Andressa Caldas: “Se deben buscar respuestas para no naturalizar que desde las voces de las autoridades se ataquen minorías o se promuevan discursos de odio”

La brasileña Andressa Caldas, directora ejecutiva del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur, visitó esta semana Uruguay para mantener reuniones con las autoridades de Cancillería y Derechos Humanos del nuevo gobierno, y también con responsables específicos de políticas de igualdad de género, derechos de la población afro, de la comunidad LGBTI+ y de otras áreas que tiene a su cargo. Pero también vino a plantear la situación presupuestal que atraviesa ese organismo que tiene sede en Buenos Aires, en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos creado donde en dictadura funcionó la ESMA.

Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, el gobierno de Argentina tomó la decisión de retirar financiamiento al IPPDH. Su presupuesto se redujo de nuevo en diciembre, esta vez por recortes de Paraguay y Uruguay, algo inédito e inesperado, según dijo Caldas.

En diálogo con la diaria, la directora ejecutiva del IPPDH también habló de un contexto internacional que ha impactado en los derechos humanos, de la necesidad de rechazar los discursos de odio, de la importancia de generar políticas y conocimiento desde una visión propia del sur de América Latina, y de cómo esto incide en la soberanía.

¿Qué objetivos tuvo esta visita y en qué medida estuvo presente la situación presupuestal del instituto?

Es una visita institucional que siempre se hace al principio de cada gestión de gobierno de los países del Mercosur, una visita de presentación a las nuevas autoridades y, principalmente a las que son nuestras contrapartes en el trabajo que hacemos, los responsables de áreas de derechos humanos. Pero en este caso en especial, gana otro contorno porque se agrega un objetivo adicional que tiene que ver con el estado de situación del instituto. Se trata de la crisis general del Mercosur, de lo que llamamos Mercosur político y social, y en especial de cómo eso está afectando al IPPDH del Mercosur, concretamente con una definición tomada en diciembre que implicó una reducción presupuestal muy drástica.

Entonces, esta visita viene también con ese objetivo, con una expectativa bastante positiva, de plantear a las nuevas autoridades de Uruguay que reconsideren esa decisión que se ha tomado a fines del año pasado en la cumbre de presidentes, en la reunión de cancilleres del Mercosur, que fue inédita y sorpresiva para nosotros, que tiene que ver con la aprobación del presupuesto más bajo de la historia del instituto y la decisión de Uruguay de acompañar a Argentina (y luego Paraguay también) en no aportar al instituto, algo que nunca había pasado en 15 años de nuestra existencia.

Tengo entendido que primero hubo un recorte de Brasil, en los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro. ¿Eso fue un atraso en los pagos o una decisión de no financiar el instituto?

Las dos cosas. Brasil demoró en aprobar el Acuerdo Sede del Instituto. Algunos países exigen que el Congreso apruebe las decisiones que impliquen un pago de aportes a organismos internacionales. En el caso de Brasil, eso tardó varios años. El instituto fue creado en 2009 y la aprobación llegó recién en 2017. Por muchos años Brasil no aportó por falta de aprobación del Congreso. Eso generó un acumulado, una deuda con la que Brasil, una vez que se aprobó el acuerdo, y principalmente a partir del gobierno de [el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva] Lula, comenzó a ponerse al día, en un monto mínimo de la deuda acumulada.

Esa es un poco la situación, y es algo que estuvimos hablando con los estados cuando tratamos de negociar para intentar rescatar mínimamente el presupuesto de 2024, justamente de poder ampliar el uso de esos excedentes. Yo asumí en febrero de 2024. La primera reunión que tuve fue con las autoridades de Argentina, y les planteé que teníamos los excedentes. Porque frente a la afirmación inicial de Argentina de que ellos no iban a pagar más –así lo adelantaron en marzo–, yo me planteé justamente que nosotros teníamos condiciones presupuestarias con los excedentes para pasar 2024, 2025 y 2026. Podíamos transitar estos años sin depender de los aportes de Argentina. Pero eso no es suficiente, y la definición que se tomó a fines del año pasado demostró que no hay sólo una intención de recorte de gastos, sino que cuando uno evalúa qué tipo de rubros fueron recortados mayoritariamente, ve que hay una intencionalidad de vaciar el instituto.

