Lago Agrio arde. La temperatura varía entre 30 y 36 grados en este cantón amazónico, capital de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos. Originalmente, fue poblada por distintas etnias indígenas, algunos misioneros y explotadores del caucho. En los últimos años, sin embargo, han llegado otros actores que han estado calentando la zona, pero en otro sentido.
“Aquí uno mira, escucha y calla”, dice un habitante de Nueva Loja, cabecera del cantón Lago Agrio, muy cerca de la frontera con Colombia, donde se escucha fácilmente la señal de radio y televisión del país vecino. Quienes han visitado la ciudad en alguna ocasión o han trabajado allí temporalmente conocen algo importante: la zona es tranquila para quienes no se meten con quien no deben. Lo dicen el taxista, el tendero o la mesera. Pero no se atreven a nombrar a quienes desataron una ola de violencia en los últimos meses de 2024: los Comandos de la Frontera (CDF).
“Somos un cantón colindante con Colombia y por eso estábamos un poco acostumbrados a escuchar algunas cuestiones. Había muertes violentas, tres o cuatro al año, pero desde que se recrudeció el problema a nivel nacional hemos sentido cómo las muertes violentas se han incrementado”, relata el alcalde, Abraham Freire, y pide que haya más efectivos policiales, mejor equipados, con vehículos y armas largas para enfrentar la situación.
Todo empeoró en este cantón a principios de setiembre de 2024, cuando asesinaron al director de la cárcel de Lago Agrio. Desde entonces, las cifras de muertes violentas en la provincia se han disparado. Sólo en los tres primeros meses de 2025 se han registrado 35.
“Yo nací aquí. Hemos vivido al lado de la guerrilla, pero nunca ha pasado una situación de esta naturaleza. La guerrilla y disidentes siempre han existido, pero lo de ahora es una cosa cambiante. No siento que las cosas estén mejorando a nivel nacional, y lo que pasa en el resto del país repercute en nuestro cantón”, señala Freire preocupado.
Al anochecer, la gente camina apresurada por las calles de Lago Agrio, tienen pocas horas para hacer las compras o tomarse una cerveza con amigos. A las nueve, todos los negocios cierran y, a partir de las diez de la noche, la circulación está restringida hasta las cinco de la mañana siguiente. “Esa falta de circulante afecta al comercio. Hemos enviado cartas al presidente, al ministro del Interior, al comandante de Policía, les hemos pedido revisar la medida”, se queja el alcalde Freire.
La prohibición de circular libremente no es un capricho del gobierno central, sino que responde al estado de excepción que rige desde hace tres meses en varias provincias de Ecuador, incluida Sucumbíos. Esta decisión se enmarca en la declaratoria de conflicto armado interno, que el gobierno del presidente Daniel Noboa adoptó en enero de 2024, tras declarar objetivos militares a 22 grupos narcodelictivos, entre ellos los Comandos de la Frontera.
La expansión de los Comandos de la Frontera
En esta región limítrofe la gente conocía a los vecinos peligrosos, al otro lado de la frontera, como el Frente 48 de las FARC; otros sencillamente los llamaban “paras” o “guerrilleros”. Ahora los exintegrantes de esos frentes se denominan Comandos de la Frontera.
El cambio de nomenclatura no es un asunto menor en la historia de este grupo, que se ha ido sofisticando y expandiendo por toda la región fronteriza amazónica, como lo contó una reciente publicación de la Red Investigativa Transfronteriza de Ojo Público. Su presencia ha sido detectada en al menos 21 localidades de Colombia, Ecuador y Perú.
Los Comandos de la Frontera se originaron con el desarme de dos frentes de la guerrilla de las FARC: el Frente 48, en el Bajo Putumayo, y el Frente 32, en el Medio Putumayo colombiano. Un reducto de combatientes de ambos frentes, vinculados con el narcotráfico, quiso seguir con el negocio y no se acogió al proceso de paz con el gobierno colombiano firmado en 2016, explica un documento de la Fundación Ideas para la Paz.
