La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el jueves su Informe Anual 2024, en el que se reportan “los avances y desafíos en derechos humanos en la región”.

El documento presenta fenómenos y tendencias en el continente que preocupan a la comisión, y constituye un amplio mapeo país por país. Allí se pueden encontrar desde advertencias sobre las iniciativas que restringen la actuación de la sociedad civil organizada en Perú hasta avances en materia de derechos como el fallo del Tribunal Superior de Dominica que declaró inconstitucionales y nulos los artículos de una ley que criminalizaba las relaciones homosexuales entre adultos.

Después de presentado el informe, la vicepresidenta de la CIDH, la argentina Andrea Pochak, conversó con la diaria por videollamada, desde Washington, sobre algunos de los fenómenos registrados en el documento: el prolongado estado de excepción en El Salvador, los discursos de hostigamiento contra periodistas o actores judiciales y la represión a manifestantes en distintos países. También habló de los lineamientos que impuso el gobierno de Donald Trump para el uso de los aportes voluntarios que Estados Unidos entrega a la comisión.

Acerca de Uruguay, la vicepresidenta de la CIDH destacó que es un país “muy robusto en términos de institucionalidad democrática”, con avances en derechos, pero también con desafíos en cuanto a la situación de las cárceles, la integración de los migrantes y en materia de memoria, verdad y justicia, algo que incluye la reparación a las víctimas de la dictadura. El pasado reciente “es un tema que a la comisión le sigue preocupando mucho” y, si bien “hay avances en materia judicial, siguen siendo avances lentos”, dijo.

En su informe la CIDH destaca un grupo de países, Venezuela, Cuba y Nicaragua, en los que nota una situación más crítica y prolongada en el tiempo. Pero también hay otros países en los que ha habido retrocesos más recientes en materia de derechos, de libertad de prensa, de manifestación; por ejemplo, Perú, Argentina, El Salvador. En Perú se impulsaron leyes que implican castigos para periodistas o que restringen la posibilidad de que las organizaciones civiles accedan a fuentes de financiamiento. ¿Qué me podrías contar sobre estas situaciones?

Efectivamente, hay un grupo de países que la comisión interamericana viene monitoreando desde hace muchísimos años no solamente por la situación de violaciones de derechos humanos, que se sostienen, sino además por una situación de debilidad institucional o, en algunos casos, de falta de práctica democrática. Por eso, esos países como Cuba, Venezuela o Nicaragua aparecen mencionados y analizados en un capítulo específico del informe de la comisión, y en otros momentos aparecieron en ese capítulo otros países. Por ejemplo, hasta el año pasado estaba Guatemala.

Pero eso no significa que sean los únicos países que requieren la atención de la comisión interamericana. Todos los países están siendo monitoreados. Por distintas situaciones, hay varios que nos preocupan mucho. Nos preocupa la situación de Perú, que se había destacado por avances en materia de justicia, había robustecido la institucionalidad democrática durante muchos años y ahora se advierten fuertes retrocesos. La CIDH ha supervisado la situación de Perú con visitas y con informes en los que emitió recomendaciones muy fuertes vinculadas, por ejemplo, con la protesta y con la necesidad de reparar violaciones a los derechos humanos, y con los asesinatos que se cometieron por el uso de la fuerza durante las manifestaciones [contra el actual gobierno, a fines de 2022 y comienzos de 2023, en las que murieron cerca de 50 personas]. Esas reparaciones están siendo monitoreadas estrictamente por la comisión interamericana y no vemos avances significativos.

Paralelamente, en Perú ha habido retrocesos importantes en materia de justicia por los crímenes cometidos durante el régimen de Alberto Fujimori. Se han sancionado leyes que pretenden establecer otra vez la impunidad respecto de estos crímenes. Perú también ha adoptado recientemente una ley que restringe la actuación de las organizaciones de la sociedad civil. Se advierten allí, como en muchos otros países, lamentablemente, restricciones a la participación, al espacio cívico, en general.

