Cuando el único político capaz de hacerle sombra al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, fue detenido bajo la acusación de corrupción y colaboración con el terrorismo, miles de manifestantes salieron a las calles. Las movilizaciones comenzaron el 19 de marzo y continuaron desde entonces pese a la represión policial. Incluyeron también medidas de boicot contra empresas afines al oficialismo y esta semana se concentraron en una jornada sin compras, el miércoles, como medida de protesta.

A lo largo de sus 22 años en el gobierno, Erdoğan acumuló un amplio poder, primero como primer ministro y después desde la presidencia. Si bien cuando fue electo presidente el cargo era más protocolar que ejecutivo, Erdoğan cambió esta situación con una reforma constitucional, aprobada en referéndum, por la que Turquía pasó de un sistema parlamentario a uno presidencialista.

El mandato del jefe de Estado pasó de cuatro a cinco años y concentró nuevas potestades, entre ellas la de designar a más de la mitad de los integrantes del Tribunal Constitucional.

Con esa acumulación de poder y una oposición fragmentada, Erdoğan llegó como favorito a sucesivas elecciones.

Sin embargo, en 2019 surgió la figura de Ekrem Imamoğlu, un dirigente socialdemócrata que reúne una fuerte popularidad y atrae a votantes de otras corrientes políticas. Esto le permitió desafiar al gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, en turco) de Erdoğan y ganar las elecciones a la alcaldía de Estambul de ese año como candidato del laico Partido Republicano del Pueblo (CHP).

Gobernar esa ciudad, que concentra la quinta parte de los habitantes del país y una fuerte actividad económica, es un hito, a tal punto que Erdoğan había llegado a decir, mucho antes del triunfo de Imamoğlu, que “quien gana Estambul gana Turquía”. Él mismo gobernó esa ciudad en la década de 1990.

El triunfo electoral de Imamoğlu en 2019 fue cuestionado por el gobernante AKP, que denunció irregularidades y logró que las autoridades electorales dispusieran repetir las elecciones. Pero Imamoğlu las volvió a ganar, con más apoyo que la primera vez, y en 2024 fue reelecto en el cargo.

Aunque todavía faltan años para las elecciones presidenciales de 2028, para las que Imamoğlu se perfila como candidato, existen posibilidades de que la fecha se adelante. Por eso su partido tenía previsto celebrar primarias el domingo 23 de marzo.

Pocos días antes de esa votación, el martes 18 de marzo, la Universidad de Estambul, donde Imamoğlu obtuvo su diploma de grado en administración de empresas hace 31 años, le anuló el título por supuestas irregularidades administrativas en su admisión. Esta decisión implica una barrera para la candidatura del dirigente, porque la Constitución de Turquía exige que el presidente cuente con educación de nivel terciario completa.

Al día siguiente, Imamoğlu sufrió otro golpe. Fue detenido, acusado de corrupción en su gestión como alcalde, de liderar una organización criminal y de colaborar con un grupo “terrorista”, supuestamente en alusión a la guerrilla kurda. El partido del dirigente contaba con el apoyo de un partido de izquierda prokurdos, el DEM, que es la tercera fuerza del Parlamento, después del oficialismo y del propio CHP.

El domingo siguiente, las primarias del CHP se celebraron, pese a todo esto, con Imamoğlu como único candidato. Según informó la BBC, el partido comunicó que la participación superó por mucho el número de sus afiliados. Tiene 1,6 millones de adherentes y votaron casi 15 millones de personas en solidaridad con Imamoğlu (Turquía tiene 85 millones de habitantes).

Ese mismo día, un tribunal ratificó la detención del alcalde, que fue suspendido en el cargo, y lo derivó a una cárcel donde deberá esperar a que se procese su juicio.

Tanto el líder del CHP, Özgür Özel, como la organización civil Human Rights Watch denunciaron que la detención de Imamoğlu es un intento de Erdoğan de utilizar el sistema judicial para mantenerse en el poder, perjudicanco a sus rivales, informó la agencia Efe.

Junto a Imamoğlu fueron detenidos decenas de políticos, empresarios y periodistas sospechosos de participar en los mismos delitos. Fue arrestado el abogado del dirigente, Mehmet Pehlivan, que quedó en libertad pero se mantienen los cargos de lavado de dinero en su contra. A su vez, dos jerarcas de la alcaldía en el distrito de Sisli fueron acusados de “colaborar con un grupo terrorista”.

Paros y protestas

La primera reacción a estas detenciones fueron movilizaciones masivas en las calles que se extendieron por 55 de las 81 provincias del país, incluida la capital, Ankara, de acuerdo con AFP. En Estambul las protestas llegaron a reunir 100.000 personas.

La esposa del dirigente detenido, Dilek Kaya Imamoğlu, le habló a la multitud que se reunió frente a la alcaldía de Estambul el domingo de las elecciones primarias y dijo que muchas personas en Turquía se vieron reflejadas en la situación que atraviesa su marido. “Todos encontraron algo de sí mismos y de las injusticias a las que se enfrentan en lo que le hicieron a Ekrem”, afirmó.

Los manifestantes reclamaban la libertad de votar al dirigente del CHP y acusaban de “dictador” a Erdoğan, cuyo gobierno prohibió las protestas. También se restringió la circulación del transporte público y el acceso a redes sociales.

“Turquía no sucumbirá ante el terror callejero”, dijo el presidente. “Permítanme decirlo alto y claro: las protestas callejeras [...] son un callejón sin salida”, agregó Erdoğan.

El presidente dijo que no toleraría “ataques de grupos marginales y vándalos urbanos” y acusó a los manifestantes de causar destrozos y atacar a policías.

