Luego de que la semana pasada la Policía Federal emitiera un informe en el que acusaba al expresidente Jair Bolsonaro y a 36 funcionarios de su gobierno de tramar un golpe de Estado y otras acciones criminales para evitar la asunción del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, una de las principales figuras involucradas, el general Walter Braga Netto, negó la existencia de los planes antidemocráticos.

En un texto que publicó en su cuenta de X, Braga Netto, quien fue ministro de Defensa durante el gobierno de Bolsonaro, también ministro jefe de la Casa Civil –lo que en otros países sería un jefe de Gabinete– y quien además era el compañero de fórmula del exmandatario en las elecciones de 2022 en las que se impuso Lula, escribió: “Nunca hubo un golpe de Estado y mucho menos un plan para asesinar a alguien. Ahora, parte de la prensa lanza esta fantasiosa y absurda tesis de un golpe dentro del golpe”. “Hay creatividad…”, dijo.

También se expresó en las redes sociales otro de los acusados por la Policía, el policial federal Alexandre Ramagem, quien durante el gobierno de Bolsonaro fue el director de la Agencia Brasileña de Inteligencia.

Al igual que Braga Netto, Ramagem desacreditó la investigación, recordando el proceso judicial contra Lula y atribuyendo las actuales acusaciones exclusivamente a intencionalidades políticas.

“Hacen malabarismos con la prensa. La revuelta provocada por gran parte de la población fue la anulación de una condena en tres instancias, con un gran acervo probatorio, que llevó al condenado a la presidencia, además de la destrucción económica que provoca un gobierno del PT [Partido de los Trabajadores] en Brasil. La persecución criminal actual se ha convertido en persecución política”, escribió Ramagem.

Mientras siguen surgiendo declaraciones de un lado y otro, lo concreto es que este lunes el escrito de la acusación policial será remitido a la Procuraduría General de la República (PGR) en los próximos días.

El jurista que está al frente de esta entidad, Paulo Gonet Branco, será quien deberá decidir si el proceso es enviado al Supremo Tribunal Federal (STF) o si, por el contrario, se archiva. Antes de tomar la determinación, el titular de la PGR tendrá audiencias con los defensores legales de los acusados.

De acuerdo a lo que informó Agencia Brasil, Gonet deberá tomarse al menos 15 días para tener una decisión final, pero este año los tiempos legales no darán para finalizar el proceso, porque el receso judicial comienza el 19 de diciembre y finaliza recién el 1º de febrero. Recién ahí se sabrá el destino judicial de Bolsonaro y sus funcionarios.

Al mismo tiempo, la semana pasada el ministro del STF Alexandre de Moraes le volvió a tomar declaración a Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, que el año pasado fue detenido y firmó un acuerdo de delación premiada, comprometiéndose a revelar los hechos de los que tuvo conocimiento durante el gobierno de Bolsonaro, como el caso de la venta de joyas saudíes y el fraude en los carnets de vacunación del expresidente y algunos de sus familiares.

Tras el testimonio, Moraes decidió mantener el acuerdo y los beneficios de la delación premiada de Cid. El juez consideró que el exfuncionario aclaró las omisiones y las contradicciones señaladas por la Policía Federal.

En el interrogatorio policial, Cid negó tener conocimiento de los planes de asesinar a Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin y Moraes. Sin embargo, según las investigaciones, una de las reuniones de la trama golpista se llevó a cabo en la casa del general Braga Netto, en Brasilia, con la participación del exayudante de órdenes.