Las operaciones policiales no son la solución a los problemas de seguridad pública brasileños. Por el contrario, las autoridades deberían enfocarse en inteligencia y desarrollar “estrategias de seguridad pública a la altura de los desafíos que enfrentamos en Brasil”. Esta es la conclusión del investigador Pablo Nunes, para quien la operación policial que dejó más de 120 muertos en Río de Janeiro el martes 28 de octubre “fue una tragedia” desde “cualquier perspectiva que podamos adoptar” para conceptualizarla.

“Llevamos al menos 40 años realizando redadas. Y nada, ¿verdad? Nada. No hemos visto ninguna señal de que eso haya funcionado”, declaró en una entrevista con Agência Pública. En su opinión, además de no generar un impacto relevante para el combate a la organización criminal Comando Vermelho, la operación generó un “desastre humanitario”, que agrava la desesperanza de la población, “que ve cómo se repiten estos escenarios de violencia sin que haya ninguna solución para sus vidas”.

Nunes es doctor en ciencias políticas por la Universidad Estatal de Río de Janeiro y director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Ciudadanía, una organización que busca generar investigaciones que impulsen el debate público y contribuyan a la promoción de los derechos humanos dentro del sistema de justicia penal de Brasil.

La Operación Contención, dirigida por las policía militar y civil, tenía como objetivo cumplir más de 60 órdenes de arresto contra integrantes del Comando Vermelho en los complejos Alemão y Penha, en la zona norte de la ciudad de Río de Janeiro. El intercambio de disparos entre delincuentes y la policía comenzó temprano en la mañana, y la facción reaccionó en varios puntos de la ciudad, incendiando autobuses y levantando barricadas. El conflicto hirió inocentes y afectó a residentes de diversas zonas, con la suspensión de clases y jornadas laborales debido a la inseguridad generalizada.

La noche del martes, el gobierno de Río de Janeiro anunció que la operación había dejado 64 muertos, entre ellos cuatro policías. Sin embargo, durante la madrugada del miércoles 29, residentes de las zonas afectadas recuperaron cuerpos en la Sierra de la Misericordia, una zona boscosa, y los exhibieron en la plaza San Lucas, en Penha. Según testigos, se encontraron 74 cadáveres, cifra que contradice el recuento oficial de 63, citado en una rueda de prensa celebrada ese mismo día. En total, el gobierno confirmó 121 muertes, pero no reveló cuántas de las órdenes de detención que justificaron el operativo fueron cumplidas.

Aún no se ha publicado información que demuestre la vinculación individual de los fallecidos con el crimen organizado, ni que todas las muertes ocurrieron en enfrentamientos. El secretario de la Policía Militar de Río de Janeiro, Marcelo de Menezes, dice que “la opción del enfrentamiento la tomaron los criminales” y que “quienes quisieron ser arrestados, fueron arrestados”.

Sin embargo, los residentes informan que los cuerpos presentaban heridas de bala en la espalda y heridas de arma blanca. Taua Brito, madre de uno de los fallecidos, dijo que encontró el cuerpo de su hijo con las muñecas atadas. “Hubo tiempo de ayudarlo; la cuerda muestra que estaba detenido, atado en algún lugar. Dejaron morir a mi hijo”, dijo a Folha de São Paulo.

De acuerdo con el secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, el operativo terminó con la incautación de más de 90 rifles y 113 detenciones. Para este reportaje se solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro un recuento actualizado de muertos, detenidos, heridos e incautaciones de armas y drogas, pero no se recibió respuesta al momento de la publicación.

El gobernador defendió la acción con “mucha tranquilidad”. En la tarde del 28 de octubre, Cláudio Castro se retractó tras afirmar que el gobierno federal se negó a brindar apoyo al operativo y ser desmentido por el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski. De acuerdo con el ministro, no recibió ninguna solicitud de apoyo para la operación.

