Los frenos a Milei

Durante la campaña electoral, Javier Milei dio marcha atrás en varias de sus posiciones políticas. Dijo que no impulsaría la libre portación de armas, que había defendido, y aclaró que no era posible ir hacia sistemas de salud y educación privados en los que “cada argentino pague por sus servicios”, aunque los había definido como los mejores sistemas posibles. Tanto la salud como la educación están en manos de los gobiernos de las provincias y no del presidente, aclaró.

Del mismo modo, economistas y políticos han puesto en duda la viabilidad de otros de los proyectos que Milei sigue defendiendo, ahora como presidente electo de Argentina. Cuestionan, entre otras iniciativas, su plan de dolarizar la economía o cerrar el Banco Central, al menos en el corto plazo, y advierten que diversas condiciones económicas impiden adoptar esas medidas, además de la falta de mayorías en el Congreso para aprobarlas.

Una de esas voces fue la de Luis Caputo, extitular del Banco Central, exministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri y cuyo nombre suena para ocupar el cargo de ministro de Economía de Milei. En un informe de su consultora, Anker, citado por Infobae esta semana, Caputo manifestó: “Creemos que habrá una hoja de ruta ordenada y no disruptiva para la dinámica del mercado, y descartamos un escenario de dolarización a cualquier precio”.

La posición de Caputo y su posible llegada al ministerio llevaron a que Emilio Ocampo, designado por Milei presidente del Banco Central y partidario de cerrar esa institución, renunciara a asumir ese cargo, informó La Nación. A continuación, la Oficina del Presidente Electo emitió un comunicado en el que ratificó que “el cierre del Banco Central de la República Argentina no es un asunto negociable”.

Milei no detalló qué camino recorrería para cumplir esa promesa, ni la de dolarizar la economía o la de privatizar “todo aquello que pueda quedar en manos de privados” sin mayorías parlamentarias.

Para el diputado de la Unión Cívica Radical Martín Tetaz, la dolarización es un “fuego de artificio”, al igual que la propuesta de privatizar los medios públicos, porque esas políticas necesitan el respaldo de una ley en el Congreso.

Los medios estatales como la agencia de noticias Télam, Radio Nacional y Televisión Pública fueron creados por ley, tal como recordaron sus directores en una carta pública dirigida al presidente electo en la que rechazaron su idea de privatizarlos. Por lo tanto, para seguir con sus planes, Milei necesitaría recurrir al Congreso y conseguir una mayoría simple de votos para cambiar la legislación. Pero la Libertad Avanza, reúne sólo 15% de los diputados y 10% de los senadores.

Lo mismo ocurriría con Aerolíneas Argentinas, que según el presidente electo “hay que dejársela a los empleados” para que ellos mismos expulsen “a los que se dedican a hacer política en lugar de trabajar” y la empresa compita en un mercado de “cielos abiertos”. Los empleados respondieron que sin apoyo estatal, la aerolínea no es viable.

Otra privatización anunciada por Milei, la de la empresa pública YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que lidera la explotación de la reserva de gas y petróleo de Vaca Muerta), sería todavía más difícil de llevar adelante, porque requiere mayorías parlamentarias especiales.

Según dijeron al diario Página 12 el exsubsecretario de Hidrocarburos Juan José Carbajales y el exdirector del Ente Nacional Regulador de la Energía Marcos Rebasa, para cambiar el paquete accionario de YPF se necesitan dos tercios de los votos en el Congreso. Actualmente, 51% de las acciones de esa empresa están en manos del Estado nacional y son parte de un Fondo de Garantía de Sustentabilidad, mientras que el otro 49% es controlado por las provincias, con las que Milei tendría que negociar la venta sin tener ningún gobernador de su partido, La Libertad Avanza.

La prensa argentina informó que un camino que podría intentar seguir Milei para impulsar algunas privatizaciones es el de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Son normas que tienen la misma validez que una ley, y se aplican apenas son publicadas en el Diario Oficial, pero después deben ser ratificadas por los parlamentarios.

El proceso de ratificación o rechazo de los DNU, que es un trámite legislativo largo, juega a favor del Ejecutivo, porque para que la norma quede sin efecto deben votar en contra las dos cámaras. Según informó eldiario.ar, nunca en los últimos 40 años un DNU llegó a ser rechazado por el Congreso, pero nada impide que esta sea la primera vez, y la falta de apoyo parlamentario del próximo gobierno podría abrir paso a esa excepción.

Para otra de sus propuestas, la de “eliminar” la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Milei dijo en campaña que convocaría a un plebiscito. Pero también ese camino se presenta difícil para La Libertad Avanza, porque si se pretende que una consulta de este tipo sea vinculante, es necesario que la convocatoria sea aprobada por el Congreso.

Incluso si Milei contara con la mayoría que necesita en Diputados para llamar a un plebiscito, hay dudas de que pueda aplicarse para esta ley en particular. De acuerdo con Chequeado, no todos los especialistas coinciden en que pueda plebiscitarse una norma en materia penal, como esta.