Somos un instituto de políticas públicas en el que analizamos y enseñamos que el presupuesto no sólo es un instrumento de gestión, sino una expresión de las definiciones de prioridades políticas de los estados. Es muy visible que hay una toma de decisión de cortar o de obstaculizar el trabajo que viene desarrollando el instituto.

¿Y a esta política de recortes se sumaron Paraguay y Uruguay en diciembre?

Exactamente. Durante 2024 –y esto es público, yo lo informé ante el Grupo de Mercado Común y en diferentes ámbitos– tuvimos todo el año una situación de una usurpación del principio de consenso, que es la base del funcionamiento del Mercosur. Es muy lindo e importante que sea así, pero a la vez es necesario promocionar la gestión de una institución que tiene un presupuesto, que tiene que pagar cuentas, que tiene que producir, rendir cuentas y presentar lo que los estados nos están demandando hacer, que son cursos, investigaciones, producción de investigación y conocimiento. En ese sentido, lo que vivenciamos todo el año fue que Argentina se puso en contra, por ejemplo, de solicitudes de nuevas contrataciones, solicitudes de avanzar con la ejecución presupuestaria que yo tenía el año pasado, que era bien insuficiente. Ahí ya se anunciaba un problema que se agravó más al final del año cuando Argentina dejó de estar en una posición aislada pero efectiva, porque logró con su veto que prevaleciera esa situación de impasse, y logró convencer a Paraguay y Uruguay de acompañarla en la decisión de no aportar a la única institución de derechos humanos del Mercosur.

¿Qué argumentos dio Uruguay?

No hubo argumentos. A eso también se debe mi misión acá, en estos días. No tiene que ver con buscar quién fue, quién dio la orden, pero es llamativo. Primero, porque es Uruguay. No digo que la decisión de Paraguay no nos sorprendió, pero específicamente yo vine a muchas reuniones con Cancillería [de Uruguay], con las áreas de derechos humanos y nadie supo decirme hasta el último día de dónde vino la definición, la orden o esa decisión política. Eso es llamativo. Obviamente estamos hablando de un contexto de transición gubernamental, pero como uno conoce las transiciones en Uruguay y en otros países, nos llegó a sorprender negativamente que esto se haya decidido y haya ocurrido justamente en un período de cambio de gobierno.

El tema ya se presentó [al nuevo gobierno uruguayo] el año pasado. Antes de que el presidente Yamandú Orsi asumiera, cuando visitó Brasil y tuvo un encuentro con el presidente Lula, eso ya estuvo en la agenda.

¿En las primeras reuniones se manifestó una voluntad de cambiar la situación?

Con las áreas con las que hablé y con las que vengo dialogando, sí. Primero que hay una preocupación y también hay una sorpresa de que esto haya ocurrido. Se comparte esa sensación de buscar entender qué llevó a una decisión así, que es inédita. Pero a lo que vine es a buscar una visión más prospectiva y a futuro para justamente tratar de superar eso.

Me parece que, más allá de la necesidad, que es real, de lograr dar condiciones a esa institución que produce conocimiento desde el sur, que capacita funcionarios públicos a través de una visión nuestra, propia, con nuestras tecnologías, también del sur, para armar políticas públicas de una manera distinta a la del norte, en este momento en particular, hacerlo habla de una opción soberana. Es un momento en que la información es clave y en que hay decisiones como las que vemos en Estados Unidos de reducir el apoyo brindado por Usaid [la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional] y también por otras agencias de cooperación, y vemos cómo esto ha afectado inmediatamente a organismos internacionales. En este contexto, más que nunca es importante recuperar nuestra soberanía, la fortaleza de la cooperación sur-sur y la cooperación propia de los países de la región. Si eso ya era un tema importante, ahora lo es más porque habla justamente de eso, de cómo podemos producir nuestra manera de construir políticas públicas.

Yo creo que esa es una enseñanza que hay que tomar, porque está ocurriendo y es realmente impresionante que organismos como la Organización Internacional de las Migraciones, como la propia Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, son muy dependientes de esos recursos.

Apostar a las instituciones que hemos creado desde nuestros bloques, desde nuestros espacios regionales, es también una estrategia política, y yo creo que una definición de Uruguay, más allá de aportarnos recursos, de apostar a esa estrategia política de fortalecimiento de las instituciones propias de nuestra región, también es una señal. Una expresión simbólica y política de dónde está ubicado Uruguay hoy dentro de esa nueva correlación de fuerzas al interior del Mercosur.