En TV Globo, el gobernador declaró que su afirmación fue malinterpretada. Según él, el gobierno del estado de Río de Janeiro había solicitado vehículos blindados al gobierno federal en otras ocasiones, pero la Fiscalía General dijo que los vehículos sólo podían proporcionarse en caso de una declaración de una acción de Garantía de Ley y Orden, lo cual no se hizo.

Para Nunes, Castro forma parte del problema que aqueja a la seguridad pública en el estado. El investigador afirma que el gobernador ya ha utilizado operativos policiales y muertes para campañas políticas: dirigió tres de los cuatro operativos policiales más letales en Río desde 2007. “No es nada nuevo que se realicen operativos altamente letales y se utilicen como estrategia política para movilizar a sectores de la sociedad que claman por más violencia”, explicó. A continuación, se pueden leer los principales puntos de la entrevista.

¿Qué destaca sobre la Operación Contención?

Desde cualquier perspectiva que podamos adoptar para conceptualizar el operativo de ayer [por el martes], llegamos a la misma conclusión: fue una tragedia. Fue un error inmenso cometido por las fuerzas de seguridad del estado. Fue un desastre humanitario que pone en tela de juicio el mismísimo Estado democrático de derecho.

Entre las víctimas hay cuatro policías, lo que convierte esta operación en la más mortífera para agentes estatales hasta el momento. Y también es una catástrofe para la vida de la ciudad, ¿verdad? Río de Janeiro se ha visto paralizada por la violenta respuesta del Comando Vermelho, que terminó en la ciudad, cerró calles y causó terror en diferentes barrios. Existe, además, una profunda desesperanza entre la población, que ve cómo se repiten estos escenarios de violencia sin que haya ninguna solución para sus vidas.

También hay una catástrofe política. Llegamos a 2025 con un total descontrol de las agencias policiales del Estado. El gobierno de Río de Janeiro perdió hace mucho tiempo su legitimidad y autoridad sobre las policías. Es rehén de presiones políticas que provienen de la Asamblea Legislativa, lo que nos lleva a este contexto de falta total de una autoridad que realmente logre generar un proyecto, una dirección, un plan de seguridad pública.

Es lamentable lo que sucedió. Creo que hemos cruzado un límite, pasamos a otro nivel, y eso va a tener impactos significativos para Río de Janeiro.

¿Qué sería recomponer esa autoridad política?

Hace ya tiempo que el gobierno de Río de Janeiro no tiene un plan de seguridad pública. Desde el caso de las UPP (Unidades de Policía Pacificadora), un programa que tuvo todos sus límites y problemas, pero que era un plan, un direccionamiento para que se lo pudiera cuestionar e incluso oponerse a él. Existía un proyecto estructurado en el que las fuerzas estatales tenían la instrucción no sólo de cumplir el plan, sino también de observar los resultados y monitorear sus efectos.

Desde entonces, Río de Janeiro ha tenido una sucesión de gobiernos que no han logrado generar nada significativo en materia de seguridad pública. Se fue abandonando cada vez más la idea de una política estructurada, integrada, basada en metas y objetivos, y [se fue creando] una política en la que el fortalecimiento y la autonomía de las fuerzas policiales se han presentado como la clave para lidiar con este tipo de problemas.

Esto culminó con el gobierno de [Wilson] Witzel, con la disolución de la Secretaría de Seguridad Pública y la elevación de las jefaturas de policías al estatus de secretarías con autonomía. Esto ha provocado una serie de retrocesos en la integración entre las fuerzas policiales. Fue un tiro en el pie ese proceso. [El gobernador Cláudio Castro recreó la Secretaría de Seguridad Pública en noviembre de 2023]

Hoy, la autoridad política está totalmente cuestionada por una serie de escándalos. Río de Janeiro está conviviendo hace ya mucho tiempo con que varios de sus gobernadores y exgobernadores no sólo han sido procesados, sino condenados y muchos de ellos presos. Se trata de procesos sucesivos que parecen no encontrar un resultado ni una solución, al menos a corto y mediano plazo. Wilson Witzel enfrentó un proceso de destitución y tiene numerosas acusaciones de corrupción. Y Cláudio Castro, a pesar de haber sido reelegido, tiene muchos cuestionamientos sobre posibles casos de corrupción. Hay una falencia de esta élite política.

