Se reiteran las protestas contra el paquete de medidas impuesto por Milei

Hace unos días se viralizó un tuit –o X– que decía que un día en Argentina equivale a siete días en cualquier otro país del mundo. Cada tanto aparecen otras comparaciones más drásticas, un día argentino como equivalencia de varios años en otras latitudes. También hubo otro que decía que los mayos son franceses y los diciembres, argentinos. El ingenio popular recoge retazos de una realidad desbocada: en apenas 13 días el gobierno de Javier Milei pasó de una asunción de espaldas al Congreso Nacional con el 55% de los votos a una serie de protestas y cacerolazos esparcidos por todo el mapa.

Estallaron el miércoles por la noche, cuando el presidente desglosó en cadena nacional sólo 30 puntos de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que incluye 366 artículos que desregulan la economía. La desregulación es tan profunda que la canciller actual, Diana Mondino, en su análisis del nuevo mercado de alquileres aseguró que los contratos pueden pactarse en cualquier moneda, “incluso en litros de leche”. No es broma.

Esa noche misma del miércoles hubo protestas y cacerolazos masivos, especialmente en la ciudad de Buenos Aires y con epicentro de miles de personas congregadas frente al Congreso, al que le exigen que reponga la institucionalidad perdida y rechace el DNU.

Los constitucionalistas más renombrados del país han advertido de lo impropio de la medida, porque el Ejecutivo se arroga potestades legislativas con modificaciones tributarias y económicas que así no deben pasar por el Legislativo. Incluso quienes apoyan las reformas y la desregulación de la economía, como el constitucionalista Daniel Sabsay, repudiaron el método. Andrés Gil Domínguez también advirtió que el decreto “es un claro intento de suma del poder público, no acredita una situación de emergencia objetiva, sólo una necesidad de imponer un proyecto político”. Afirmó que “el Congreso puede funcionar y debatir los temas”, y que el camino del DNU “afecta la división de poderes y es contrario a la República”.

Gil Domínguez aseguró a la diaria que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a intervenir, seguramente”, aunque advirtió que le parece “difícil que el Congreso rechace el DNU porque desde 1994 a la fecha nunca fue rechazado ninguno”.

Las protestas se replicaron el jueves en el Congreso y diversos puntos del país, con nutrida presencia en Rosario, Mar del Plata, La Plata y Córdoba, entre otras ciudades. En esta provincia mediterránea en la que Milei sacó 75% de los votos, miles de personas repudiaron el decreto y el gobernador peronista, Martín Llaryora, hizo debutar el protocolo antipiquetes (resolución 943 del Ministerio de Seguridad) con una represión feroz de balas de goma y gases que acabó con varias detenciones arbitrarias. Los manifestantes fueron liberados en la madrugada y la mañana de ayer, ya que no había motivos para su retención.

El día de ayer siguió con una protesta desde el mediodía en la capital argentina y varios puntos del país. Mientras tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, encabezaba en la Casa Rosada una conferencia en la que identificaba 14 organizaciones –Polo Obrero, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa, Frente de Obreros en Lucha, entre otras– y advertía que les cobrarían hasta 60 millones de pesos argentinos en materia de costos “de operativo policial”.

La respuesta oficial del presidente se produjo por medio de una entrevista radial en la que se mofó de los manifestantes: “Puede ser que haya gente que sufre síndrome de Estocolmo. Hay personas que están abrazadas al modelo que los empobrece, miran con nostalgia y amor al comunismo”. En la presentación del decreto ya había advertido que para su gobierno, comunistas, socialistas y fascistas son todos lo mismo, y los denomina colectivistas, es decir, personas que creen que el Estado debe regular o inmiscuirse en la vida de las personas. Es textual. Durante el correr de la semana siguió replicando dibujos, tuits y mensajes que atacaban a los manifestantes y que se burlaban de ellos.

