Xiomara Castro y el cambio esquivo en Honduras

A dos años de la victoria electoral de Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre), Honduras enfrenta una serie de desafíos, entre los que se destacan la lucha contra la corrupción –asociada en buena medida al narcotráfico–, la violencia y la pobreza, y la reforma de un Estado marcado por prácticas patrimonialistas. El gobierno de Castro asumió en un contexto de grandes expectativas y diversos apoyos tras los comicios de 2021, pero la situación ha cambiado: hoy predominan la apatía y la decepción. En mayo de 2024, los resultados del Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús indicaron que sólo 14,2% de los encuestados considera que el país ha mejorado bajo su presidencia, mientras que 39,3% considera que está igual y 45,9% que ha empeorado.

Los resultados de esta encuesta, y de otras que apuntan en la misma dirección, contrastan con la innegable popularidad con la que Castro asumió la presidencia el 27 de enero de 2022, tras vencer al Partido Nacional, que había gobernado el país desde 2010 y parecía reacio a entregar el poder por la vía electoral.

El atractivo de la fórmula presidencial de Xiomara Castro era proporcional al hartazgo generado por la cuestionada gestión de Juan Orlando Hernández (2014-2022) y de su mentor, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), elegido pocos meses después del golpe de Estado de 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya (esposo de Castro).

La coalición de movimientos políticos y sociales que la llevó a la presidencia obtuvo 51% de los votos válidos, con una ventaja de 14 puntos sobre su principal rival, Nasry Asfura, y generó una expectativa considerable de transformación para el país. Sin embargo, el discurso que atribuye los problemas del país a la administración deficiente del Partido Nacional, personificada en el expresidente Hernández, ha perdido impacto. Y el inicio demasiado temprano de la campaña para las elecciones de noviembre de 2025 amenaza con electoralizar prematuramente el país.

La sombra del nepotismo

Desde su instalación, uno de los cuestionamientos más recurrentes al gobierno ha sido el generalizado nepotismo. El expresidente Zelaya es el principal asesor presidencial y, para muchos, quien maneja las riendas del Estado. Su hijo mayor, Héctor Zelaya, ocupa el cargo de secretario privado de la presidenta, figura en todos los eventos importantes, incluidos los diplomáticos, y preside actualmente la Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico. En su reporte “Concentración de poder 2022-2026”, de mayo de 2023, el Consejo Nacional Anticorrupción señaló el nepotismo como un factor clave en la concentración de poder en el sistema político hondureño, tanto en la administración de Castro como en la de su predecesor, Juan Orlando Hernández.

A ello se suma una perspectiva clientelar del Estado que reproduce una cultura identificada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación como característica de la política hondureña: la del paternalismo basado en lealtades personalistas.

Esta dinámica no se restringe únicamente al vínculo entre los militantes de base y el caudillo del partido, sino que también abarca las disputas entre facciones dentro de Libre por el control de recursos estatales. Por ejemplo, cada clan interno cuenta con sus propios “colectivos”, agrupaciones de activistas de Libre que actúan como grupos de presión en el sector público, exigiendo cuotas en la contratación de personal y participando en la toma de las instituciones estatales. Recientemente, el Hospital Escuela, el principal centro hospitalario público del país, reemplazó los servicios de seguridad privada de una empresa por activistas de los “colectivos”.

En términos generales, las movilizaciones convocadas por el gobierno se realizan con la estructura de Libre, y los funcionarios estatales son amenazados con la pérdida de sus empleos si no participan. A esto se añade el uso de recursos del Estado para actividades de campaña política, prácticas que reciben repudio en la opinión pública.

Pese a todo, la principal fuerza opositora no ha sabido capitalizar la situación, debido a la asociación de ese partido con el crimen organizado. El personaje más importante y visible del Partido Nacional durante los últimos 15 años, el expresidente Juan Orlando Hernández, fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022. Allí, fue declarado culpable de narcotráfico el 8 de marzo de 2024 y podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua, una condena que ya purga su hermano.

El encarcelamiento del clan Hernández ha debilitado gravemente la ya deteriorada imagen del Partido Nacional. En este contexto, la ex primera dama Ana García de Hernández ha anunciado su candidatura presidencial, buscando capitalizar las lealtades construidas por su esposo. Su principal contrincante es Nasry Asfura, exalcalde de Tegucigalpa (2014-2022), quien aspira nuevamente a la presidencia tratando de desvincularse oportunamente del juanorlandismo.

Durante los juicios contra los Hernández, los testimonios de los narcotraficantes también implicaron a los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya en la trama de la narcopolítica. Óscar Estrada, autor de Tierra de narcos. Cómo las mafias se apropiaron de Honduras, sostiene que todos los “narcotraficantes ahora presos en Estados Unidos coinciden en que apoyaron candidaturas a partir del proceso electoral de 2005”, añadiendo que todos los “carteles del narcotráfico en Honduras han tenido vínculos con los partidos políticos”, incluidos “alcaldes, algunos diputados, varios ministros y todos los presidentes de las últimas dos décadas”.