Efectos anticipados

En otras iniciativas el gobierno ya avanzó. Una de ellas es la de recortar el número de ministerios de 18 a ocho: Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Capital Humano (que incluye educación, salud, trabajo y niñez), Defensa, Seguridad, Justicia e Interior.

Algunas de las actuales carteras pasarán a ser secretarías y otras podrían desaparecer, entre ellas Cultura, Ciencia, Desarrollo Social, Tecnología e Innovación, Ambiente, y Género y Diversidad.

No está claro todavía cuál será el impacto presupuestal de estas decisiones, pero Milei ya anunció que dará prioridad al equilibrio fiscal y dijo que está dispuesto a “echar” a aquellos ministros que gasten más que lo que ingresa al Estado. “Voy a hacer ajuste de shock”, afirmó.

En una entrevista habló de paralizar la obra pública porque “no hay plata” y en otra advirtió que vienen meses difíciles para Argentina. Dijo que la inflación continuará durante al menos seis meses, y puso en duda el pago del medio aguinaldo de diciembre en el sector estatal.

Aunque Milei recién asume el 10 de diciembre, sus anuncios ya tuvieron impacto. “Ya hay telegramas de despidos de las empresas por los dichos de Milei” sobre la paralización de la obra pública, dijo Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, de acuerdo con Télam. “Las empresas emiten facturas con 60 días de antelación normalmente y están diciendo que no van a ejecutar más si no se les paga”, manifestó. Advirtió que si se paralizan las “3.500 obras que están en ejecución en todo el país con fondos nacionales”, 300.000 trabajadores “pasarían a la calle”.

Sobre la propuesta de Milei de que las obras públicas las lleven adelante privados a cambio de obtener una cierta rentabilidad, Weiss consideró que “no son muchas las obras públicas que tengan rentabilidad para que el privado se interese”.

También el fin de los programas Precios Cuidados y el próximo vencimiento de otro, Precios Justos, sumados a la perspectiva de que Milei no va a intentar incidir en los precios y a las dudas sobre la política monetaria, impactaron en la suba de los precios de los alimentos y productos de limpieza. Según informó Página 12, empresas de pan envasado llegaron a incrementos de 120% y 140% en algunos de sus productos, que en promedio subieron 65%, mientras que firmas de derivados de la leche elevaron sus precios 50% y otras compañías de alimentos los aumentaron hasta 35%.

A su vez, el anuncio de Milei de que derogará la última ley de alquileres –que establece contratos de tres años, con subas reguladas cada seis meses– y la afirmación de que se habilitarán “contratos libres” en cualquier tipo de moneda ya tuvieron impacto en el mercado de vivienda, pese a que esta medida también requiere una nueva ley.

“Esa declaración generó consecuencias inmediatas, que vemos con preocupación. Desde ayer a la mañana se suspendieron las firmas de los contratos de alquiler, esperando [a ver] lo que suceda”, dijo el jueves el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, según citó Télam. “Mucha gente renueva contratos o se muda y les están diciendo que no se firman los contratos”, agregó.

Alerta social

Los anuncios también mantienen en alerta a otras organizaciones, como la Asociación de Trabajadores Estatales, que según anunció se prepara para “defender los derechos adquiridos de todos los trabajadores”.

A su vez, el secretario general de una de las vertientes de la Central de Trabajadores Argentina, Hugo Yasky, dijo que “el Parlamento tiene que seguir funcionando y muchas de las medidas que signifiquen terminar con leyes existentes o medidas que impliquen el patrimonio nacional tienen que pasar por el Congreso”. Advirtió que “derogar la ley de alquileres sería entregar a diez millones de personas, ponerlas bajo las leyes que va a dictar el mercado y van a terminar pagando en dólares”, algo que es “una locura”, citó Télam.

De acuerdo con Yasky, la privatización de YPF y de los medios públicos, así como la derogación de la ley de alquileres, serían “un retroceso enorme para la Argentina” y “el indicio de que hay un gobierno dispuesto a saquear al país”. En el caso de YPF, afirmó que Vaca Muerta “es una oportunidad para la Argentina” y una privatización la convertiría en “una oportunidad de negocios para las empresas multinacionales”.

También uno de los titulares de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hécto Daer, manifestó la preocupación de los trabajadores por los anuncios de ajuste fiscal y paralización de las obras públicas. “Si avanzan sobre los derechos sindicales, vamos a tomar medidas”, dijo, después de una reunión con los principales referentes de la CGT. “No hay un proyecto de país con menos trabajadores”, agregó.

A su vez, los responsables de los medios públicos advirtieron que la intención de privatizarlos “demuestra un gran desconocimiento del rol que cumplen en la construcción democrática”. Señalaron que esos medios “son esenciales para el fortalecimiento de la vida democrática, la libre expresión, la diversidad de voces y la construcción ciudadana”.

Consultado sobre las posibles protestas sociales en rechazo a sus medidas de ajuste, Milei respondió en una entrevista con Radio Mitre: “El Estado se encarga de la seguridad y la justicia. Cuando hay un delito, se lo reprime”.