Los recortes de Milei derivaron en un estallido de protestas en Misiones

Comenzaron los policías, se sumaron los docentes, los trabajadores de la salud, los de la energía y los de la producción de yerba. Cada vez son más los gremios movilizados por reclamos económicos en la provincia argentina de Misiones, afectada como muchas otras por los ajustes del gobierno de Javier Milei.

La política de recorte del gasto disminuyó las transferencias que el gobierno nacional hace a las provincias, al tiempo que la inflación golpea los salarios. En Misiones esta situación produjo una crisis social creciente.

Las protestas comenzaron el viernes 17 con un acuartelamiento de la Policía en el Comando Radioeléctrico, en la capital provincial, Posadas. Aunque no tienen un sindicato, los policías se alinearon detrás de dos referentes y voceros, Ramón Amarilla y Germán Palavecino, informó Página 12. Ese día, los manifestantes interrumpieron el tránsito en la zona del comando con vehículos policiales y cubiertas de autos.

Las manifestaciones se extendieron con más barricadas, que desde el miércoles abarcan varias cuadras, y con carpas improvisadas con distintos materiales. Allí se instalaron los policías para reclamar un incremento salarial del 100%, que lleve el sueldo más bajo de la carrera a 830.000 pesos argentinos, unos 35.700 pesos uruguayos. El gobierno de Misiones respondió que no es posible.

Uno de los voceros policiales, Amarilla, dijo que las autoridades tendrán “que hacer un esfuerzo extraordinario. No pueden venir con un 15% [de aumento] y luego con un 20%. Es una falta de respeto. Les pedimos que [el salario] se acerque a la canasta básica”, citó Infobae.

En una medida fuera de lo común, los policías se aliaron con docentes, provenientes de distintos sindicatos de maestros y profesores del ámbito público y el privado, para defender los reclamos de los dos gremios ante el gobierno provincial encabezado por Hugo Passalacqua, del Partido de la Concordia Social.

El miércoles se movilizó otro sector. El Ministerio de Salud fue ocupado por trabajadores de la salud pública, que ya habían protagonizado protestas en el centro de Posadas mientras negociaban su situación salarial. También ellos reclaman un aumento de 100% para llegar a los niveles de ingresos que tenían en octubre, una demanda similar a la que plantean los docentes para los salarios de ingreso a la profesión.

En el ámbito de la salud, muchos médicos y enfermeros rechazan el acuerdo al que llegaron las autoridades y la Asociación de Trabajadores del Estado que fija el aumento en 28%. “Es lo que se puede dar”, dijo el ministro de Gobierno del Ejecutivo de Passalacqua, Marcelo Pérez, según citó eldiarioar.com.

“Perdimos más de 100 puntos de poder adquisitivo contra la inflación y firmaron por un 28% de incremento salarial, que nos cubre la tercera parte de lo perdido”, cuestionó Jorge Duarte, secretario de formación de la Comisión Provincial de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. “En el área de salud estamos en un proceso de reclamo desde el 18 de abril, con medidas de acción directa para plantear a las autoridades que nuestros magros ingresos nos ubican en algunos casos por debajo de la línea de indigencia y en la gran mayoría por debajo de la línea de pobreza”, afirmó.

Duarte dijo que a la situación salarial se agrega la de “un sistema sanitario que se ve desbordado por la alta demanda cotidiana”, incrementada últimamente por “los trabajadores que tienen obra social, pero se vienen a atender a hospitales públicos”.

Los reclamos salariales movilizaron también a los empleados de Energía de Misiones, la empresa que se encarga del abastecimiento eléctrico en la provincia.

A ellos se sumaron el jueves trabajadores de la industria yerbatera, que, según informó Página 12, rechazan la política del gobierno de Milei de abrir las importaciones de yerba proveniente de Paraguay y Brasil, lo que devastaría la industria local. Esa medida es una de las que contiene el decreto de necesidad y urgencia que el presidente argentino firmó en diciembre y que le quita al Instituto Nacional de la Yerba Mate la potestad de definir un precio mínimo para ese producto. El sector evalúa llevar sus tractores y maquinaria agrícola a Posadas, donde ya participa en las manifestaciones.

“De acá no nos vamos a ir, y la cosa se pone fea”, dijo Amarilla el martes. “Vamos a aguantar hasta las últimas consecuencias. Se les va a incendiar la provincia. Dejaron juntar todos los sectores. Nos abandonaron”, afirmó el vocero de los policías.

Amenazas de despido

El ministro de Gobierno de Misiones declaró públicamente que existe la posibilidad de despedir a los policías que hayan “utilizado bienes del Estado para protestar”, y se refirió a “un total de 28 móviles policiales utilizados para cualquier cosa menos para cumplir función de seguridad”. Pérez, que ha actuado como vocero del gobierno provincial, afirmó que la “sublevación de policías es inadmisible”.

El gobierno de Misiones ya presentó una denuncia penal por el delito de sedición contra los policías que participan en estas protestas. “Hemos ordenado la evaluación y la cuantificación del daño que esta protesta ha causado para cobrárselo a aquellos que la han encabezado y participado activamente”, dijo Pérez.

El fiscal René Casals pidió al juez Ricardo Balor una serie de medidas con las que se propone identificar los vehículos policiales utilizados en la protesta y a los voceros de los manifestantes. En respuesta, Balor ordenó a los manifestantes que entreguen 18 vehículos que fueron identificados. Uno de los voceros de los policías, Palavecino, dijo que esos vehículos no están secuestrados, y agregó: “Que traigan a la persona calificada para conducir esos vehículos y que los lleven. Nosotros somos auxiliares de justicia, nuestro primer compromiso es con la sociedad y en esos términos nos hemos presentado”.