Ayer se replicaban las protestas y la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciaba para el miércoles una movilización contra la reforma laboral impuesta por decreto, mientras que analiza un eventual paro general que le reclaman la población y las organizaciones sociales. Desde el Polo Obrero, el principal dirigente piquetero, Eduardo Chiquito Belliboni, dialogó con la diaria y dijo que el decretazo debería ser respondido “con un paro general de la CGT y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)”.

La resistencia al decreto que anunció Milei como plan de desregularización de la economía motivó una extraña comunión de piqueteros, clase media e incluso dirigencia de centroderecha. Mientras las calles eran copadas por manifestantes populares, dirigentes de Juntos por el Cambio, como Horacio Rodríguez Larreta y Miguel Ángel Pichetto, y el flamante titular de la Unión Cívica Radical, Martín Losteau, advertían que repudiaban las formas más allá del contenido del decreto.

Lateralmente, los analistas empiezan a pensar: es posible que el decreto sea rechazado por el Congreso –que tiene que conformar una Comisión Bicameral con ocho miembros de cada cámara y emitir una resolución de rechazo o aceptación del DNU– o por la Justicia. Si una sola de las cámaras luego aprueba el decreto, este adquiere fuerza de ley. Los libertarios son minoría en ambas cámaras, por lo que sería rechazado; pero las autoridades de los partidos más cercanos al oficialismo –Juntos por el Cambio y UCR por igual– aseguran que muchas de las medidas las podrían apoyar si ingresan al Parlamento. ¿Será que todo ha sido una estrategia?

La vía judicial entrará en acción en los próximos días. Primero debería entrar en vigencia el decreto, para lo que deben pasar ocho días hábiles desde su publicación. El Observatorio del Derecho a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo el jueves la primera presentación judicial contra el decreto por considerar que es inconstitucional y constituye un ejercicio de facultades extraordinarias equivalentes a la suma de todo el poder público: esto está expresamente prohibido por el artículo 29 de la Constitución.

Piquete y cacerola, la lucha es una sola

La semana más convulsionada de los últimos años había empezado el lunes con la tradicional marcha del 20 de diciembre, que conmemoraba 22 años desde la protesta, la represión y los asesinados del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Para esa fecha, la flamante ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en 2001 era ministra de Trabajo, había anunciado –e hizo debutar– la resolución 943, conocida como “protocolo antipiquetes”, según la cual las organizaciones no pueden manifestarse cortando vías de circulación. “La resolución profundiza los niveles de violencia y conflicto social”, dijo a la diaria la directora de Amnistía Internacional argentina, Mariela Belski.

La respuesta fue una manifestación de miles de personas que fueron dobladas por fuerzas federales, pero que de todos modos lograron llegar a Plaza de Mayo para realizar un acto que terminó sin mayores incidentes. “Las medidas que tomamos fueron muy importantes porque se enfrentan a un intento del gobierno nacional de limitar la protesta y los reclamos en el marco de un paquete de leyes que es un verdadero mazazo a las libertades democráticas y al régimen parlamentario que rige en Argentina, señaló Belliboni a la diaria unas horas después de conocido el decreto de Milei.

“El decretazo de Milei golpea fuertemente la división de poderes, pero además arrasa con el derecho de huelga, golpea las libertades democráticas y es el intento de instaurar un régimen dictatorial que tiene que ser absolutamente resistido”, agregó.

Belski, por su parte, señaló que “el ‘protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación’ se publica en un contexto de profunda crisis social y económica que ha ido empeorando en los últimos años. Ante esta situación, se hace aún más fundamental el derecho de exigir ante las autoridades la mejora de las condiciones de vida, que en muchos casos puede significar la propia supervivencia”.

En ese sentido, consideró que el deber del Estado es garantizar el derecho a la protesta y la seguridad de los manifestantes frente a las fuerzas de seguridad. “Desde Amnistía Internacional manifestamos preocupación frente a la sanción del protocolo, ya que fija pautas de actuación policial y estatal que vulneran el derecho a la libre reunión y asociación y a la libertad de expresión. A su vez, las atribuciones para la intervención de los agentes policiales y de seguridad no respetan los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y generarán indefectiblemente que la violencia y el conflicto social se intensifiquen, poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas”, añadió.

