El oficialismo argentino intenta avanzar esta semana en el tratamiento parlamentario de la cuestionada “ley ómnibus”, que incluye más de 600 artículos, y espera obtener un pronunciamiento favorable al proyecto en las comisiones legislativas que lo están debatiendo. Para eso busca acercar posiciones con sectores aliados y con legisladores de la oposición que estarían dispuestos a respaldar parte de esos artículos.

“Vamos avanzando en un acuerdo, por supuesto con diferencias. Hemos hablado con los bloques que acompañan la política general de gobierno y hemos conciliado una serie de aspectos sin alejarnos de la estructura de la propuesta del gobierno”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Francos, según citó la agencia Télam.

La norma incluye desde desregulaciones hasta cambios en las jubilaciones, y podría otorgar al Poder Ejecutivo la potestad de legislar, durante los cuatro años de gobierno de Javier Milei, en materias económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, varias de las cuales son competencia exclusiva del Poder Legislativo.

De acuerdo con el diario Perfil, las negociaciones están avanzadas con Propuesta Republicana (PRO), pero existen diferencias entre el partido de Milei, La Libertad Avanza, y los legisladores de la Unión Cívica Radical. Por ejemplo, en la manera de calcular los montos de las jubilaciones.

Desde otros espacios políticos, como Unión Por la Patria, el rechazo a la iniciativa es claro. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que la norma implica “una absoluta vulneración a la división de poderes que no tiene precedentes en la Argentina”.

Otra instancia en la que el gobierno de Milei se pone a prueba es el paro con movilizaciones del miércoles, en el que tiene previsto aplicar el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El gobierno va a hacer “todo lo posible” para que “todo argentino que quiera trabajar” el miércoles “no se sienta amedrentado”, dijo Bullrich, y afirmó que recibe cada día un millar de denuncias de personas que son presionadas para participar en el paro. “Hay un protocolo que organiza las cosas como para que las calles estén libres para las personas que trabajan, que estudian y que se desarrollan”.

Las grandes centrales sindicales -Confederación General del Trabajo (CGT), Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma y Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores- convocan a esta movilización, que en Buenos Aires incluirá una marcha desde la Avenida de Mayo hasta la Plaza del Congreso a las 15.00, para expresar el rechazo al proyecto de la ley ómnibus y al decreto de necesidad y urgencia (DNU) de más de 300 artículos, que Milei firmó en diciembre.

Según informó Página 12, los sindicatos del transporte pararán recién después de las 19.00 para asegurar a los manifestantes la posibilidad de concurrir al acto, que también tendrá sus equivalentes en otras ciudades del país.

A la movilización adhieren distintos movimientos, sectores políticos y organizaciones sociales. Convocan el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, que preside Máximo Kirchner, la Organización de Trabajadores Radicales, así como los intendentes del Frente Renovador de Sergio Massa. Además, en una veintena de países de América Latina y Europa se harán actos frente a las embajadas argentinas en repudio a esta política, informó el periódico.

Uno de los líderes de la CGT, Héctor Daer, dijo que “hay una agresión colectiva muy grande contra distintos sectores de la sociedad, y en particular contra los trabajadores y el 90% de la sociedad productiva argentina”. Agregó que “ningún ítem del DNU o la ley es beneficioso para los trabajadores”, y dijo que esta movilización “es muy amplia en diversos sectores de la sociedad: el 24 no va a ser la CGT, van a ser los científicos, las pymes, los deportes, los artistas”.

Aunque el Ministerio de Seguridad insiste en que los manifestantes deben transitar por las veredas, Mario Manrique, del sindicato de mecánicos, dijo a Página 12 que “no van a alcanzar la veredas” en esta marcha y que “la aplicación del protocolo será imposible”. Aclaró que “no se trata de una bravuconada mía ni del movimiento obrero”, sino de que es “impracticable” aplicar el protocolo cuando salen a la calle 500.000 personas o más. “Espero que la ministra Bullrich lo entienda de una vez, porque además se trata de ejercer el legítimo derecho constitucional a manifestarse”, dijo.