Ya está listo el borrador de Constitución para Chile, elaborado por una Comisión Experta, sobre el que deberá trabajar desde el miércoles el Consejo Constitucional electo el 7 de mayo. El texto es producto de tres meses de elaboración y también de acuerdos interpartidarios alcanzados después de que fracasara el anterior proceso constituyente.
En el borrador se declara que “Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.
A diferencia de la anterior propuesta de Constitución, rechazada en setiembre en un plebiscito, la nueva no alude a una plurinacionalidad en Chile, sino que reconoce “a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible”. Agrega que “el Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
Una iniciativa de reservar escaños para los indígenas en el Parlamento no prosperó. Pero el borrador incluye un artículo que dice que “la ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional”.
Tampoco se estableció en la Constitución la paridad de género en el Ejecutivo y en el Legislativo, como proponía el oficialismo. Se llegó a una disposición transitoria según la cual ni hombres ni mujeres pueden superar una proporción de 60%-40%, señaló el diario La Tercera.
En cuanto a la representación política, el nuevo borrador instala una barrera electoral de 5% de votos para que un partido tenga “derecho a participar en la distribución de escaños” en las cámaras del Parlamento. Sin embargo, en una disposición transitoria para las próximas elecciones se considera que ese umbral será de 4%.
Para fortalecer a los partidos, dispone que el diputado o senador que deje de militar en el suyo o sea expulsado deberá dejar su banca. El borrador también establece que “los partidos políticos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella, serán declarados inconstitucionales”. Le corresponde a la Corte Constitucional decidir si un partido entra en esa situación.
Otro de los capítulos incluye los mecanismos para cambiar la propia Constitución, ya que la actual no tenía ese proceso definido. Si se aprueba este punto del borrador, se la podrá reemplazar a pedido del presidente de la República y en un procedimiento que requiere el acuerdo de al menos dos tercios del Parlamento.
El documento, que contiene 14 capítulos, 215 artículos permanentes y 47 transitorios, dedica un espacio a la protección del medioambiente, que no estaba presente en la Constitución actual. Dispone que esa protección deberá comprender “la conservación, preservación, restauración y regeneración de las funciones y equilibrios de la naturaleza, y su biodiversidad”.
El borrador también señala que “las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. En función del interés público se constituirán derechos de aprovechamiento sobre las aguas, los que podrán ser limitados en su ejercicio, de conformidad con la ley”.
El vicepresidente de la Comisión Experta, Sebastián Soto, consideró que en el proceso de elaboración de este borrador se aprendió a “buscar caminos comunes para proponer al Consejo una Constitución de consenso, que convoque y no divida”, según citó la agencia Télam. Por su parte, la presidenta de la comisión, Verónica Undurraga, evaluó que ese órgano cumplió con su mandato y dijo que está segura de que “los consejeros que van a asumir el día 7 de junio van a hacerlo con la misma responsabilidad y sentido de compromiso por la ciudadanía con que ha trabajado la Comisión Experta”.
El Consejo Constitucional electo tendrá mayoría de la ultraderecha, que es partidaria de mantener la actual Constitución tal como está. Según señaló Efe, el número de bancas que tenía la extrema derecha del Partido Republicano en el consejo se redujo de 23 a 22, en un total de 51 integrantes, debido a la renuncia del consejero electo Aldo Sanhueza, acusado de abuso sexual. La derecha de Chile Vamos contará con 11 bancas y la centroizquierda con 16, 12 de ellas del oficialismo. Otro escaño, reservado a los indígenas, le corresponde a un activista mapuche. Los integrantes de Consejo Constitucional tendrán un plazo de cinco meses para elaborar el texto que será sometido a plebiscito el 17 de diciembre.
Ante el Parlamento, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió al proyecto de elaboración de una nueva Constitución. Llamó a “lograr una propuesta que pueda ser abrazada como suya por una amplia mayoría, de tal modo que podamos cerrar esta página y disponer de una certidumbre básica para desarrollar nuestras vidas y emprendimientos”.
“No queremos una Constitución partisana, sino una Constitución incluyente que acoja el libre juego democrático, que promueva los acuerdos, que acelere las decisiones para no seguir postergando reformas que para la ciudadanía son urgentes”, dijo Boric.
El presidente reconoció que la convención anterior, con mayoría de izquierda, “no hizo suya la necesidad de encuentro, de unidad, de entendimiento que necesitaban las chilenas y los chilenos, generando un clima de intolerancias recíprocas y de enfrentamientos que acabó en el rechazo a la propuesta que de ella emanaba”. Agregó: “Visto en retrospectiva, debimos ser más firmes y haber promovido y exigido mayor diálogo y consenso transversal, tanto dentro de la convención como respecto de ella con la sociedad”.
Un convencional defendió la dictadura de Pinochet
Luis Silva, uno de los constituyentes por el Partido Republicano de José Antonio Kast, defendió esta semana al dictador Augusto Pinochet, de quien dijo que “fue un gran estadista, un hombre que supo conducir el Estado”, y agregó que no se debe “simplificar o reducir” su gestión a las violaciones a los derechos humanos.
En respuesta, la ministra portavoz del gobierno, Camila Vallejo, llamó a hacer “un ejercicio de memoria”. “A 50 años del golpe cívico-militar, nos preocupa que exista negacionismo y se pretenda validar un golpe de Estado, una dictadura, que violó derechos humanos, que masacró a parte de nuestro pueblo y generó heridas hasta el día de hoy”, añadió.
Según informaron la radio Biobio y la agencia Efe, diputados oficialistas presentaron esta semana un proyecto que tipifica el delito de negacionismo de las violaciones a los derechos humanos y lo castiga con penas de prisión de hasta 61 días. Se aplicaría esta ley a quien “apruebe, justifique o niegue los crímenes cometidos por la dictadura”.