Uno de los reclamos de los policías es una amnistía para que ninguno de los funcionarios que participa en las protestas reciba sanciones legales o administrativas. “No somos delincuentes. Criminalizar la protesta no es el camino. El diálogo es el camino”, dijo Palavecino.

El gobierno de Passalacqua manifestó en un comunicado que “a pesar del desplome total de la economía nacional y, por consiguiente, de la recaudación provincial, [el aumento que propone] será la tercera actualización salarial que se concede en los últimos cuatro meses [a los trabajadores estatales]; siempre con fondos provinciales”. Agregó que “esta decisión confirma la voluntad del gobierno [de Misiones] de sostener una aproximación sucesiva para recomponer los salarios de forma tal que los misioneros puedan mantener e ir recuperando su poder adquisitivo ante la inflación”.

Para los voceros policiales, las propuestas del gobierno provincial son “irrisorias”. Algunos sectores del gremio docente las aceptaron, pero no los demás. Algo parecido sucedió con los trabajadores de la salud, que sumaron las ambulancias a la protesta.

Represión a una semana de las protestas

Durante la noche del jueves, docentes y trabajadores de la salud llevaron la protesta frente al Parlamento provincial y la casa del gobernador Passalacqua, que todavía no ha recibido a los representantes de los sectores en conflicto. Esta vez los policías no se unieron a la marcha.

Unos 2.000 manifestantes llegaron a la Legislatura de Misiones, que estaba sesionando tras un vallado y era protegida por efectivos de la Infantería con cascos, escudos y armas con balas de goma. Un intento de los docentes de mover las vallas fue reprimido con palos y gas pimienta. Tres manifestantes fueron heridos y uno de ellos tuvo que ser trasladado en ambulancia.

Mientras los legisladores sesionaban, los manifestantes dieron discursos en los que reclamaron el 100% de aumento salarial y pidieron que las autoridades los recibieran.

De allí se dirigieron después a la casa del gobernador. Según informó Página 12, media cuadra antes de llegar, se formó una custodia de las fuerzas de seguridad con camionetas y se volvieron a utilizar gases lacrimógenos, además de efectuar disparos al piso y al aire.

En respuesta, un grupo de docentes se sentó en la vereda a espaldas de los funcionarios de infantería para impedir que estos avanzaran. Finalmente, un jefe policial negoció la retirada de los policías. Uno de los docentes, Carlos Lezcano, dio entonces un discurso en el que advirtió que “la pobreza no se cura con garrote” y que en esta crisis “el único camino es el diálogo”.

“Queremos que abra una mesa de discusión porque tenemos argumentos para demostrar que hay dinero para recomponer los salarios de miseria. No tenemos libros, tizas ni borrador y si nos enfermamos ni siquiera nos cubre la obra social. Pagamos los boletos de colectivo más caros de todo el país y hay maestros que ya ni siquiera pueden ir a su trabajo”, dijo.

No es sólo Misiones

En Argentina la inflación anual llegó en abril a 289,4%, lo que impactó profundamente en el poder de compra de los trabajadores. “Todos los sectores de la economía padecen esta angustiante situación de crisis económica y social, pero eso no habilita alterar el orden público y la paz social”, manifestó el gobierno de Passalacqua.

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, dijo que el reclamo de los policías es “algo inadmisible, fuera de la ley”, y afirmó que por eso se creó el sábado un comité de crisis mediante el cual el gobierno nacional está “apoyando con fuerzas federales el orden en las ciudades [en las] que faltan policías, para que no sufra la población las consecuencias de esta huelga”.

Martín Goerling, senador en Misiones por el partido de Bullrich, Propuesta Republicana, dijo al diario Perfil que lo que ocurre en esa provincia se puede extender a otras. “Tenemos policías durmiendo en la calle porque no alcanzan a pagar un alquiler”, dijo. Afirmó que la economía de Misiones depende en gran medida del empleo público y que los salarios de los trabajadores estatales en la provincia son de los más bajos del país, mientras que la tarifa de la electricidad es una de las más caras. “Se venía gestando esto y lamentablemente explotó, sumado a otros sectores, porque también están los judiciales y el sector de la salud reclamando. La verdad es que es una situación preocupante y grave”, agregó.

Otros gobernadores miran con atención lo que ocurre en Misiones porque las medidas de Milei también afectaron a sus provincias, y buscan el modo de hacer frente a los reclamos de los trabajadores en este contexto de inflación y recortes.

En Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés recibe las mismas demandas de aumento salarial que Passalacqua de parte de los policías, que le manifestaron que podrían adoptar “acciones en conjunto ante la falta de respuesta”. También el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes reclama una actualización de sus ingresos al gobierno provincial, según publicó Infobae. Los docentes piden que el salario que perciben quienes comienzan a trabajar en el sector sea igual o superior a la línea de pobreza y señalan que hoy está por debajo de esa cifra.

En cuanto al papel que asume el gobierno de Milei en esta crisis, por ahora se ha limitado a ofrecer respaldo policial y tomar distancia de los problemas de fondo. El ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo que, si bien conversó con el gobernador de Misiones y se puso a disposición, este “es un tema al que claramente tiene que buscarla una solución la provincia, el gobierno no puede meterse a tratar de solucionar los problemas porque ellos tienen sus metodologías, sus formas”.