Una reforma de la Constitución salvadoreña promovida por el gobierno de Nayib Bukele elimina el artículo que garantiza financiación pública de los partidos políticos. La iniciativa, que todavía debe ser ratificada, fue aprobada en una primera instancia el miércoles por la Asamblea Legislativa.
Este proyecto se propone eliminar el artículo 10 de la Constitución, que reconoce lo que denomina “deuda política”, un “mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes [en elecciones], encaminado a promover su libertad e independencia”.
Esa “deuda política”, agrega, debe ser regulada por la legislación. Las normas actuales establecen que se pague a los partidos por cada voto recibido en las últimas elecciones. El monto es definido por el Ministerio de Hacienda, que para las últimas elecciones lo fijó en unos seis dólares por cada voto recibido en las presidenciales, 3,2 dólares para las legislativas y 2,5 para las municipales. Todo esto se termina con la reforma impulsada por el oficialismo.
La organización Acción Ciudadana, especializada en transparencia y rendición de cuentas del sistema político, alertó que esta reforma es “otra medida para consolidar y mantener un sistema de partido hegemónico o dominante”. En un comunicado que publicó en sus redes sociales, señaló que este cambio “afectará el pluralismo político, ya que la mayoría de los partidos no podrán costear su funcionamiento ordinario ni sus campañas electorales, disminuyendo sus posibilidades de victoria electoral”.
En particular para los partidos minoritarios o sin líderes que cuenten con recursos propios, les será difícil competir en condiciones de igualdad. Estas advertencias se enmarcan en un contexto en el que Bukele tiene un amplio control de los poderes del Estado. La Asamblea Legislativa, el Parlamento unicameral salvadoreño, está compuesta por 60 escaños: 54 pertenecen al partido de Bukele, Nuevas Ideas, tres a sus aliados y apenas tres a la oposición. Además, el presidente ya contaba con una amplia mayoría parlamentaria en la legislatura pasada, cuando renovó por completo la integración de la Corte Suprema, después de criticar a los jueces anteriores.
Intereses privados y crimen organizado
Además de promover la concentración de poder en un solo partido, la reforma constitucional abre la puerta a que las organizaciones políticas dependan de los dueños del poder económico. “Los partidos políticos quedarán totalmente a merced de los financistas privados, los cuales podrán tener mayor influencia sobre la aprobación de políticas públicas y leyes; esta reforma puede provocar que la gestión pública beneficie a particulares dado un posible incremento de favores políticos a cambio de financiamiento”, advirtió Acción Ciudadana.
Señaló que también aumentará el riesgo de que los recursos que reciban los partidos provengan del crimen organizado. Esto es posible, agrega la organización, porque “no existe la debida fiscalización de la autoridad electoral” acerca de la financiación privada de la política.
Tampoco hay voluntad de los partidos de dar a conocer esa información. La organización cuestiona, por ejemplo, la “poca transparencia del partido de gobierno, el cual nunca ha revelado quiénes son sus financistas privados ni la cantidad de recursos que recibe”. Meses atrás, Acción Ciudadana denunció que había solicitado datos al respecto al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y a Gana, y que ninguno de los dos partidos se los brindaron.
En agosto, Acción Ciudadana denunció también que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, encargada de analizar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios estatales, no lo está haciendo, “no se están verificando las declaraciones juradas de patrimonio presentadas en los últimos años, generando espacios de opacidad” y dificultades para la “detección del enriquecimiento ilícito”.
Los argumentos oficiales
Según informó el diario salvadoreño La Prensa Gráfica, los defensores de la reforma constitucional argumentan que permite reducir el gasto estatal. El propio texto del proyecto afirma que los recursos que hoy se utilizan para financiar el funcionamiento de los partidos y las campañas electorales “deben ser destinados a atender las necesidades más urgentes” de la población, como la salud y la educación. “Subsidiar a los partidos políticos resulta un uso ineficiente del dinero público” y “genera rechazo hacia el sistema político y sus instituciones, debilitando la democracia”, agrega.
Por su parte, el jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, argumentó que si se elimina la “deuda política” es porque “los salvadoreños no la quieren”. La oposición señala que esta decisión afecta la calidad y estabilidad democrática. El partido Arena, de derecha, consideró que la reforma amenaza la democracia y señaló que el financiamiento público es clave para evitar que estructuras criminales se infiltren en la política.
Según el periódico guatemalteco Prensa Libre, la diputada opositora Claudia Ortiz, del partido Vamos, sostuvo que el verdadero objetivo del gobierno es “seguir concentrando poder”.
Detienen a un dirigente del FMLN
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que así como su gobierno combatió “frontalmente a las pandillas, con todas las fuerzas del Estado y con todas las herramientas legales”, hará lo mismo con la corrupción. Prometió construir una cárcel para “los corruptos” e impulsó una ley anticorrupción que fue aprobada recientemente.
En momentos en que el gobierno exhibe este discurso, el jueves fue detenido por supuesto enriquecimiento ilícito Eugenio Chicas, un político del FMLN que fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y secretario de Comunicaciones durante la presidencia de Salvador Sánchez Cerén. Por ese delito, Chicas ya había sido sentenciado en un juicio civil.
Para el FMLN, se trató de una detención “arbitraria, abusiva y violenta” dispuesta por motivos políticos contra un crítico del oficialismo.
También rechazó su detención la comunidad de Santa Marta, una localidad apartada, en el departamento de Cabañas, que ha sido muy activa en su combate a la explotación minera. Según el diario salvadoreño El Mundo, Santa Marta vinculó en un comunicado la detención de Chicas con las críticas del dirigente a los “abusos de poder, violaciones de derechos humanos y corrupción”. Pero agregó que no descarta que “su captura también tenga que ver con que él es un importante testigo de la defensa en el proceso judicial” contra integrantes de esa comunidad, “criminalizados por oponerse a la minería metálica”.
Cinco dirigentes comunitarios de Santa Marta fueron acusados de haber matado a una persona en 1989, cuando El Salvador vivía una guerra interna y el FMLN era un movimiento armado. Si bien los cinco fueron sobreseídos en octubre, un tribunal anuló el sobreseimiento.
Este proceso fue muy cuestionado, incluso desde el exterior. Según publicó la Deutsche Welle en 2024, la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos señaló que no había “suficiente evidencia para seguir criminalizando a estos defensores ambientales”, y la relatora especial de defensores de derechos humanos de Naciones Unidas, Mary Lawlor, dijo en 2023 que los líderes comunitarios debían “ser liberados”.