Los jueces mexicanos solían ser elegidos por el Consejo de la Judicatura Federal a partir de una evaluación de su idoneidad y sus méritos. Pero el domingo México se convertirá en el segundo país latinoamericano, después de Bolivia, en elegir a sus jueces por voto popular.

A diferencia de Bolivia, que elige a los integrantes de los principales tribunales, en México se elegirá incluso a jueces locales en varios de los estados. Otros territorios completarán este proceso recién en 2027, en otra elección.

En la elección del domingo, que el Instituto Nacional Electoral (INE) calificó de “histórica”, se definirán más de 800 cargos, entre ellos los nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que antes eran propuestos en ternas por el Poder Ejecutivo para que el Congreso aprobara su designación.

Al inaugurarse el período de campaña, que comenzó el 30 de marzo y terminó el miércoles, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, manifestó: “Ríen nuestros adversarios cuando digo esto, pero es muy profundo: digo que somos el país más democrático del mundo, porque en ningún país del mundo se elige a los tres poderes”.

Durante la campaña, los candidatos debían ganarse el voto popular con recursos restringidos: no podían recibir fondos públicos ni privados, ni tampoco contratar por su cuenta cartelería, por ejemplo. Así que buena parte de la propaganda electoral se desarrolló en redes sociales, recorridas barriales y actos públicos.

Se postularon más de 3.400 aspirantes. En algunos casos ya cumplen funciones, y en otros los candidatos y candidatas (se aplicó el criterio de paridad de género en las postulaciones) son propuestos por el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial o más de uno de estos poderes. Sus perfiles profesionales, posturas y objetivos se pueden consultar en la página web del Poder Judicial, bajo el título “¡Conócelos!”.

Allí se puede averiguar, por ejemplo, que Jazmín Bonilla, de 40 años, funcionaria judicial de carrera y la única de los candidatos a la Suprema Corte propuesta por los tres poderes del Estado, destaca la necesidad de que la justicia sea impartida de forma accesible, con sentencias elaboradas en un “lenguaje sencillo que permita a las personas tener pleno conocimiento de las razones” por las que el fallo resultó favorable o no para ellas. También afirma que los jueces y juezas deben estar listos “para escuchar la pluralidad de voces y atender a las demandas de justicia”.

Juno Galindo, candidata a magistrada de circuito (jueza de un tribunal inferior a la Suprema Corte), pone el acento en “dar un trato humano y sensible a los ciudadanos”, en particular a los “grupos vulnerables”, y en acelerar los trámites judiciales. A su vez, Alberto Torres Martínez, candidato a juez de distrito, destaca el valor de actuar con autonomía, sin ceder a las presiones externas, y promete trabajar para hacer más eficientes los procesos.

Aunque hay 99,7 millones de ciudadanos habilitados para votar, se prevé que muchas de esas personas no participarán en esta elección, en la que el voto no es obligatorio. Según informó el diario La Jornada, el INE calcula que la participación se ubicará entre 13% y 20%. Son porcentajes similares a los que se registraron en 2022, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el principal impulsor de un referéndum revocatorio de su propio mandato. Pero algunas encuestas prevén porcentajes de participación incluso menores, de 5%. En las elecciones de 2024, en las que Sheinbaum fue electa presidenta, participó 61,04% del padrón.

Al desconocimiento de los candidatos, que puede jugar en contra de la participación, se suman las críticas que recibió la reforma constitucional de López Obrador que habilitó esta elección. Quienes se oponían a esta iniciativa cuestionaron las garantías que una designación por voto popular asegura acerca de la idoneidad de los candidatos, y argumentaron que este mecanismo causa una pérdida de incentivos para quienes siguen una carrera judicial y no pueden ascender por méritos sino por voto. También argumentaron que no garantiza la independencia del Poder Judicial, que puede politizarse o incluso abrir paso a que el crimen organizado promueva a un candidato. Otro elemento que se debatió fue la posibilidad de que para ganar el voto, los candidatos recurrieran a la demagogia judicial en sus promesas de campaña.

Para el líder del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, estas elecciones son “la farsa más grande que se ha hecho en este país”, y por lo tanto no votará.

En su momento, en defensa de la reforma, el gobierno de López Obrador cuestionó el estado actual del Poder Judicial, y lo mismo hizo Sheinbaum. “El Poder Judicial está mal, hay nepotismo. La justicia no es pareja, libera a delincuentes”, dijo la presidenta.

De todos modos, según informó France 24, en los últimos días de campaña surgieron polémicas por varias de las candidaturas, entre ellas la de Leopoldo Chávez, que cumplió una condena de casi seis años de prisión en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas; la de Fernando Escamilla, que asesoró jurídicamente a integrantes del cártel de Los Zetas; o la de Silvia Delgado, que en 2016 fue abogada del entonces jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. “No soy corrupta. No te pueden condenar por haber hecho tu trabajo”, dijo la candidata.

Una encuesta telefónica del diario El Financiero, que abarcó a casi todos los estados del país y a la Ciudad de México, concluyó que la mitad de los ciudadanos cree que la elección del domingo abrirá paso a un Poder Judicial más cercano al actual gobierno. Para 37%, en cambio, ese poder será un contrapeso para el Ejecutivo y 13% no sabe qué impacto puede tener esta votación en ese sentido.

Para 59% de los ciudadanos, la reforma judicial impulsada por López Obrador “fortalece la democracia” y para el 35% la debilita. Por otra parte, sólo 12% de los encuestados dijeron que ya tenían decidido su voto.

Las autoridades tienen previsto anunciar el domingo los números aproximados de participación, pero recién en torno al 15 de junio se conocerá quiénes fueron electos en los distintos cargos.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, llamó a los mexicanos a ignorar a quienes promueven la abstención, entre ellos figuras de la oposición y exconsejeros del INE contrarios a que los jueces sean electos. Los convocó a votar y “ser partícipes de este proceso”.

También la presidenta de México llamó el miércoles a una “participación masiva”, y destacó: “Las personas que vayan a votar van a decidir quién va a ser el Poder Judicial, y quienes resulten triunfadores en esta elección, que resulten elegidos por el pueblo, elegidas, pues van a responder al pueblo. Esa es la gran diferencia”.

Consideró que es “más democrático” que “voten millones de personas a que decida la presidenta con el Senado de la República”, como antes.