¿Podrías mencionar algunos de los principales asuntos que aborda el instituto?

Tenemos una agenda muy amplia y variada porque es el reflejo de cómo están organizadas las distintas instancias del Mercosur y nuestra contraparte es la reunión de altas autoridades de derechos humanos del Mercosur [de cada uno de los países que lo integran], la reunión de altas autoridades de las mujeres, afrodescendientes, pueblos indígenas. Dentro de la reunión de derechos humanos hay nueve comisiones temáticas, hay grupos de trabajo. Uno recién creado es un compendio regional sobre discursos de odio. Eso amplía muchísimo la gama de temas que venimos trabajando. Hay algunos que son fundacionales, porque la región ha aportado en ellos al mundo, con respuestas y con políticas, como es el tema de memoria, verdad y justicia, que gana hoy otra actualidad cuando uno mira las nuevas violencias políticas, el aumento de los discursos de odio.

Hay mucho que aprender sobre las políticas de memoria, verdad y justicia, sobre el uso, por ejemplo, de instancias judiciales, de la pedagogía y de la educación que se tuvo en el proceso de construcción de políticas que se conectan con la actualidad. Sin ir más lejos, Brasil, que no ha hecho el proceso de juicio a los militares de la dictadura, comenzó esta semana un juicio contra [el expresidente Jair] Bolsonaro y militares de alto rango [por intento de golpe de Estado]. Esto trata también de dar una respuesta a esa falla que nos ha costado muchísimo, que ha generado un intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023. Esa es una agenda que siempre trabajamos. Este año completamos 50 años del Plan Cóndor, que también nos parece que es una efeméride para retomar y para recuperar ese debate de qué hemos logrado construir y qué hay que mantener y consolidar.

En el tema migratorio o de movilidad humana, logramos aportar y asesorar para que por primera vez la región pidiera una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la atención e identificación de niños y niñas adolescentes migrantes en áreas de frontera. Esto rindió frutos al aterrizar las directrices de la corte para la actuación concreta de funcionarios consulares y en áreas de frontera, la necesidad de que estos funcionarios articulen con las áreas de infancia. Este es un tema que sigue muy vigente con el crecimiento de los desplazamientos internos en la región.

En el tema de adultos mayores también hemos trabajado. Es desde el Mercosur que nace la propuesta de una Convención Interamericana de Adultos Mayores. Aunque ya pasó un tiempo de esto, yo remarco que nuestra región es vanguardista y pionera en tener una norma internacional, interamericana en este caso, sobre la protección de personas mayores, algo que no se ha logrado en Europa ni en Naciones Unidas; hay un debate eterno y todavía no se ha logrado tener un documento vinculante.

En Argentina, el lunes se conmemoró el Día por la Memoria, Verdad y Justicia, coincidiendo con la fecha del golpe de Estado, del 24 de marzo de 1976, y el gobierno publicó un video con un mensaje de justificación de la dictadura. ¿Ustedes tuvieron oportunidad de evaluarlo?

Sí, yo personalmente sí. Yo participo de la marcha desde hace diez años; desde que vivo en Argentina, siempre que estoy en Buenos Aires voy, y esta fue masiva. Creo que eso habla de algo también importante y distintivo de nuestra región, que es la fuerza de la movilización social, y la diversidad y riqueza de las distintas gamas de movimientos, asociaciones, grupos, colectivos. Eso en Argentina es muy visible. Esa pujanza de los movimientos me parece que ayuda a dimensionar eso que es un mantra en la lucha del movimiento por los derechos humanos, que es el reclamo de que las políticas de derechos humanos tienen que ser políticas de Estado y no de gobierno. Por eso tienen que estar enraizadas en la legislación, la normativa y en políticas públicas con presupuesto. Y si eso es desarmado, que existan fuerzas dentro del Poder Judicial y de los parlamentos que puedan contrarrestar ese proceso de desintegración de políticas públicas que son previstas no sólo en la ley, sino en los instrumentos internacionales.

Hay algo que estamos viendo de las narrativas y cómo eso puede impactar o no en desarmar las políticas públicas. Yo destacaría la importancia del Mercosur y de las otras instituciones –la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas– como actores que puedan garantizar esos acuerdos civilizatorios mínimos que hemos logrado. La lucha por memoria, verdad y justicia también.

