEA), entidad de la que Bernardo Fontaine fue director hasta asumir en la Convención.
Lunes 11 de abril
Se produce un quiebre del equilibrio en las menciones del Apruebo y Rechazo en los medios de comunicación. Así lo indica un estudio de Unholster, publicado en su plataforma Chile Decide el 16 de agosto. La revisión de 18 medios indica que en esos días de abril mencionaron 120 veces la palabra Rechazo por sobre las 95 apariciones del Apruebo. Hasta la semana anterior, la diferencia era solo de 49 a 43 en favor del Rechazo.
Jueves 14 de abril
El sondeo semanal de Cadem Plaza Pública muestra que por primera vez la desaprobación de la gestión del presidente Boric supera a la aprobación: 50 vs 40. La medición anterior había marcado 44 y 41, a favor de la gestión del mandatario. La tendencia mayoritaria de quienes desaprueban mantiene su ventaja hasta hoy.
Lunes 18 de abril
El proyecto del quinto retiro de fondos de pensiones cae definitivamente en la Cámara de Diputados, con el rechazo de un amplio sector del oficialismo, dando un portazo a una de las iniciativas más populares entre las personas y que se había tomado la agenda desde la pandemia. Las críticas al gobierno y al Apruebo se vuelven a viralizar.
Una campaña de cinco meses
Ya conquistada la ventaja en las encuestas, había que mantenerla. La exitosa estrategia estrenada por Fontaine, de presentar interpretaciones extremas y escenarios hipotéticos dándolos por ciertos (como que los fondos de pensiones ya no serán de los trabajadores), fue repetida por las fuerzas del Rechazo en otras tres áreas sensibles para los ciudadanos: salud (las personas sólo se podrán atender en hospitales públicos y aumentarán las listas de espera), vivienda (no se garantizará la casa propia) y educación (el Estado dejará de financiar los colegios particulares subvencionados, por lo que van a desaparecer).
Estas ideas fueron difundidas a través de una cuidadosa estrategia comunicacional en redes sociales, que se extendió desde inicios de abril –cuando se viralizaron videos e imágenes que indicaban que la Convención no protegió los ahorros previsionales de los ciudadanos– hasta la realización del plebiscito. Esta estrategia de difusión abarcó casi cinco meses de campaña (tres de ellos fuera del plazo legal establecido por el Servicio Electoral –Servel– para hacer propaganda).
Para hacer correr los mensajes en las redes sociales se reactivaron antiguas cuentas –como la de la fundación vinculada a Fontaine– y se pusieron en marcha algunas fanpages. Estas últimas se activaron bajo el argumento de que servirían para “probar” contenidos pensados para la Franja del período legal de campaña. Pero, en los hechos, sus mensajes se viralizaron. Tal como ocurrió con el tema de las pensiones.
Ciper identificó un grupo de 29 páginas de Facebook e Instagram, sin control del Servel, asociadas a organizaciones o iniciativas del Rechazo. En ellas, de acuerdo a los registros oficiales de esas redes sociales, se invirtieron más de 116,7 millones de pesos chilenos entre mayo y julio de 2022 en publicaciones que criticaban el contenido de la propuesta Constitucional, cuestionaban el quehacer de la Convención e, incluso, llamaban abiertamente a votar Rechazo. Además de la viralización en redes sociales, la estrategia también incluyó el envío directo de mensajes por Whatsapp.
Entre estas páginas se destacan las fanpages: “Proyecto Voces Chile” superó los 19 millones de pesos chilenos gastados en 72 publicaciones, iniciativa que supuestamente probaba la propaganda y mensajes que se utilizaría en La Franja Ciudadana por el Rechazo. También están las fanpages “El Racional” y “La Convicción”, que en conjunto sumaron más de nueve millones de pesos chilenos en propaganda y son administradas por Fundación Chile Primero, donde trabaja parte del equipo que acompañó a Jorge Selume cuando fue director de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno de Sebastián Piñera. Ahora, Selume fue coordinador general de la Franja Ciudadana por el Rechazo. A su vez, la Fundación Ciudadanos en Acción, cuyo director es Diego Fleischmann Chadwick, sobrino del exministro de Interior Andrés Chadwick, gastó 3,6 millones de pesos chilenos durante el mismo período.
La CEA, fundación de la que Fontaine fue director, suma un gasto total de más 80 millones de pesos chilenos en cuentas de Facebook e Instagram, entre el 22 de mayo de 2020 y el 6 de agosto de 2022, y el fuerte de su inversión está concentrado durante los meses de funcionamiento de la Convención. Sus publicaciones promueven principalmente entrevistas a Bernardo Fontaine, y mensajes críticos a las propuestas de pensiones, vivienda, educación y salud del proyecto constitucional.
Para Valentina de Marval, especialista en chequeo de datos y docente de la Universidad Diego Portales, en esta larga campaña del Rechazo se utilizó una estrategia de propaganda política basada en “dos flancos de la desinformación”: omitir datos y predecir escenarios hipotéticos. “Tomaron predicciones o interpretaciones como si fuesen parte de los artículos ya escritos en el texto. Por ejemplo, en salud siempre omitieron que la propuesta constitucional permitía que la gente tenga el poder de elegir entre un prestador privado o público”, dijo la especialista.