En Estambul las manifestaciones fueron reprimidas con gases lacrimógenos, proyectiles de goma y cañones de agua. Sin embargo, las protestas continuaron y 20 universidades de esa ciudad, Ankara, Esmirna y Bursa pararon sus actividades como medida de protesta. Los estudiantes comenzaron a movilizarse desde un día antes de la detención de Imamoğlu, en rechazo a la decisión de cancelar su título universitario. También el sindicato de docentes de centros públicos convocó a parar en respuesta a esta situación.

Por “actos ilegales” en las manifestaciones fueron detenidas unas 2.000 personas, entre ellas políticos, y más de un centenar fueron arrestadas en allanamientos; las fueron a buscar a su casa por acusaciones de estar vinculadas con las protestas.

El líder opositor Özel denunció maltratos a jóvenes detenidos: “Los han esposado con las manos en la espalda, los han tenido horas detenidos sin avisar a su familia, les han dado cuatro botellas de agua a 60 personas... Sabemos hora y lugar de todo”, incluso de agresiones físicas, dijo. Prometió que estos hechos serán investigados cuando su partido llegue al gobierno, “sea este año o el viene”. También advirtió: “Los ciudadanos de Europa que juegan a tener democracia en casa a la vez que se arreglan con la autocracia en Turquía saben que el gobierno se cambiará”.

Desde Europa, algunas instituciones y dirigentes se refirieron a lo que está ocurriendo en Turquía, entre ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron. “Turquía necesita a Europa y Europa necesita a una Turquía que asuma sus responsabilidades en la seguridad europea, pero también que siga estando en su camino democrático respetando los compromisos que suscribió”, dijo.

El presidente francés lamentó “el carácter sistemático de los cargos contra figuras de la oposición, de la sociedad civil, las amenazas a la libertad de informar, de manifestarse y el arresto del alcalde de Estambul”.

Diez periodistas fueron detenidos mientras cubrían las protestas, y varias organizaciones que nuclean a esos trabajadores en Turquía exigieron su liberación y el respeto a la libertad de prensa. Si bien esos periodistas finalmente fueron excarcelados, en algunos casos todavía enfrentan cargos, como el fotógrafo de AFP Yasin Akgül.

Otro periodista, el británico Mark Lowen, que cubría las protestas para la BBC, fue acusado de ser “una amenaza para el orden público” y expulsado del país, informó la Deutsche Welle.

A su vez, su colega sueco Joakim Medin fue detenido en el aeropuerto cuando llegó a Estambul. Lo acusaron de ser “miembro de un grupo terrorista” y de “difamar” al presidente turco. La investigación que involucra a Medin, autor de varios libros periodísticos, se vincula con su supuesta participación en una protesta convocada por un grupo kurdo en Estocolmo en 2023, en la que se colgó un muñeco que representaba a Erdoğan.

Por otra parte, el organismo que regula la radiodifusión en Turquía, RTUK, sancionó a un canal, Sozcu, al que le prohibió emitir su señal por diez días por incitación al “odio y la hostilidad”, y comunicó que también emitió sanciones –supuestamente multas– para otros tres canales.

El gobierno acusó también a los políticos por su participación en las manifestaciones y les atribuyó intenciones de polarizar a la sociedad turca. “Los líderes de los principales partidos de la oposición han mostrado una enorme irresponsabilidad”, dijo Erdoğan.

Cero compras

Además de las manifestaciones, la oposición turca impulsó otras medidas. El CHP anunció el sábado una campaña de recolección de firmas casa por casa para pedir la liberación de Imamoğlu. “A partir de mañana, empezando con el pueblo natal de Ekrem en Trabzon, lanzaremos la mayor campaña de firmas del mundo”, dijo Özel durante una manifestación.

El dirigente también apoyó una campaña de boicot mediante el consumo. Llamó a no comprar productos de grupos económicos afines al gobierno, y a no ver sus canales de televisión. Ante los manifestantes, Özel nombró varias marcas y comercios que pertenecen a empresarios que, según dijo, suelen obtener licitaciones públicas o hacer coberturas mediáticas favorables al gobierno.

El miércoles fue convocada una jornada de boicot total al consumo que la oposición evaluó como exitosa. Sin embargo, también dio paso a más represión. La Policía detuvo el jueves a 11 personas, entre ellas actores y otras figuras públicas, por haber respaldado o promovido esta campaña de “cero compras”.

Grupos de actores se congregaron ante el juzgado para apoyar a su colega Cem Yigit Üzümoğlu, que fue uno de los detenidos. Finalmente, los 11 fueron liberados pero con orden de presentarse periódicamente ante la Justicia y no dejar el país.

Según informó Efe, la televisión pública, TRT, que había advertido a sus trabajadores que si apoyaban las protestas sufrirían consecuencias, excluyó a la actriz Aybüke Pusat de una serie de televisión muy popular por respaldar la jornada sin consumo, y dio por terminados los contratos de otros tres actores porque manifestaron en las redes sociales el apoyo a su colega.

El boicot del miércoles, además de rechazar la situación de Imamoğlu, exigía que fueran liberados de inmediato 301 estudiantes detenidos en las movilizaciones universitarias.

Para el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, “llamar al boicot de nuestros comerciantes, de nuestros productos locales y nacionales, es una traición al país y la nación”. En sus redes sociales, consideró que la convocatoria era un “sabotaje” y “un intento de golpe de Estado” contra la economía del país.

Mientras la Fiscalía investiga a los convocantes, el diario BirGün señaló que en diciembre el propio presidente de Turquía, para frenar la inflación, llamó a boicotear aquellos “productos y servicios” que tuvieran “precios inflados”. También la oposición recordó que en 2008 Erdoğan pidió un boicot, en este caso contra los medios que no cubrieran los actos de su partido.