La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, denunció que se desplegó un dispositivo policial “ilegal” en torno al apartamento donde cumple esa sentencia.

“Durante la madrugada, sin orden judicial y en forma completamente ilegal, [la ministra de Seguridad] Patricia Bullrich montó un operativo policial en la puerta de mi casa con el único objetivo de provocar conflictos que, hasta ahora, nunca sucedieron”, denunció Fernández en X.

En el edificio, ubicado en el barrio Constitución, en Buenos Aires, estaba previsto un “banderazo” de los militantes que apoyan a la expresidenta y repudian su condena. A sus seguidores, Fernández les pidió que trasladaran la movilización al Parque Lezama, donde suelen organizarse los actos de La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei.

“Tenía muchísima ganas de verlos y saludarlos por la fuerza que me dan. Pero lo mejor y más inteligente, para esta que va a ser una larga marcha en el tiempo, es que –por favor les pido– redireccionen el banderazo que habían organizado y vayan al auditorio de Parque Lezama... Que además es un lugar hermoso y hay un solazo peronista y maravilloso”, dijo.

Sobre Bullrich, Fernández manifestó: “Esta mujer, realmente nefasta y capaz de cualquier cosa (su historial así lo demuestra), sólo busca generar caos para tener protagonismo y, al mismo tiempo, prestar el servicio al gobierno de turno que integra, para ocultar el desastre económico y social que vive nuestro país y sufre nuestro Pueblo”.

Este despliegue policial se dispuso después de que adversarios políticos de la expresidenta se manifestaran indignados en los medios de comunicación al verla saludar desde el balcón a sus seguidores.

También fue precedido por un decreto que atribuye más potestades a la Policía para actuar sin orden judicial. Esta norma fue publicada el martes con la firma de Milei, Bullrich y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Hemos decidido reformar la histórica Policía Federal Argentina y reconvertirla en una fuerza principalmente abocada a la investigación criminal”, anunció ese día Milei, acompañado por la ministra.

El nuevo estatuto de esa policía establece que tiene como misión principal “prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos, así como la de colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales”. Con ese cometido, la habilita a hacer requisas a personas y vehículos sin orden de un juez, siempre que “existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito; que no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar” y “que se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención”.

Del mismo modo, habilita que una persona sea detenida sin orden judicial “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad”.

También permite que la Policía Federal haga “tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios webs públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y los principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente”, sin necesidad de orden judicial. Aclara que esto se llevará adelante respetando la “protección de datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad de las personas”.

Se informó que el objetivo es que la Policía Federal actúe “de manera espontánea” ante delitos flagrantes “a requerimiento del Ministerio de Seguridad”.

La abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, dijo al diario Página12 que las autoridades se proponen hacer un “ciberpatrullaje recargado”. Recordó, por ejemplo, que durante el gobierno de Mauricio Macri, que también tuvo a Bullrich como ministra de Seguridad, se ordenó indagar en los celulares de las personas detenidas en protestas contra la reforma previsional de 2017 en busca de mensajes que “indicaran algún tipo de acuerdo previo, para dibujar el delito de 'intimidación pública'”.

A la reforma policial se agregan nuevos requisitos para el ingreso a esa fuerza y la creación del Departamento Federal de Investigaciones. “Vamos a aprender de los mejores; vamos a aprender de Estados Unidos; vamos a aprender de Israel. Así pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo”, dijo Milei.