Nos preocupa también la situación de El Salvador, que tiene como política de seguridad fundamental el estado de excepción. Hace muchos años ya que recurre de manera sistemática a la renovación del estado de excepción. Los estados de excepción, la posibilidad de que los países suspendan la vigencia de derechos durante un determinado momento, son medidas que deben ser efectivamente excepcionales, que deben estar vigentes solamente durante un tiempo determinado, no, como en el caso de El Salvador, donde desde hace ya varios años se mantienen de manera sistemática, lo que ha provocado una detención masiva de personas sin juicio. Hay un encarcelamiento masivo de personas y además, se ha denunciado, en condiciones muy malas de detención.

Sin embargo, El Salvador hasta el momento no ha permitido que la comisión interamericana constate, vigile esas condiciones de detención. De manera que también es un país que nos genera mucha preocupación. No puedo hablarte de Argentina, porque al ser de nacionalidad argentina yo no tengo posibilidades de hablar, pero sí te puedo decir que todos los países merecen un distinto nivel de preocupación por parte de la comisión, teniendo en cuenta la realidad de cada uno. No son lo mismo retrocesos que se ven en países que habían avanzado significativamente en materia de derechos humanos y ahora están retrocediendo, que [la situación de] países que están dando pasos lentos, pero en un camino hacia adelante.

En fenómenos que pueden ser comunes a varios países, como la discriminación contra mujeres, afrodescendientes, indígenas, ¿han notado cambios?

Estamos advirtiendo una tendencia muy regresiva en materia de discriminación, de discursos discriminatorios hacia personas por diversidad sexual y hacia personas extranjeras. Notamos una tendencia regresiva en materia de políticas migratorias en general, no solamente a partir de la asunción de la administración de [Donald] Trump, que es algo que no estamos analizando en este informe por ser de 2025. Lo veníamos siguiendo con mucha preocupación durante todo 2024, y tiene impacto en todos los países de la región. Notamos discursos discriminatorios, estigmatizantes, incluso políticas muy restrictivas hacia personas extranjeras, la securitización de la migración, la militarización de la migración, como si fuera un fenómeno de seguridad nacional. Es una tendencia muy preocupante.

Hemos visto algunos avances en materia de diversidad. Algunos países del Caribe que tenían criminalizada la relación sexual entre personas adultas del mismo sexo han avanzado en la despenalización, a veces por un cambio legislativo, a veces por una sentencia judicial.

Pero seguimos viendo todavía fuertes resistencias a avanzar en la línea del derecho a la igualdad, con algunas excepciones, por supuesto. Hay países que han seguido avanzando en una tendencia positiva, como Uruguay o México, donde en distintos niveles estaduales se ha avanzado en leyes muy importantes.

En materia de pueblos indígenas, hay avances y retrocesos. Por supuesto que los conflictos indígenas de la tierra indígena siguen siendo conflictos históricos, y en muchos países siguen siendo grupos muy vulnerables que se enfrentan con empresas, con grupos muy poderosos. Sin embargo, también ha habido países que han avanzado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y otra vez menciono una reforma constitucional que hubo en México, que es importante.

México es un país de contrastes, donde ha habido fuertes avances en materia de políticas sociales, de reconocimiento de derechos a grupos vulnerables, y donde también se siguen perpetrando hechos de violencia muy fuerte, y el fenómeno de la desaparición de personas sigue siendo preponderante, sobre todo en la población migrante que transita por el país.

En el caso de Estados Unidos, aunque el cambio de gobierno no esté comprendido en este informe, ¿se puede percibir tendencias que afecten a los migrantes, a otros colectivos, así como al derecho a la información?