Estos miembros se integraron primero en La Constru y formaron la facción de Los Sinaloa, que luego pasó a llamarse La Mafia. “En 2020, la estructura cambió de nombre a Comandos de la Frontera - Ejército Bolivariano, buscando desligarse de hechos de violencia contra las comunidades y de mostrar un perfil más político y guerrillero”, cita este informe.
Desde entonces, los Comandos de la Frontera han buscado extender su dominio territorial y su portafolio delictivo no sólo con el narcotráfico, sino también con la minería ilegal, especialmente en la provincia de Orellana, al sur de Sucumbíos. La organización colombiana quiere dominar este territorio, donde cobran “vacunas” o extorsiones, explicó un líder social que pide no ser nombrado por temor a represalias.
Para ello, esta agrupación fortaleció su alianza con el grupo criminal ecuatoriano Los Lobos, explica Renato Rivera, investigador de temas de seguridad. Como respuesta, los operadores de las mineras ilegales amenazadas buscaron la protección de otros grupos vinculados con la estructura narcodelictiva rival: Los Choneros.
“El interés de los Comandos de la Frontera y Los Lobos por el control de la minería ilegal ha hecho que mineros ilegales acudan a Los Choneros para buscar seguridad. Los Choneros nunca tuvieron interés en posicionarse en la Amazonia”, añade Rivera.
Un reporte policial indica que esta disputa entre los grupos ha dejado al menos 60 víctimas. Y una fuente local señala que tiene conocimiento de seis masacres en ambas provincias ocurridas a lo largo del año pasado y lo que va de 2025.
La primera de ellas ocurrió en febrero de 2024, cuando aparecieron siete cadáveres, uniformados como militares, apilados en el baúl de una camioneta. Esto ocurrió en el cantón Joya de los Sachas, en la provincia de Orellana. En ese mismo cantón, en agosto, fueron asesinados tres policías en La Joya de Los Sachas. Al saldo de masacres se sumaron seis muertes violentas en la parroquia El Eno, de Lago Agrio, en noviembre. Y, a mediados de marzo, se produjo un ataque armado en Coca, capital de Orellana, que dejó cuatro víctimas.
Si bien los Comandos de la Frontera pueden ser rivales de Los Choneros en sus intentos por controlar la minería ilegal, fuentes de inteligencia del Ejército ratificaron que, para el transporte de cocaína desde Colombia, tienen una antigua alianza, que se remonta a 20 años atrás, cuando algunos de sus cabecillas eran integrantes del Frente 48 de las FARC.
En Sucumbíos hay plantaciones incipientes de hoja de coca, según un informe del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, pero destaca, sobre todo, que es un territorio clave para la ruta de tráfico terrestre de sustancias ilícitas desde el Putumayo colombiano. Por allí pasa también el tráfico de gasolina, materia prima para el procesamiento de cocaína al otro lado de la frontera.
El 1º de marzo de 2025, el Ejército decomisó 7.000 galones de combustible e insumos químicos. La embarcación los transportaba en 130 tanques por el río Putumayo. Durante la operación se produjo un enfrentamiento entre militares y miembros de los Comandos de la Frontera, quienes huyeron hacia el territorio colombiano, según informó el Ejército.
Esto provocó un intento de incursión de miembros de los Comandos de la Frontera en la unidad militar ecuatoriana ubicada en el cantón Putumayo, que limita con Colombia y Perú. Según denunciaron los militares del lugar, fueron atacados por vía fluvial y terrestre.
Al día siguiente, el 2 de marzo, la población local, ajena a estos hechos de violencia, participaba en un desfile de carnaval. A poca distancia de los festejos, unos uniformados del Ejército ordenaron detenerse a tres jóvenes que viajaban en una moto. Dos de los chicos recibieron disparos y uno de ellos falleció a los pocos días. La madre de la víctima aseguró a organizaciones de la sociedad civil que su hijo murió a causa de un uso excesivo de la fuerza por parte de los militares. La denuncia fue recogida por colectivos de derechos humanos de Ecuador.
