Una creciente preocupación está emergiendo en la comunidad internacional, mientras prosigue la guerra entre Israel y Hamas, la facción palestina que gobierna la Franja de Gaza.
En las últimas horas las autoridades sanitarias gazatíes informaron que las personas que murieron desde que comenzaron los bombardeos israelíes son más de 8.000, 3.324 de los cuales son niños.
La situación en la zona está siendo seguida de cerca por muchos actores internacionales. Uno de ellos es el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el británico Karim Khan, quien, de acuerdo a lo que informó el diario inglés The Guardian, visitó el fin de semana el cruce fronterizo de Rafah, en el límite entre Egipto y la Franja de Gaza.
Desde allí, en una conferencia de prensa, Khan expresó que la CPI tiene “investigaciones activas en curso en relación con los crímenes supuestamente cometidos en Israel el 7 de octubre y también en relación con Gaza y Cisjordania”.
Khan dijo: “Estamos analizando de forma independiente la situación en Palestina. Estamos observando los acontecimientos en Israel... Necesitamos cooperación. Necesitamos ayuda. Pero vamos a tener la determinación, la resistencia y el profesionalismo para asegurarnos de separar las acusaciones de los hechos”.
Al tiempo que las fuerzas israelíes comenzaron su invasión por tierra a Gaza, hay en curso numerosas gestiones, en primer lugar, para evitar que la crisis humanitaria que allí se vive no se profundice cada vez más; y más a largo plazo, pensando en un alto al fuego que preceda un hoy muy poco visible acuerdo de paz.
Respecto de la ayuda humanitaria, la Casa Blanca informó que este domingo el presidente estadounidense, Joe Biden, habló sobre el tema con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
De acuerdo a lo que trascendió, en su conversación el líder demócrata instó de manera enfática al jerarca israelí a permitir la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza de manera inmediata y reiteró que debe cumplir con el derecho internacional, que “prioriza la protección de los civiles”.
Por otra parte, según informó el gobierno de Washington, Biden le reiteró a Netanyahu que Israel tiene “todo el derecho” a defender a sus ciudadanos del terrorismo, pero debe tener en cuenta a los civiles de Gaza, las principales víctimas de la guerra en este momento.
Las autoridades israelíes aún no terminaron de digerir la vulnerabilidad que mostraron al ser sorprendidos por los sangrientos ataques de Hamas del 7 de octubre que causaron más de 1.400 muertes en varios kibutz y granjas colectivas situadas cerca de la frontera con el territorio gazatí.
La sociedad israelí, alimentada por una persistente propaganda mediática, está en buena medida alineada con la guerra en curso, aunque hay enormes matices dentro de una situación sumamente compleja.
En la noche del sábado hubo algunas manifestaciones pequeñas pidiendo la renuncia de Netanyahu, que ese mismo día se había reunido por primera vez con familiares de algunas de las personas que fueron secuestradas por Hamas.
Voceros del Ejército israelí actualizaron este domingo los datos e informaron que las personas que están cautivas son 239, al tiempo que 40 permanecen desaparecidas.
El sábado Netanyahu también dio una conferencia de prensa en la que respondió algunas preguntas, aunque en un tono básicamente evasivo y eludiendo las responsabilidades que se le achacan por el ataque al país perpetrado por Hamas.
Ahora, los objetivos fijados por el gobierno de emergencia que lidera Netanyahu son claros en su planteo, aunque difíciles en su realización efectiva: liquidar las capacidades militares operativas de Hamas y a la vez sacarlos del gobierno de Gaza.
En el terreno, la invasión terrestre a Gaza al parecer es menor a la programada inicialmente por las fuerzas israelíes, debido a que existen enormes presiones internas para no poner en peligro a los rehenes que fueron raptados por los comandos de Hamas.
Por otra parte, las autoridades militares en ningún momento pusieron un plazo sobre la duración de esta operación, pero se estima que puede llevar varios meses. Un dato que apoya esta suposición es que las universidades israelíes postergaron hasta el comienzo de diciembre el inicio de clases -cuando inicialmente habían planteado que los cursos se retomarían en noviembre-, porque prevén que hasta entonces no habrá una desmovilización de las reservas militares, conformadas en buena medida por estudiantes.