Un tribunal de Panamá, el Órgano Judicial, anunció el jueves que ordenó la detención preventiva del expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra refugiado en la embajada de Nicaragua en Panamá desde hace poco más de dos semanas.

Según explicó la agencia Efe, Martinelli se refugió en la embajada luego de ser condenado a más de diez años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business, en el cual él y otras cuatro personas fueron declaradas culpables de lavado de dinero por comprar un grupo editor –la Editorial Panamá América SA– con fondos provenientes de contratos estatales que fueron manejados de manera irregular.

Según informó CNN, Martinelli argumentó ante el tribunal que es inocente y víctima de persecución política. Inicialmente no fue condenado a la cárcel y se le permitió registrarse como candidato presidencial, sin embargo, una apelación que presentó contra el fallo este mes fue rechazada, lo que confirmó la condena original. Por este motivo quedó constitucionalmente impedido de postularse en las elecciones de mayo. Además, tuvo que pagar una multa de 19 millones de dólares.

El fallo del jueves argumenta que Martinelli ha demostrado “un incumplimiento de sus obligaciones procesales, que agrava aún más el riesgo de fuga”, máxime cuando la causa sólo se encuentra a la espera de que sean resueltas solicitudes de aclaración” desde la última comparecencia del expresidente ante el juez para el cumplimiento de su medida cautelar, el 15 de enero.

El Órgano Judicial manifestó en un comunicado que la decisión tomada por la jueza Baloísa Marquínez para disponer la prisión preventiva del expresidente “analizó y ponderó la gravedad del delito imputado, el riesgo de fuga evidenciado por la conducta del sentenciado, la necesidad de garantizar la efectividad del proceso judicial y el incumplimiento de la medida cautelar de reporte”. Agregó: “Se concluye que la detención preventiva en contra del expresidente condenado es proporcional y necesaria para asegurar la comparecencia del sancionado ante la justicia y salvaguardar los intereses de la sociedad”.

El comunicado también confirmó que al expresidente se le había otorgado el derecho de defensa a través de su equipo de representantes legales, pero que “ha sido notable el uso de prácticas dilatorias a lo largo del proceso, a través de la presentación de incidencias o solicitudes sin sustento legal”, lo que ha sido percibido como una manera de prolongar el juicio y evitar el cumplimiento de la condena.

La detención de Martinelli también fue ordenada “dentro del proceso seguido por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, en el denominado caso Odebrecht”. Según explicó France 24, Martinelli tendrá que declarar ante el tribunal en julio en el caso del supuesto blanqueo de capitales vinculado con la constructora brasileña Odebrecht. En 2022, sus dos hijos fueron condenados a tres años de cárcel en Estados Unidos por ser declarados culpables de conspirar para lavar alrededor de 28 millones de dólares en sobornos, informó Deutsche Welle. El año pasado, a Martinelli y a su familia inmediata se les prohibió ingresar a Estados Unidos.

De acuerdo con Associated Press, es poco probable que la orden de detención preventiva conduzca al arresto inmediato de Martinelli ya que aún se encuentra en la embajada de Nicaragua. Hasta el momento, el gobierno panameño le ha prohibido a Nicaragua sacar a Martinelli del país.

Por otra parte, las autoridades electorales de Panamá han dicho varias veces que están esperando la notificación formal de la decisión de la Corte Suprema de confirmar su sentencia para tomar medidas sobre su candidatura presidencial. La Constitución panameña establece que cualquier persona que haya sido condenada a cinco o más años de prisión por un delito no puede ocupar cargos electivos.

Uno de los abogados de Martinelli, Carlos Carrillo, dijo a AFP: “Esperamos que el tribunal superior revoque [las dos órdenes de detención] porque son ilegales y violan los convenios internacionales”.