En entrevistas, el gobernador Cláudio Castro defendió la operación como un éxito. Existe la percepción de que la letalidad de la operación está ligada a su eficacia, que la operación fue un éxito no a pesar de las muertes, sino gracias a ellas. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Ningún parámetro, ni nacional ni internacional, permite calificar de exitosa una operación de esta magnitud y esta letalidad. Incluso si adoptamos el parámetro más conservador y más alineado con las fuerzas policiales, una operación que deja cuatro funcionarios policiales muertos y varios heridos no puede considerarse una operación exitosa.

Y, obviamente, desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos y el Estado democrático de derecho, no es razonable que aquella la pila de cadáveres que se formó en la Plaza San Lucas pueda ser definida como un éxito.

Esto es lo que Río de Janeiro ha hecho por décadas, con redadas policiales en las favelas, con numerosas muertes, muchos tiros y el cierre de escuelas y centros de salud. Zonas de la ciudad quedan completamente paralizadas por los operativos, ¿y qué ha pasado? Las facciones se han fortalecido cada vez más y han expandido su dominio. Por lo tanto, no podemos ser tan ingenuos como para imaginar que la semana que viene habrá una reducción del dominio del Comando Vermelho, ya sea en el Complexo do Alemão, Penha u otras zonas de la ciudad. Todo lo contrario. En realidad, estamos creando nuevos problemas que surgirán en poco tiempo.

¿Y cómo debemos combatir el crimen organizado? ¿Cuáles son los caminos para enfrentarlo sin generar una masacre como esta?

El problema del crimen organizado en Río de Janeiro, de las facciones y toda esta violencia urbana, se ha gestado durante décadas. Es necesario comprender la dimensión de este problema, y es necesario que las respuestas estén a la altura de su magnitud. Es ilusorio pensar que una redada de un día en una favela del norte de Río de Janeiro va a responder a una red del crimen organizado que no está sólo en las favelas, está presente en diferentes espacios.

Tenemos un grupo de jóvenes que se dedican al narcotráfico. Su actividad se sustenta en toda una red que está detrás, y que mantiene el poder financiero, el dinero circulando y el flujo de armamento y municiones que llegan a estos territorios. Y una determinada élite política que también tiene vínculos con estos grupos, como sabemos en el caso de las milicias, quizás el caso más expresivo de esta estrecha relación entre poder político y criminalidad.

Es una cadena con muchos eslabones, y gran parte de estos, que son los más fuertes y que la sostienen, no se encuentran en las favelas. Por lo tanto, debemos ir más allá de las redadas. Las redadas no dan en el blanco, nunca han dado en el blanco.

Recientemente se llevó a cabo la Operación Carbón Oculto, que demostró lo que se puede lograr en la lucha contra el crimen organizado de una manera más inteligente, sin violencia, y centrándose en el aspecto monetario que permite a estas organizaciones reproducir su modo de actuar violento. Fue una operación gigantesca, que involucró muchos agentes y extensas investigaciones. Expusieron los esquemas financieros que mantienen al PCC [Primer Comando de la Capital]. Se enfocaron en el dinero que permitiría adquirir más armas y municiones, sin que se disparara un solo tiro. Necesitamos ver más de esto en Río de Janeiro.

Llevamos al menos 40 años realizando redadas. ¿Y nada, verdad? Nada. No hemos visto ninguna señal de que haya funcionado.

El gobierno [de Río de Janeiro] ha estado publicando datos, como la incautación de más armas, como una de las formas de justificar la operación. ¿Qué opina al respecto?

