De las siete investigaciones penales en las que está involucrada la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en dos casos el Ministerio Público ha presentado denuncias constitucionales ante el Congreso. Se trata de los procesos por las 49 muertes durante la violenta represión a las protestas de 2022 e inicios de 2023 y el de cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito por la presunta recepción de relojes y joyas de lujo a cambio de presupuesto adicional para el gobierno regional de Ayacucho.

Por estos casos, el Ministerio Público ha presentado denuncias constitucionales ante el Congreso. Está en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales definir si se levanta o no la inmunidad presidencial, algo que se requiere para avanzar en las investigaciones.

En ese contexto, Boluarte ha iniciado una campaña de desprestigio contra la Fiscalía. “Ahora, los golpes de Estado ya no vienen del Ejército, sino del Ministerio Público”, dijo el 3 de marzo, luego del allanamiento a la casa del censurado ministro del Interior Juan José Santiváñez. La misma diligencia se realizó en la casa de la mandataria un año antes.

A estas investigaciones se suma una carpeta por el supuesto acuerdo con la exfiscal de la nación Patricia Benavides para mantener en el cargo al excomandante general de la Policía Raúl Alfaro Alvarado.

A la presidenta también se la indaga por desactivar el grupo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Efficcop) –el mismo que investiga a su hermano– y por el supuesto uso del Cofre –vehículo presidencial– para trasladar al prófugo Vladimir Cerrón. A esto se añade el presunto abandono del cargo para realizarse intervenciones estéticas, sin informar previamente al Congreso.

De igual modo, la mandataria está involucrada en otras tres investigaciones por presuntos delitos cometidos antes de asumir la presidencia: su supuesta participación en el financiamiento ilegal de la campaña de Perú Libre en las elecciones de 2021, la contratación de Víctor Torres Merino en el Ministerio de Inclusión Social y el eventual favorecimiento a empresas que distribuían alimentos en mal estado en el programa Qali Warma.

El exfiscal supremo Avelino Guillén Jáuregui considera que el proceso por las muertes en protestas reúne varios hechos que involucran la responsabilidad de la mandataria. Según su opinión, la presidenta “no puede negar que tuvo información permanente y actualizada de lo que estaba ocurriendo en el interior del país y, en vez de paralizar [la represión], alentó estas conductas”.

A criterio del exprocurador anticorrupción José Ugaz Sánchez-Moreno, la indagación por presunto enriquecimiento ilícito también cuenta con abundante evidencia que desmiente la justificación que dio la presidenta para deslindarse del caso. “Ya se ha probado que ha mentido. Las versiones que han dado son disfrazadas”, dijo.

El 20 de marzo, la fiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, informó ante la prensa extranjera que, además de estos casos –iniciados de oficio por el Ministerio Público–, existen, al menos, otras 30 denuncias ciudadanas contra la presidenta desde el inicio de su gestión. En el mismo evento informó que algunas de estas se encuentran próximas a ser archivadas por falta de sustento, mientras que otras siguen en evaluación.

Espinoza Valenzuela también cuestionó los ataques por parte de la presidenta y sus ministros hacia la entidad que lidera. “Ninguna de las investigaciones son antojadizas. Todas tienen mérito, pertinencia y necesidad de averiguar la verdad. No existe funcionario intocable en el Perú. [...] Nosotros no perseguimos al político, perseguimos al delito”, señaló.

Las indagaciones

Por las muertes en protestas, la mandataria es investigada por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves, en la causal de comisión por omisión. Es decir, por no haber llevado a cabo acciones para evitar que los manifestantes fueran asesinados y heridos.

El Ministerio Público ya presentó denuncias constitucionales por las muertes en las protestas y enriquecimiento ilícito.

La tesis fiscal sostiene que la presidenta, pese a estar informada de que existían fallecidos y heridos en la represión a las protestas de diversas regiones del país, no dictó ninguna orden para evitar que policías y militares sigan haciendo un uso desproporcionado de la fuerza.

“La evidencia muestra que el gobierno no hizo nada para evitar las muertes [en esas manifestaciones], pudiendo hacerlo. Estas no se produjeron como resultado de un impulso, sino de una cadena de hechos que se repitieron en el tiempo. No veo manera [de] que la señora Boluarte pueda eludir el peso de la responsabilidad en este caso”, señaló el abogado César Azabache Caracciolo.

OjoPúblico contactó a Joseph Campos Torres, representante legal de la mandataria en este caso, para consultarle mayores detalles. Sin embargo, el abogado indicó que no daría declaraciones.

En el otro caso, Boluarte es investigada por el presunto delito de cohecho pasivo impropio. En otras palabras, se busca determinar si recibió algún soborno del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez. Según la tesis fiscal, Oscorima Núñez le dio estos objetos a la mandataria para obtener beneficios presupuestales para su región.