Aunque la atención del juicio contra el expresidente Hernández no se desvió significativamente hacia sus adversarios políticos, la implicación en las tramas de la narcopolítica de Zelaya, y de su hermano, Carlos Zelaya, actual secretario del Congreso, es otro factor que desgasta la imagen del gobierno.

Las campañas políticas anticipadas son especialmente notorias en el oficialismo, que aprovecha los recursos del Estado a su favor. Rixi Moncada, la candidata del ala zelayista, renunció a su cargo para iniciar su campaña presidencial dentro de Libre. Su adversario más visible es Jorge Cálix, quien anunció su candidatura en marzo. Cálix, previamente un incondicional de Zelaya, actuó como mediador de las negociaciones a puerta cerrada entre Libre, el Partido Liberal y el Partido Nacional entre 2018 y 2021. Mientras Moncada enarbola la continuidad del proyecto de “refundación” liderado por la presidenta Castro, Cálix busca ganar el apoyo de los sectores desilusionados con el oficialismo, haciendo hincapié en las promesas incumplidas.

A toda esta situación se suma otro conflicto en el seno del bloque de gobierno. Castro terminó por romper su alianza con el vicepresidente Salvador Nasralla, tras meses de confrontación verbal. El líder del Partido Salvador de Honduras busca ahora una nueva candidatura presidencial, esta vez en alianza con los partidos políticos de oposición. El 30 de abril de 2024, el Congreso aceptó finalmente su renuncia.

Acuerdos entre cúpulas y promesas incumplidas

La elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 permitió un clima de entendimiento entre los tres partidos políticos mayoritarios (Libre, Partido Nacional y Partido Liberal). Sin embargo, este ambiente se diluyó por la ausencia de consensos en la elección del fiscal general y el fiscal general adjunto en agosto de 2023. Esta situación resultó en una parálisis legislativa que duró tres meses y condujo a una escalada de la conflictividad. Como resultado, el oficialismo impuso fiscales interinos en noviembre de 2023.

Estas tensiones se resolvieron en febrero mediante acuerdos al más alto nivel para nombrar autoridades, bajo una lógica de reparto de cuotas de poder entre partidos, tanto en órganos electorales como en otras entidades del Estado: otra de las prácticas características del sistema político hondureño. La última disputa resuelta mediante esta estrategia de acuerdos entre cúpulas ocurrió entre febrero y abril de 2024, durante la definición de la coordinación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la confirmación de un magistrado liberal afín al oficialismo.

Con todo, las negociaciones entre los dueños de los partidos políticos han dejado por fuera una de las principales promesas de campaña de Castro: la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), similar a la que operó en Guatemala, con independencia para investigar y acusar a presuntos responsables de actos de corrupción. La instalación de la CICIH, al igual que en Guatemala, responde al hecho de que el Estado está tan capturado por la corrupción que resulta necesaria una intervención ajena a la institucionalidad hondureña. Esta fue una de las principales reivindicaciones de los manifestantes entre 2015 y 2021, que comenzaron con las célebres “marchas de las antorchas”. Las negociaciones para instalar la CICIH se han extendido un año y medio, en parte debido a la negativa de los poderes Ejecutivo y Legislativo de aprobar decretos que permitan que sus propios miembros sean investigados.

Desde que se suscribió el memorándum de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Negociadora del Gobierno de Honduras sólo ha recibido una vez a organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a la Coalición Anticorrupción para abordar el tema. En julio de 2023, la Coalición Anticorrupción convocó a una movilización para exigir la instalación de la CICIH; no obstante, el gobierno saboteó el evento, convocando a una movilización prooficialista para el mismo día, a la misma hora y lugar.

Después de presentar el informe sobre concentración de poder que involucró a altos funcionarios del actual gobierno, la directora de la ONG Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, tuvo que salir del país debido a amenazas de muerte. Reacciones virulentas también han surgido desde el gobierno con respecto a los informes elaborados por la Asociación para una Sociedad más Justa, el capítulo de Transparencia Internacional en el país.

Estética “bukelista”

En 2023 Honduras registró una tasa de homicidios de 31,3 por cada 100.000 habitantes, la más baja desde 2012, año en el que el país alcanzó la cifra más alta de los últimos 20 años. Pese a ello, la violencia sigue siendo un desafío significativo. El Observatorio Nacional de la Violencia registró 106 muertes violentas de mujeres entre enero y mayo de 2024, mientras que al menos 46 mujeres fueron asesinadas dentro de la cárcel penal de Támara en junio de 2023, producto de un ajuste de cuentas entre miembros de la Mara 18 y la MS-13. Ese año, la cifra total de mujeres asesinadas de forma violenta ascendió a 380.