El informe advierte ya desde 2024 –como venía advirtiendo en años anteriores– tendencias preocupantes en materia de políticas migratorias, en materia de violencia contra personas afrodescendientes, ciertas prácticas y políticas marcadas por el racismo en Estados Unidos. Ya eran una preocupación que tenía la CIDH en años anteriores, que por supuesto se agravan significativamente a partir de algunas políticas adoptadas por la nueva gestión. La comisión se expidió sobre esas principales preocupaciones en dos comunicados de prensa, uno emitido en febrero de este año en relación con políticas migratorias de Estados Unidos y otro emitido en marzo en relación con la libertad académica, la libertad de expresión, incluso la independencia judicial. Son asuntos que no solían ser preocupaciones para la CIDH con relación a Estados Unidos y que ahora son motivo de enorme preocupación. Pero como te decía, el informe releva preocupaciones –también avances, obviamente– y tendencias que se venían viendo en los últimos años. Las políticas migratorias de Estados Unidos siempre fueron problemáticas, siempre existieron expulsiones masivas, siempre existieron detenciones arbitrarias de personas extranjeras. No es una novedad de la gestión Trump, lo que pasa es que la crueldad de esta gestión es mayor. La publicidad, la demagogia de esta gestión es mucho mayor.

Lo que ahora se advierte también es, obviamente, un impacto fuerte que tienen estas políticas migratorias de Estados Unidos en otros países de la región, a partir de acuerdos como el firmado con El Salvador para recibir a estas personas extranjeras. Son cosas que estamos monitoreando con fuerza desde la Relatoría de Movilidad de la comisión.

También han cambiado las políticas hacia las universidades; se les ha exigido determinada vigilancia de los estudiantes, restricciones para que los migrantes accedan a esas instituciones.

Exacto, o la expulsión de investigadores extranjeros en algunas universidades simplemente por su opinión o por su postura académica.

¿Las nuevas políticas estadounidenses también pueden tener un impacto en el financiamiento de la propia CIDH? Porque tengo entendido que los países de América del Norte son los que más recursos aportan a la comisión.

Los recursos de la CIDH están especificados y transparentados en el capítulo 6 del informe anual. Somos muy transparentes en el manejo de los fondos. La CIDH recibe fondos regulares de la OEA [Organización de Estados Americanos] y también recibe fondos voluntarios. Los fondos regulares no son suficientes para solventar el trabajo de la comisión. Por eso, históricamente ha requerido financiamiento de otros países de Europa o de América y también de fundaciones, y lo sigue recibiendo. Entre ellos, fondos voluntarios de Estados Unidos, que recibe de manera ordinaria desde hace más de 20 años.

Estos fondos, como todos los fondos de la cooperación internacional de Estados Unidos, fueron suspendidos durante un tiempo a partir de la política general que adoptó la gestión Trump de suspender provisoriamente, temporalmente, toda la cooperación internacional. Eso afectó durante unas semanas a la CIDH. Hemos recuperado estos fondos. Estados Unidos ha levantado esa suspensión y ha establecido para su utilización algunos condicionamientos, algunos requisitos y lineamientos que antes no tenían. Pero la comisión va a adaptarse, no va a supeditar su agenda y sus prioridades a esos requerimientos porque tenemos fondos suficientes y alternativas a ese financiamiento que nos permiten seguir manejando la agenda en materia de diversidad, en materia de derechos de las mujeres, en materia de derechos de las personas afrodescendientes, sin necesidad de recurrir a los fondos de Estados Unidos para esa agenda.

¿O sea que al devolver los fondos estableció que no se aplicaran en estas áreas que mencionabas?

Sí, eso es una práctica que suelen tener los financiadores, de decir “bueno, a mí me interesa este tema, yo financio esta agenda”. Son decisiones autónomas que pueden tomar los países o las fundaciones cuando deciden aportar voluntariamente a alguna organización, a algún proyecto. Antes la CIDH no tenía estos lineamientos de parte de Estados Unidos y ahora los tiene, pero estamos en condiciones de sostener nuestra agenda, nuestros principios, nuestras prioridades con otros fondos. La comisión tiene la autonomía suficiente para seguir trabajando por la agenda que considera prioritaria.

¿Hay algún otro factor que ustedes hayan detectado en este último año que cause preocupación? Se me ocurre la acción de grupos criminales organizados, por ejemplo.