Para la abogada María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión policial (Correpi) se trata de “la declaración de un estado de excepción”: “No necesitamos salir a hacer hipótesis sobre lo que se propone Bullrich porque ya lo hizo entre 2016 y 2019, pero en ese entonces era el ala dura de su gobierno y aquí está con gente más dura que ella. Todo el contenido es de una verdadera declaración de un estado de excepción con suspensión de las garantías constitucionales. Y les dice a las fuerzas de seguridad cómo intervenir y cómo calificar los supuestos delitos, pero eso es tarea judicial”.

Consultada por los objetivos de la medida, si se trata de amedrentamiento o justificación de una represión por venir, Verdú advirtió que teme que no se trata sólo de amenazas, sino de una continuidad con una represión recibida entre 2016 y 2019. Correpi y otras casi 100 organizaciones configuraron en los últimos días la Red de Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, y están organizando recomendaciones para los manifestantes y, a la vez, guardias de asistencia legal para todos aquellos que sean detenidos por la Policía.

Amenazas a los planes sociales

El protocolo de seguridad, además de limitar la protesta a las veredas, fue acompañado por la advertencia de que las personas que cobrasen planes sociales los perderían en caso de cortar calles o vías. Durante todo el 20 de diciembre, hubo mensajes en cartelería y altavoces de estaciones de trenes y subterráneos para advertir a la población. Las amenazas llegaron incluso a los teléfonos celulares vía mensaje de texto. También hubo decenas de ómnibus frenados para inspección de los pasajeros y para evitar que supuestos manifestantes –tal la calificación– llegaran al centro de Buenos Aires.

La situación, orwelliana por demás, fue justificada por el gobierno, que además acusó mediáticamente al Polo Obrero de mantener cautivos a los desocupados. En los mensajes oficiales anunciaron que quienes fuesen amenazados con la pérdida de beneficios sociales por organizaciones debían comunicarse al 134. Horas más tarde, anunciaron que habían recibido miles de llamados y que hubo denuncias contra el Movimiento Evita, pero esa organización no manifestaba. Un paso (en falso) de comedia.

Para Belliboni, estas denuncias son “una imbecilidad y una mentira”. “Los planes sociales son una desgracia inventada por los gobiernos por el fracaso de sus políticas para crear trabajo. Los reclamos de las organizaciones de desocupados son por trabajo genuino, no por planes. Los programas sociales no sirven para resolver el problema del trabajo y estigmatizan al ciudadano. No queremos el Potenciar Trabajo, que no potencia nada”, dijo a la diaria. Sin embargo, aclaró: “Ahora, habiendo esos programas y no teniendo otro ingreso, exigimos que la persona reciba ese plan y que lo haga según su situación social, democráticamente, no a través de los punteros. Los punteros existen desde antes de las organizaciones sociales y eran el método de los intendentes en cada distrito. Nosotros fuimos a los barrios a instalar el método democrático de la asamblea, del debate, de la deliberación y los plenarios de delegados, donde todos tienen derecho a debatir e intervenir. No somos punteros ni intermediarios: las personas cobran a través de tarjetas bancarias y a través del banco. Nosotros retomamos la tradición de los anarquistas y los socialistas de pedir un aporte social o cuota sindical, que es absolutamente voluntaria, para poder constituir nuestra organización y a veces para aportar a la olla popular, es decir, sirve para autosustentar la organización de los desocupados”.

“El protocolo dedica varios artículos a la criminalización, persecución y estigmatización de quienes participen en las manifestaciones con especial foco en líderes, referentes sociales y organizaciones políticas, sociales y sindicales, así como defensores de derechos humanos”, manifestó Belski. La directora de Amnistía Internacional argentina dijo que su organización “advierte sobre la posibilidad de que se adopten tipos penales que tengan la aptitud objetiva de generar temor en las personas responsables de las organizaciones (por ejemplo, a una entidad gremial), a los efectos de que se abstengan de convocar o participar en protestas y así reivindicar sus derechos”.