Un aumento de la sensación de inseguridad, sumado a la indignación por la muerte de dos carabineros, Rita Olivares y Alex Salazar, enmarcaron el proceso de aprobación de una ley de seguridad que da mayores potestades a la policía en Chile. El proyecto de ley Naín-Retamal, que fue cuestionado desde su formulación en el Parlamento, fusiona dos propuestas que fueron presentadas por la derecha en años recientes y que toman, a su vez, el nombre de otros dos carabineros a los que habían matado cuando hacían su trabajo, Eugenio Naín y Carlos Retamal.

Luego de asistir a una ceremonia por la muerte de Olivares, el 28 de marzo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que tanto los Carabineros como el resto de la sociedad chilena enfrentan en la delincuencia una amenaza “que es mucho mayor” que la conocida hasta ahora, y que esos funcionarios “tienen que contar con todo el respaldo”, tanto presupuestal como el de “una legislación que, ateniéndose al respeto a los derechos humanos –como corresponde–, sea una que en ningún caso los prive de defenderse frente a los delincuentes”.

Boric también pidió “unidad” a los distintos sectores políticos en materia de seguridad. Después de la muerte de Olivares, su gobierno y los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado –ambos de derecha– se comprometieron a colaborar para tratar con rapidez una serie de proyectos de ley. “Tenemos una delincuencia distinta de la que teníamos hace años, por lo tanto, nuestras estrategias deben ser distintas”, dijo Boric.

En ese marco, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados fusionó los proyectos de ley Naín y Retamal en una sola iniciativa. La nueva norma aumenta las penas por homicidio si la víctima es un carabinero y establece el concepto de “legítima defensa privilegiada”, que elimina la idea de proporcionalidad en la actuación de la policía al defenderse y “presume” que esos funcionarios usaron sus armas de fuego dentro de la legalidad. En el Senado se puso un límite a la iniciativa y se estableció que esa “legítima defensa privilegiada” se aplique sólo cuando está en peligro la integridad física del policía o la de terceros, no cuando el bien que se intenta defender sea la propiedad.

Varias advertencias

Cuando el proyecto se encontraba todavía en la Cámara de Diputados, Boric alertó: “Llamo a que legislemos con un alto sentido de responsabilidad, escuchando a los expertos y organizaciones que han llamado la atención sobre los efectos que podría tener la ley Naín-Retamal de seguridad”. Señaló que “la justicia, la seguridad y el respeto a los derechos humanos pueden caminar de la mano”.

El presidente advirtió además sobre los riesgos de legislar en caliente. “La política es la mediación entre las pulsiones del momento y los intereses y el bien común de largo plazo. No puede ser sólo de largo plazo y de promesas de un futuro mejor que nunca llega, ni sólo urgencias que no se hacen cargo de las consecuencias que tendrán a medio plazo en nuestra sociedad”, dijo.

Para entonces, un conjunto de más de 130 organizaciones sociales había advertido contra la ley y rechazado el acuerdo entre el gobierno y el Parlamento para “intentar imponer una agenda centrada en una concepción autoritaria de la seguridad”. Agregaron que “las autoridades estatales han aprobado, en su primer trámite, normas que, lejos de ir a las raíces profundas de la inseguridad, respaldan la vocación de impunidad de las policías e instituciones del país”.

“Resulta inaceptable que la justificación del uso de la fuerza letal dependa del criterio del funcionario que utiliza las armas”, agregaron las organizaciones, y recordaron la violencia que desplegaron los carabineros durante el estallido social de 2019. “La crisis de Carabineros la generó la propia institución contando con la obsecuencia y complicidad de las autoridades civiles y de quienes se han beneficiado de una policía que, en lugar de ofrecer seguridad a la sociedad, constituye un instrumento de represión de la legítima protesta y movilización social”, manifestaron.

También el jefe de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para América del Sur, Jan Jarab, cuestionó que “en vez de dotar a las policías de herramientas más eficaces para su función, [lo que hace la nueva ley] es reducir la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la Justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad”.

Con el estallido presente

Durante el tratamiento de la norma en el Senado, donde fue aprobada en general por 40 votos a favor y cinco en contra, la senadora Fabiola Campillai, una de las víctimas de la violencia policial de 2019 –que perdió la vista, el gusto y el olfato al recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la cara–, intervino para cuestionar la ley. “Me pongo de pie para hablar porque, al parecer, a este Senado no le basta con tener una colega a la cual un carabinero le disparó en la cara con un arma que supuestamente era un arma no letal y que pudo haber sido letal para mí, porque estuve entre la vida y la muerte”, dijo. “Este proyecto salió peor de la Comisión de Seguridad, es una aberración como está hoy. No se escuchó ni siquiera al alto comisionado de la ONU”, agregó.

Por su parte, un grupo de más de un centenar de profesores y profesionales del área del derecho penal y la criminología manifestó en una “carta urgente” su preocupación por las modificaciones a las normas que regulan la legítima defensa, informó el periódico digital El Mostrador. Los firmantes señalaron que se podrían afectar de manera grave los derechos de las personas y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Boric llamó públicamente a leer esa carta.

Cuando el proyecto volvió a la Cámara de Diputados, se votó por separado el artículo de la “legítima defensa privilegiada”. La diputada comunista Carmen Hertz manifestó que no está de acuerdo con esa figura, “aun cuando esté acotada” a la protección de la integridad física, ni con que “la carga de la prueba la tenga la víctima”, ni con que “esta exención se extienda a las Fuerzas Armadas”. Agregó: “Necesitamos mayor debate y lamentamos que no se haya escuchado a la ONU, a Amnistía Internacional ni al Instituto Nacional de Derechos Humanos”.

Algunos legisladores de su partido y del Frente Amplio votaron en contra de ese artículo, y varios manifestaron su voluntad de impugnar esta ley ante el Tribunal Constitucional. Según Campillai, esta es “una ley exprés que está mal hecha”, que “obstaculiza la investigación y la justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el estallido social y, además, garantiza la impunidad”.

Ley promulgada

Por su parte, el gobierno tomó distancia de la iniciativa de legisladores de impugnar la norma, y eliminó esa posibilidad al promulgarla, el mismo jueves. “El gobierno dejó atrás este proyecto, porque ya se votó”, dijeron fuentes del Ejecutivo a El Mostrador.

La ley Naín-Retamal fue promulgada horas después de que otro carabinero, Daniel Palma, muriera mientras ejercía sus funciones, el tercero en menos de un mes. Junto a esta norma, el Parlamento chileno aprobó otras que aumentan las penas en delitos como el secuestro, que incrementan el control de armas y que brindan más potestades a los funcionarios de Gendarmería para investigar delitos en las cárceles.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció además que se lanzará una serie de medidas enfocadas en combatir el crimen organizado. Según este plan, su cartera intervendrá en unos 30 barrios donde se registran los delitos violentos más graves. “Las zonas priorizadas son aquellas en que se concentran principalmente casos de impunidad penal, tráfico de drogas y presencia de armas, deterioro barrial y alta presencia de incivilidades e infracciones”, según un comunicado del Ministerio de Interior. A su vez, Boric anunció que se destinarán 1.500 millones de dólares a fortalecer la acción contra el crimen organizado. Mientras tanto, en el centro de Santiago, un centenar de manifestantes protestaba contra el gobierno y reclamaba más protección para los carabineros.