Es importante recordar esto. El gobierno ha celebrado uno de sus “éxitos”: la incautación de casi 100 rifles. En el momento de la detención de Ronnie Lessa [expolicía militar condenado por el asesinato de la edila Marielle Franco y su chofer, Anderson Gomes], se encontraron más de 100 rifles, sin un disparo.

Estas grandes incautaciones de rifles se producen en aeropuertos, puertos y carreteras principales, sin que intervenga la violencia. ¿Por qué seguimos sin invertir en este tipo de operación, que supone un golpe real para el narcotráfico, asfixiando los flujos que mantienen estos territorios con mucho armamento? Existen muchas otras estrategias.

La operación repercutió bastante en el Congreso Nacional, con parlamentarios que incluso pidieron aplausos para celebrar las muertes. ¿Cómo se convierte una operación como esta en una estrategia política para determinados grupos?

No es una novedad que operaciones de alta letalidad sean realizadas y utilizadas como estrategia política para movilizar a sectores de la sociedad que claman por más violencia. Este llamado existe dentro de la población. Hay sectores que creen que esta es una respuesta eficaz. Y, principalmente, hay otros sectores que no ven las muertes como una respuesta, pero quieren ver que se haga algo en materia de seguridad y consideran que estas operaciones terminan siendo esa respuesta.

En Río de Janeiro, existe un contexto en que esta idea de, como ellos dicen, “neutralizar” a personas durante las operaciones, significa un avance en la seguridad pública. Esos cadáveres se convierten en una respuesta, un apaciguamiento, al menos, para los miedos y ansiedades de la población que a menudo se siente rodeada y atemorizada por la violencia urbana. No sorprende que esta operación esté siendo tan politizada por estos sectores políticos, porque eso es precisamente lo que ha estado sucediendo.

¿Cómo se relaciona esto con el gobernador de Río, dado que el año que viene es año electoral?

[El uso político de muertes y operativos policiales] ya fue hecho muchas veces por Cláudio Castro. Normalmente, se trata de grandes operativos que ocurren en años electorales como una forma del gobierno del estado de mostrar resultados, entre muchas comillas. Pero esta vez, terminó siendo una medida anticipada del gobernador de Río de Janeiro. Sin duda, se trata de un activo electoral que todavía va a ser muy movilizado y explorado por los sectores bolsonaristas.

Finalmente, ¿cree que la Propuesta de Enmienda Constitucional [PEC] de seguridad pública, presentada por el gobierno federal [que busca la coordinación entre policías federales y de los estados en los operativos], podría ofrecer soluciones de seguridad pública desde otras perspectivas?

Considero que la PEC es insuficiente para los problemas que enfrenta Brasil, pero acierta en un diagnóstico consolidado en el área, realizado por expertos en seguridad pública, sobre la total falta de cooperación entre las entidades federativas en materia de seguridad pública.

El diseño constitucional de 1988 ya no es adecuado para abordar el grave momento de seguridad pública que enfrenta Brasil. Es necesario repensar el papel de los municipios y es fundamental reconsiderar el papel del gobierno federal en materia de seguridad pública. Lo que ocurre es que, por más que esa PEC sea importante para abrir este debate y ofrecer una propuesta para la discusión, buena parte de los gobernadores de derecha, incluido Cláudio Castro, se han opuesto a ella y han presionado para que sea rechazada.

Ahora, resulta llamativo que Cláudio Castro aparezca en televisión para exigir la participación del gobierno federal, precisamente uno de los temas que la PEC busca atender. Es necesario un diálogo sobre cómo se llevará a cabo esta renegociación de la seguridad pública, para que no refuerce estrategias que ya han demostrado ser fallidas. Y, que [se] busque estrategias de seguridad pública acordes con los desafíos que enfrenta actualmente Brasil como un todo.

Este artículo fue publicado originalmente en portugués por Agência Pública.