La presencia de la criminalidad organizada y el impacto del crimen organizado para la vigencia de los derechos humanos es un tema de preocupación en América desde hace mucho tiempo, de la misma manera que es de enorme preocupación la desigualdad social y económica que existe en nuestra región. Es una de las regiones más desiguales del mundo, de manera que la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales de la población son temas prioritarios desde hace mucho tiempo para la CIDH. Lamentablemente, son preocupaciones que se mantienen, la violencia del crimen organizado, la desigualdad.

Lo que sí se ha robustecido en todo este tiempo, y tal vez en el último año ha quedado más en evidencia, es la debilidad democrática. La debilidad de las democracias en nuestros países para hacer frente a los desafíos en materia de derechos humanos. Lo que venimos advirtiendo es que las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo, las prácticas sistemáticas de violación a los derechos humanos en muchos países las cometen gobiernos democráticos, elegidos democráticamente, ya no dictaduras, como sufrimos en nuestra región. Ni siquiera en el marco de conflictos armados, como también sufrió nuestra región. Hoy estas prácticas, estos discursos xenófobos, estas políticas regresivas en muchos casos son asumidos por gobiernos elegidos por el voto popular. Y esto es lo que nos está llamando la atención, esa debilidad democrática.

Es momento de que las sociedades adviertan que la vigencia de los derechos humanos es una condición fundamental para el bienestar, para la seguridad, son condiciones y no obstáculos para la seguridad, como muchas veces se intenta presentar. Es momento también de que las ciudadanías americanas recuperen su confianza en la democracia.

En varios países o en actores políticos hay un discurso contra el sistema judicial, contra los periodistas, contra actores sociales y contra la propia política. ¿Esto puede llevar a un deterioro mayor de la democracia?

Sí, y el informe tiene un apartado específico de la Relatoría sobre la Libertad de Expresión de la CIDH que también repasa la libertad de expresión en los distintos países, entendida como la situación de los periodistas, que en algunos casos todavía siguen enfrentando hechos de violencia, pero también en términos de protesta social o de estas nuevas regulaciones que buscan restringir el funcionamiento de los medios de comunicación o que no contemplan la necesidad de garantizar la diversidad de voces. Hay muchos países que todavía siguen teniendo en los medios posturas monopólicas del uso de la palabra.

El informe también repasa esta tendencia a reducir los espacios cívicos, la libertad de expresión en sentido amplio, que debe también asegurar un debate robusto de ideas que no responda a discursos violentos o xenófobos. El debate es muy bienvenido en todas las democracias, pero tiene que ser un debate de ideas y no mediante un discurso violento.

El sistema judicial y la propia actividad política son, en algunos casos, objeto de ese tipo de discursos, además de los periodistas.

Nosotros analizamos en el informe estos discursos de hostigamiento que en muchos casos existen en algunas situaciones específicas, de parte de poderes políticos contra el Poder Judicial o de parte del poder político respecto de algunos sectores de la sociedad civil o del periodismo. Notamos discursos estigmatizantes, que no es lo mismo que críticas al Poder Judicial o a la política, que son críticas bienvenidas en un debate democrático. No se debe confundir criticar a algún periodista o alguna nota de prensa con un avasallamiento a la libertad de expresión. Es distinto el debate de ideas que los discursos de hostigamiento, los discursos estigmatizantes. Hay que diferenciar esto, y la comisión sí se refiere a estos discursos que se ven en algunos países.

Yo soy relatora para Guatemala y la situación allí es realmente muy grave no solamente con discursos estigmatizantes, sino con la práctica de la criminalización hacia referentes indígenas, sociales, políticos, judiciales. Muchísimos operadores judiciales de Guatemala terminaron expulsados del país, están exiliados por haber hecho su trabajo de manera adecuada, por investigar casos de corrupción o violaciones de derechos humanos. Se recurre al derecho penal de manera arbitraria, irregular, para criminalizar a investigadores independientes, a periodistas, a defensores de derechos humanos.