Esto, según la Fiscalía, se evidencia con, por lo menos, seis decretos firmados por la presidenta con los que se autorizaron partidas presupuestales a favor del gobierno regional de Ayacucho. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, entre diciembre de 2022 y abril de 2024, esta región recibió 502,9 millones de soles (casi 138 millones de dólares) de presupuesto adicional.

El Ministerio Público también presentó una denuncia constitucional ante el Parlamento. Como con la investigación por la represión a las manifestaciones, esta depende de que el Congreso levante la inmunidad de la mandataria.

OjoPúblico solicitó una entrevista con el abogado de la presidenta en dicho caso, Juan Carlos Portugal. Este se excusó por temas de agenda.

Otras investigaciones

El área de denuncias constitucionales y enriquecimiento ilícito de la Fiscalía de la Nación también investiga a nivel preliminar a Boluarte por otros cinco presuntos delitos cometidos después de haber asumido la presidencia.

Entre estos casos se encuentra la indagación por su supuesta intervención para desactivar el grupo policial que apoyaba al Efficcop. El fiscal Hernán Mendoza le imputa los presuntos delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad, bajo la tesis de que fue quien estuvo detrás de esta decisión para obstaculizar el avance de las investigaciones contra su hermano, Nicanor Boluarte.

“Una medida de esa envergadura no la va a adoptar el ministro del Interior sin poner en conocimiento a la presidenta. Tanto más si se conocía con antelación que el Efficcop estaba investigando a su hermano”, opinó el exfiscal Guillén Jáuregui.

Asimismo, la Fiscalía de la Nación investiga a Boluarte por el presunto delito de abandono de cargo. Esto en el contexto de las intervenciones quirúrgicas que se realizó sin informar previamente al Congreso.

En los últimos días, Cuarto Poder publicó el reporte operatorio que revela más de una intervención estética en la clínica del médico Mario Cavani. Esta prueba contradice parte de la versión dada por la presidenta, quien aseguró públicamente que las cirugías se debieron a temas de salud. Pese a ello, en opinión de los abogados consultados, aún falta determinar si las intervenciones impidieron que la presidenta pudiera cumplir con sus labores.

A criterio del penalista César Nakasaki Servigón, este caso tiene otra línea de investigación relevante: el presunto acuerdo entre la presidenta y Mario Cavani para que allegados del médico ingresaran a entidades públicas como “pago” por las intervenciones. “Lo más importante, ahora, es la arista de si el médico recibió una contraprestación para designar a personas en puestos públicos”, indicó.

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta, alegó durante una entrevista con el programa Panorama que los correos que evidenciarían las solicitudes de Cavani de cargos públicos para sus conocidos son “apócrifos”.

El caso conocido como El Cofre, por el que se la investiga por el presunto delito de encubrimiento personal, también está en diligencias preliminares y cuenta con evidencia robusta. La Fiscalía sostiene que Boluarte trasladó con un vehículo presidencial al prófugo y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, hasta una jurisdicción de la playa de Asia.

El abogado de la mandataria ha señalado que el personal que ese día estuvo a cargo del vehículo y su seguridad ha negado la presencia de Cerrón Rojas. Además, informó que en esa carpeta fiscal hay una demanda de control de plazo pendiente de resolución y, por lo tanto, la investigación debería archivarse.

Respecto al presunto enriquecimiento ilícito, las declaraciones juradas de la presidenta revelan que, entre 2021 y 2024, su patrimonio aumentó en más de 550.000 soles (unos 150.000 dólares), monto que, según la Fiscalía, no está sustentado en sus ingresos. Esta indagación nació a partir del caso Rolex, cuando la Fiscalía encontró que la jefa de Estado no había consignado joyas en sus declaraciones ante la Contraloría.

A partir de las declaraciones de Jaime Villanueva Barreto, exasesor de la exfiscal de la Nación e investigado en el caso conocido como “La Fiscal y su Cúpula de Poder”, el Ministerio Público también investiga el presunto acuerdo ilícito entre la presidenta y la exfiscal Benavides para mantener en el cargo al excomandante de la Policía Raúl Alfaro Alvarado. La defensa de Boluarte afirma que no hubo negociación, ya que el oficial fue relevado del cargo.

“Teóricamente, considero que se debe investigar y hasta procesar a un presidente en funciones. Si el presidente está involucrado en muchos delitos, tiene que haber un mecanismo para sacarlo [del cargo] e investigarlo”, opinó Nakasaki Servigón.

Por su parte, el exprocurador anticorrupción José Ugaz Sánchez-Moreno sostuvo que todos los casos mencionados tienen elementos que, eventualmente, llevarán a la presidenta a responder ante la Justicia después de su mandato. “Tienen evidencia suficiente”, remarcó.

Este artículo fue publicado originalmente en Ojo Público.