Mientras tanto, el Ejército anunció que colaborará con la investigación fiscal, que está en fase reservada. Las autoridades locales lamentaron el hecho de violencia en el que falleció el joven y su hermano resultó gravemente herido. Señalaron que se trataba de hechos aislados al operativo militar y al intento de retaliación de los Comandos de la Frontera en la zona que ocurrieron en la víspera.
La red de Araña: de Putumayo para el mundo
“Ciertas zonas de Sucumbíos se convirtieron en mercados, donde se puede ir a negociar la compra de cargamentos; hay delegados y operadores que sellan los acuerdos”, relató para esta alianza periodística integrada por Ojo Público y Código Vidrio un investigador que, desde 2020, sigue el rastro de los Comandos de la Frontera en territorio ecuatoriano. “Gestionan la droga producida en el Putumayo colombiano y absorbieron la organización identificada como La Constru, que maneja los vínculos con el cártel de Los Balcanes, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho de Brasil. A nivel local, la organización se vincula con grupos como Los Lobos”, explica esta fuente.
Los Comandos de la Frontera y sus aliados locales dominan el tráfico de cocaína desde Putumayo hacia los puntos de almacenamiento en el centro del país y, luego, hacia los puertos de Manabí y Guayas, situados en la costa del Pacífico ecuatoriano, desde donde la droga sale con destino a los mercados de América del Norte, Europa y Asia, explica a esta alianza un agente de inteligencia, quien pidió no citar su nombre por razones de seguridad.
El responsable de tejer esta sofisticada red de alianzas en Ecuador es el colombiano Giovanni Rojas, más conocido como Araña, quien en 2020 tomó el liderazgo de los Comandos de la Frontera. El gobierno ecuatoriano señaló a alias Araña, como uno de los 11 objetivos de “alto valor” para Ecuador por su participación en actividades criminales.
Araña fue detenido en un hotel de Bogotá a mediados de febrero de 2025, después de haber participado en una mesa de conversaciones de paz con el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro. La ausencia de Araña podría generar una disputa por liderazgo en los Comandos de la Frontera, advierte un agente de inteligencia, entrevistado por esta alianza periodística.
Antes de ser detenido, sin embargo, Araña formó su grupo de operadores de confianza en territorio ecuatoriano. Juan Carlos Chulca, alias Chabalo, se convirtió en una figura clave en el nivel operativo. Este personaje se encargaba de coordinar los laboratorios de producción de cocaína y su transporte en vehículos de carga pesada con compartimentos ocultos hasta sitios de almacenamiento temporal.
El producto finalmente era embarcado en los puertos de las provincias ecuatorianas de Manabí, Guayas y El Oro, con destino a América del Norte y Europa, explica un agente de inteligencia que participó en esta operación y que pidió proteger su identidad.
Chabalo, quien nació en Sucumbíos hace 45 años y se desempeñó en sus inicios como taxista, ya había sido detenido en su juventud: tenía apenas 23 años y transportaba 350.000 dólares escondidos en el piso del cajón de madera de un camión. Además, se encontraron residuos de cocaína y marihuana en ese transporte, como publicó Ojo Público a mediados de 2024.
En el Consejo de la Judicatura, Chabalo también figuraba en procesos por enriquecimiento ilícito en 2005 y por tráfico de drogas en 2013 y 2014. Fue detenido por estos casos, pero al poco tiempo salió sin cumplir la totalidad de la pena. En abril de 2023, celebró su cumpleaños 43 en una finca con músicos regionales de renombre. La fiesta se celebró en las proximidades de Lago Agrio. Al año siguiente, en 2024, fue detenido en la zona de Barbasquillo, una de las más exclusivas de Manta, puerto de la provincia ecuatoriana de Manabí.
En la lujosa vivienda donde Chabalo fue encontrado, también se hallaron 565.000 dólares en efectivo, armas de fuego, seis vehículos de alta gama, tres de ellos blindados. Su captura fue llevada a cabo por el Bloque de Seguridad, integrado por la Policía y las Fuerzas Armadas.
