Autoridades judiciales turcas emitieron durante el fin de semana más de 110 órdenes de arresto contra dueños de empresas constructoras, arquitectos e ingenieros relacionados con algunos de las decenas de miles de edificios que se destruyeron completamente o que resultaron gravemente dañados en los sismos que ocurrieron el lunes, impactando un área de aproximadamente 110.000 kilómetros cuadrados en el sur del territorio turco y en el noroeste del sirio.

Mientras los equipos de rescate siguen trabajando ya prácticamente sin esperanzas de encontrar personas con vida, la cifra total de muertos en los dos países supera las 33.000, pero las previsiones indican que este número podría duplicarse. En Turquía alrededor de 80.000 personas permanecen hospitalizadas con heridas de diversa entidad y en Siria, donde el terremoto causó menos daño, los heridos rondan los 5.000.

Este domingo medios estatales turcos informaron que al menos 12 personas estaban bajo custodia de la Policía, en tanto que la ira de la población en las regiones afectadas sigue aumentando, por la escala de la destrucción y la lentitud de los esfuerzos de rescate. Es por esto que muchos oponentes políticos del presidente Recep Tayyip Erdoğan consideran que los arrestos son un intento de quitarse responsabilidad ante la tragedia, con las elecciones de mayo cada vez más cerca. El vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay, dijo en una declaración pública el domingo que las autoridades identificaron a 131 personas sospechosas de ser presuntamente responsables del derrumbe de algunos de los miles de edificios arrasados ​​y que se emitieron órdenes de detención para 113 de ellos.

“Haremos un seguimiento meticuloso de esto hasta que concluya el proceso judicial necesario, especialmente para los edificios que sufrieron graves daños y donde hubo muertos y heridos”, dijo Oktay. Por su parte el ministro de Medio Ambiente del gobierno de Erdogan, Murat Kurum, dijo que, según una evaluación inicial de más de 170.000 edificios en el sur del país, casi 25.000 se derrumbaron o sufrieron graves daños por los terremotos.

Los líderes de la oposición vienen acusando a Erdogan -quien es presidente desde 2014- de no hacer cumplir las normativas de construcción antisísmicas y de no rendir cuentas de las ganancias de un impuesto implantado después del terremoto de İzmit de 1999, con el cometido de garantizar que los edificios fueran construidos teniendo en cuenta la posibilidad de que haya terremotos.

Aunque en Turquía existe una normativa sobre resistencia sísmica en la construcción, rara vez se aplica, incluso en las viviendas más recientes y que deberían haber soportado mejor los temblores. Además, bajo los gobiernos de Erdogan se aplicaron varias amnistías a los edificios que habían incumplido la normativa y se legalizó su situación a cambio de una multa económica. 

El presidente acusó a sus críticos de mentir y también afirmó que estos hechos no se pueden prevenir, que las catástrofes “siempre han ocurrido” y son “parte del plan del destino”. De todos modos, Erdogan se comprometió a comenzar la reconstrucción de las numerosas ciudades y pueblos destruidos en pocas semanas.

El mandatario reconoció los problemas en las tareas de ayuda, en parte atribuibles a las carreteras, que quedaron gravemente dañadas por los terremotos, pero dijo que la situación se había controlado. En varias ocasiones llamó al pueblo a estar unido, a ser solidario y calificó los ataques de sus opositores como politiquería “negativa”.

A la destrucción ocasionada, en los últimos días se sumaron en las zonas afectadas actos delictivos, que incluso llevaron a que los equipos de rescate de Alemania y Austria suspendieran el sábado sus tareas en la provincia turca de Hatay, la más golpeada por el terremoto. Según los funcionarios, se registraron esporádicos enfrentamientos armados entre bandas, mientras pobladores de la zona denunciaron robos y saqueos entre las ruinas de las casas destruidas.

De acuerdo a lo que informaron agencias internacionales, la dramática situación que están viviendo miles de turcos llevó a que el gobierno alemán confirmara que los damnificados por el terremoto que tengan familiares en territorio germano podrán obtener una visa temporal por tres meses para trasladarse al país europeo.

Pero si en Turquía las cosas no son fáciles, mucho más compleja es la realidad en Siria, donde representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron que la ayuda humanitaria no está llegando a los lugares donde se la precisa.

Si bien el domingo llegó desde Turquía una decena de camiones que transportaban suministros urgentes, el jefe de socorro de la ONU, el británico Martin Griffiths, dijo que se necesitaba mucho más para millones de personas cuyos hogares habían sido destruidos.