Esta demostración de violencia ocurre en medio de la implementación de un “estado de excepción” en materia de seguridad, con el que Castro intenta emular al salvadoreño Nayib Bukele. El expresidente Zelaya y su hijo Héctor se reunieron en marzo de 2023 en El Salvador con Bukele y su equipo de seguridad. Desde entonces, asesores salvadoreños han llegado a Honduras y se han suspendido garantías constitucionales, especialmente en los barrios marginales, donde la población en ocasiones desconfía incluso más de la Policía que de las pandillas. Se han registrado al menos 400 quejas por violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Simultáneamente, el secretario de Defensa ha intervenido los centros penales del país, publicando en redes sociales imágenes de miembros de las pandillas 18 y 13 encadenados y amontonados, similares a las utilizadas por la propaganda “bukelista”. No obstante, estas acciones no han tenido el mismo efecto en Honduras.

En estas circunstancias, el gobierno ha hecho millonarias compras directas de equipamiento de seguridad, incluidos vehículos blindados Black Mamba a una empresa vinculada a un exoficial de inteligencia israelí relacionado con el presidente salvadoreño. Estas compras se llevaron a cabo en el marco de las relaciones bilaterales con Israel, que, junto con Estados Unidos, es el principal proveedor de equipamiento para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hondureñas. Las relaciones comerciales entre Honduras e Israel, que incluyen la capacitación en seguridad de altos mandos de la Policía, contrastan con el apoyo discursivo a Palestina en el conflicto actual en Gaza, lo que generó tensiones diplomáticas con Israel.

Como parte de su estrategia securitaria, Castro también planea iniciar en julio la construcción de una cárcel en el archipiélago de Islas del Cisne, un área protegida ubicada 250 kilómetros al norte del territorio continental de Honduras. Pese a las advertencias del Colegio de Biólogos de Honduras, el proyecto sigue adelante y está siendo liderado por un sobrino de la pareja presidencial, el secretario de Defensa José Manuel Zelaya. Otras áreas protegidas se ven también amenazadas por la invasión de la ganadería y el cultivo de Palma Africana. Los proyectos de minería a cielo abierto siguen en marcha en el país, mientras que en la selva de la Mosquitia la deforestación persiste, a veces impulsada por la construcción de “narcocarreteras” y por la propia siembra de coca. Honduras ha pasado de ser únicamente un país de tránsito a convertirse en productor de droga, un proceso en el que se han visto implicados policías y militares, como quedó nítidamente demostrado en los juicios contra los hermanos Hernández.

Xiomara Castro ha adoptado un enfoque radicalmente opuesto al que había planteado en su campaña, en la que había prometido una política de desmilitarización del Estado. Sin embargo, ha ampliado las atribuciones de los cuerpos de seguridad a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). Este órgano, compuesto por líderes del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el fiscal general y los secretarios de Defensa y Seguridad, ha lanzado un conjunto de “acciones radicales del plan contra el crimen”, lo cual no sólo refleja la adopción de una estética “bukelista”, sino también la continuidad con la lógica militarista del régimen anterior.

El CNDS anunció en una cadena nacional el pasado 15 de junio la ampliación del “estado de excepción”, incluyendo la construcción de un centro correccional en la zona de la Mosquitia para 20.000 reclusos y medidas de detención preventiva contra presuntos criminales designados ahora como “terroristas”.

Honduras enfrenta numerosos desafíos en un contexto de pobreza generalizada y una economía poco diversificada, centrada en la manufactura textil, el comercio informal y la agricultura. El persistente desempleo continúa impulsando la emigración de miles de hondureños como indocumentados, mientras que las remuneraciones de los principales dirigentes políticos son hasta 30 veces superiores al salario mínimo oficial. Las remesas, que representan 26,7% del PIB, siguen siendo el principal motor económico y sostén crucial de las familias hondureñas. En estas circunstancias, continúa la represión policial contra los trabajadores que defienden sus derechos laborales, como se demostró recientemente en el violento desalojo de empleados de una maquila, contradiciendo la propaganda “socialista y democrática” de Castro.

Los esfuerzos del gobierno no han logrado mitigar la percepción de inseguridad ni trazar una ruta clara para resolver los problemas estructurales del país. La contienda electoral se prolongará durante el próximo año y medio, limitando las oportunidades para avanzar en una agenda de desarrollo consensuada entre las diversas fuerzas sociales, políticas y económicas de Honduras.

Daniel Vásquez es profesor de Teoría Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede Honduras, y Rafael Jerez Moreno es abogado, investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y colaborador habitual de la Revista Envío Honduras. Este artículo fue publicado originalmente por Nueva Sociedad.