El traficante trabajaba con varios grupos delictivos en las fases de almacenamiento, transporte, seguridad y envío de la droga. Para el traslado en vehículos pesados desde el Putumayo, mantenía su propia logística. De hecho, según los registros de la Superintendencia de Compañías, era accionista de dos empresas dedicadas al transporte de carga pesada.
Tras su detención, las autoridades descubrieron que manejaba al menos 1.300.000 dólares. Al seguir la pista monetaria, los investigadores encontraron una estructura económica sofisticada, relacionada con los Comandos de la Frontera, que estaría a cargo del lavado de activos no sólo en Ecuador, sino en otros países.
La estructura de narcolavado
Los Comandos de la Frontera no se limitan al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, también se dedican al lavado de activos. Las operaciones de blanqueo de capitales habrían llegado a empresas de bienes raíces en Europa, según indicaron distintas fuentes que siguen el caso y documentos reservados, a los que este equipo periodístico tuvo acceso.
El cerebro detrás de las operaciones de lavado de dinero de Comandos de la Frontera lleva el alias de Gerente. Este personaje tiene una orden de captura en su contra, desde finales de febrero de este año, ratificada por un tribunal especializado en delitos anticorrupción.
Gerente reside en España y es coadministrador de dos empresas legalmente constituidas. Ambas firmas se dedican a la compra y venta de bienes inmuebles en el municipio de Majadahonda, en Madrid, según el expediente judicial revisado como parte de esta publicación. En el proceso se cita una alerta por terrorismo en su contra, emitida por la Directiva Presidencial de Seguridad Interior (Homeland Security Presidential Directive) de Estados Unidos.
De acuerdo con el proceso judicial, el papel de Gerente habría consistido en permitir la entrada de fondos ilícitos en su patrimonio para financiar la creación de empresas, comprar vehículos y negociar inmuebles en la capital española. Todo esto con el objetivo de blanquear capitales ilegales en el sistema financiero nacional.
La estructura económico-delictiva fue desarticulada a finales de agosto de 2024 mediante operativos simultáneos en las provincias de Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Guayas y Orellana. Entre las 18 personas detenidas se encuentran dos de los hijos de Gerente. Según la información policial, los bienes incautados y las cuentas bancarias dentro del sistema financiero ascienden a unos 200 millones de dólares.
El entramado societario de Gerente y sus familiares tiene como origen un consorcio ferretero constituido en Lago Agrio. La defensa argumenta que sus ingresos son lícitos y que la captura de los dos hijos es ilegal. Ambos aparecen en la acusación de la fiscalía como administradores de varias empresas agrícolas, ganaderas, almacenes, inmobiliarias y consultoras.
Pero las dudas sobre la inocencia de la familia de empresarios aumentaron en enero, cuando la Policía ecuatoriana alertó de que había desarticulado una red de corrupción que buscaba dejar sin efecto las órdenes de prisión en contra de los hijos de Gerente. Tres jueces especializados en delitos anticorrupción fueron involucrados en la trama, que la Fiscalía denominó Caso Pantalla. Según la investigación de este caso, actualmente bajo reserva, los jueces especializados, radicados en Quito, iban a recibir pagos a cambio de dictar órdenes de libertad a favor de los detenidos.
El caso de Gerente también ha tenido consecuencias directas y lamentables en Sucumbíos. Luego de que se conociera la orden de detención de sus hijos y que el director de la prisión de Lago Agrio fuera acribillado en setiembre, la violencia aumentó en la zona. Este hecho es sintomático de cómo los Comandos de la Frontera no sólo controlan todo tipo de actividades económicas ilegales dentro y fuera del territorio amazónico, en alianza con otros actores criminales, sino también de cómo han intentado lavar su capital en el extranjero y cooptar a operadores de justicia o utilizar la violencia contra las autoridades en busca de impunidad.
Este artículo fue publicado originalmente por Ojo Público y elaborado en colaboración con Código Vidrio.