El analista electoral y director de Tú Influyes, Axel Callis, asegura que la receptividad de los ciudadanos a los mensajes del Rechazo se pavimentó entre febrero, marzo y abril, cuando el debate público se centró en iniciativas propuestas por algunos convencionales totalmente alejadas del sentido común de los ciudadanos, como, por ejemplo, disolver el Estado: “La opinión pública entonces no distinguía entre las propuestas y lo realmente aprobado por la Convención. Para la opinión pública todo estaba entrando en la Constitución. Era la élite la que distinguía esta diferencia. Allí se generó una masa crítica que el Rechazo aprovechó más”.
¿La pérdida de la vivienda propia?
La discusión sobre la propiedad de las viviendas alcanzó notoriedad a fines de junio de este año, poco antes de que arrancara la campaña legal. El 28 de ese mes se viralizó un video de una actividad en la ciudad de Angol, en donde Francisco Orrego, vocero de “Con Mi Plata No” y exasesor de Fontaine en la Convención, le señaló a un grupo de vecinos que la propuesta constitucional no priorizaba la propiedad de las viviendas.
“Que no les mientan. Yo les quiero dar estas herramientas para que conversen con sus vecinos y les digan que este derecho a la vivienda no es derecho a la vivienda propia, y eso implica que a futuro pueda haber una reestructuración completa de todo el sistema de cómo el Estado otorga subsidios”, dijo el abogado en el registro que fue difundido por Twitter. Exconvencionales denunciaron en la misma red social que la información del vocero era falsa.
El temor a la pérdida de la vivienda propia sin una indemnización adecuada ya había sido objeto de propaganda viralizada. El 4 de mayo la Convención acordó incorporar al texto el concepto de “justo precio para el bien expropiado”. Ese mismo día (a dos meses de que se iniciara el período legal de campaña), La Coordinadora –plataforma que articuló a las organizaciones civiles del Rechazo– pagó cerca de 300.000 pesos chilenos para viralizar un video que trataba sobre el “justo precio”. La publicidad tenía como protagonista a la Tía Norma (personaje creado para explicar la discusión constitucional), quien preguntaba a las personas en la calle: “Si tuviera que expropiar su casa, ¿querría que le pagaran menos de lo que cuesta?”. El video concluye con la Tía Norma diciendo: “La nueva Constitución dejará en manos de los políticos determinar si las indemnizaciones serán a valor de mercado o no”.
¿Todos a Fonasa y hospitales colapsados?
La misma fundación CEA difundió por Whatsapp una minuta sobre salud que fue reenviada por políticos y adherentes. “Qué se aprobó y sus implicancias”, decía el texto de dos páginas, viralizado el 10 de junio. Mientras la propuesta constitucional proponía un “Sistema Nacional de Salud” que puede integrar a prestadores públicos (hospitales) y privados (clínicas), la minuta de la fundación ligada a Fontaine le cambió el nombre al nuevo sistema. Así, la fundación CEA lo rebautizó “Sistema Público Nacional de Salud Único”, agregando que “todos pasaremos a Fonasa” y concluyendo: “O sea, tendremos más pacientes, más necesidad de atención, más listas de espera y no más presupuesto en el sistema público”. Pero eso no es lo que decía la propuesta constitucional.
“Fonasa no va a existir y las isapres [instituciones de salud previsional, privadas], tampoco [...]. La norma propuesta dice que el Sistema Nacional de Salud podrá estar conformado por prestadores públicos y privados, buscando justamente la integración público-privada, como ocurrió en la pandemia, para que todos puedan atenderse en todas partes”, señaló a Ciper el exconvencional Gaspar Domínguez antes de la votación del 4 de setiembre. Y agregó: “El detalle sobre cómo va a funcionar la relación de los prestadores privados con los públicos, cuáles van a ser las condiciones para ellos, cuáles van a ser las condiciones para los usuarios, son preguntas que no es posible responder ahora, porque serán materia de la discusión legislativa en los próximos años”.
¿El fin de los colegios particulares subvencionados?
El 12 de mayo, la Convención aprobó la creación del Sistema Nacional de Educación. Los convencionales de derecha intentaron, sin éxito, que quedara explícito en el texto que el Estado puede financiar establecimientos educacionales no estatales y el derecho preferente de los padres a educar y criar a sus hijos. Esto motivó las críticas de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados.
Entonces, se comenzó a instalar en las redes sociales que la propuesta terminaría con los colegios particulares subvencionados, al mismo tiempo que con la diversidad de proyectos educativos. Pero el texto señalaba de manera explícita que el Sistema Nacional de Educación incluiría a los establecimientos creados por el Estado (la educación pública) y los reconocidos por este (subvencionados y privados), y que se consagraba la libertad de enseñanza, por lo que habría distintos proyectos educativos entre los cuales los padres podrían escoger.
En la difusión de los mensajes que apuntan a que los colegios particulares subvencionados estarían en riesgo tuvieron un rol central organizaciones como la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile o iniciativas como Con Mis Hijos No Te Metas.
Ya terminado el trabajo de la Convención, la fundación Acción Educar, fundada por el exministro de Educación del gobierno de Sebastián Piñera Raúl Figueroa lanzó la campaña “Nadie me lo contó”, en la que criticaba la propuesta constitucional, señalando que deja a “padres sin alternativa” y “no garantiza el derecho preferente a los padres a educar”. La fundación, que no se inscribió legalmente para hacer campaña, gastó 8,9 millones de pesos chilenos en publicaciones de este tipo en Facebook e Instagram entre julio y agosto de 2022, cuando ya estaba en marcha el período legal de campaña.
Este artículo fue publicado originalmente por Ciper.