Me parece que es un gran ejemplo que, desde el retorno a las democracias, los movimientos de la región lograron crear leyes, instaurar procedimientos judiciales, mecanismos internacionales, como el mecanismo de recepción de denuncias de desapariciones forzadas. Para esto, desde el sur se remitió un montón de información hasta que Naciones Unidas tuvo que crear un mecanismo especial para la recepción de esas denuncias individuales. Justamente, ese es un ejemplo de la importancia de mantener esos acuerdos a nivel regional, donde están involucrados menos actores y muchas veces es más fácil lograr algunos acuerdos que si pensamos en todos los países de las Américas o todos los países del mundo.

Por eso rescato que hace un año logramos en ese marco aprobar en el Mercosur un sello de señalización de los lugares donde ocurrieron hechos de la Operación Cóndor. Ahora estamos trabajando en la actualización del relevamiento de normativa y las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, y en reforzar la importancia de ciertos instrumentos en el marco de los 50 años del Plan Cóndor. El instituto y el espacio de derechos humanos del Mercosur, cuando fue creado, fue señalado por las autoridades como el “anti Cóndor”, y me parece que es fuerte tener esa idea–símbolo. Falta mucho para ser el anti Cóndor, porque justamente me parece que hay que mirar cómo ellos –autoridades, militares, funcionarios y corporaciones también, actores privados– fueron muy hábiles, muy efectivos en intercambiar información y tener recursos, presupuesto para una política muy efectiva de coordinación y violación de derechos humanos. Entonces, hay una tarea no concluida que en estos momentos de avanzada de discursos de extrema derecha me parece que nos llama y convoca con más urgencia a plantearnos si efectivamente hemos logrado construir una coordinación, un anti-cóndor; para que exista una coordinación, un presupuesto para promover derechos humanos, para capacitar funcionarios en los estados para que puedan ejecutar las políticas de derechos humanos. Me parece que es una tarea no concluida, pero que sigue vigente y que nos debe convocar como región 50 años después de la creación del Plan Cóndor.

¿Hay un peligro específico ahora de que esos consensos alcanzados se rompan?

Yo creo que justamente en el Mercosur, por trabajar con consensos, lleva tiempo aprobar una directriz sobre cuidados, sobre violencia de género, sobre población LGBTIQ+, y también lleva tiempo, o debería llevar tiempo, desarmar eso. Una vez que tenemos estados con visiones políticas sobre los derechos humanos claramente muy distintas, me parece que más que nunca hay que aferrarse a lo que hemos construido, que es mucho, es bastante.

En un momento en que los derechos humanos están bastante golpeados, con una administración nueva en Estados Unidos que se anima. La osadía que tienen como impronta algunas extremas derechas es un dato que, además de tenerlo como un diagnóstico, debería de alguna manera inspirarnos, no a hacer lo mismo, sino a permitirnos osadías en nuestras propuestas de construcción de sociedades que respetan y promueven los derechos humanos, de sociedades humanitarias. Estamos viendo casos, aquí en la región, en que el discurso por la libertad es una falacia. Cuando un país se anima a atacar a los investigadores, las universidades, la cultura, las artes, la historia —que es lo primero que las extremas derechas hacen–, me parece que ahí hay una señal muy autoritaria, no una señal de libertades. Pero, por otro lado, esta lista es un buen indicador de las cosas que estamos haciendo bien. Justamente, eso que molesta o se quiere suprimir parece mostrar una hoja de ruta de cómo venimos avanzando en materia de discriminación racial, de género, LGBTI+. El sentido comunitario es peligroso para quien promueve autoritarismo basado en un individualismo exacerbado.

Yo me rehúso a decir que estamos viviendo en polarización; yo creo que son visiones distintas. Los grupos que públicamente defienden medidas y toman decisiones y acciones antidemocráticas, antiderechos, me parece que se ponen fuera de los límites de la legitimidad, de la legalidad, de los límites civilizatorios. Se deben tomar medidas y buscar respuestas para no naturalizar que desde las voces de las autoridades se ataquen minorías o se promuevan discursos de odio. Eso no puede ser aceptado. Nos ha costado mucho y creo que en la región tenemos muy fresco cómo muy recientemente se ha intentado normalizar la eliminación física de un adversario político por no compartir las mismas ideas. Es una alarma que tenemos que tener y nos falta integrar esas estrategias desde la sociedad civil organizada, desde los poderes judiciales, desde los parlamentos, para responder que eso está fuera de los límites democráticos.

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