Muchas personas están convencidas de que el derecho es una ciencia exacta, y de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) es un grupo de expertos que aplican esa ciencia en forma objetiva, sin tener en cuenta consideraciones o intereses vinculados con la política. A esas personas les recomendamos, para que salgan de su error, que escuchen un tramo de poco más de diez minutos de la entrevista realizada el martes 7 al actual presidente de la SCJ, Jorge Chediak, en el programa Suena tremendo de la radio El Espectador (disponible en internet).

En la mayor parte de esa entrevista, Chediak se refirió a la implementación del nuevo Código del Proceso Penal. A partir del minuto 37:37 y hasta el final, los periodistas cambiaron de tema y le pidieron que comentara las críticas a un reciente decisión de la SCJ en la que esta dictaminó que se había extinguido la posibilidad de juzgar violaciones de los derechos cometidas durante la dictadura.

Sería muy conveniente para nuestra sociedad que todos los integrantes de la SCJ se refirieran a cuestiones tan delicadas, dolorosas y controvertidas como esa en términos prudentes y didácticos, a fin de que cualquier ciudadano pudiera mejorar su comprensión del problema y evaluar todo lo que está en juego. Lamentablemente, Chediak se comportó de otra manera, como si lo que más le interesara fuera quedar bien parado y hacer proselitismo a favor de sus propias opiniones.

La mencionada decisión de la SCJ fue adoptada por mayoría de tres (Chediak, Elena Rosso y Julio Turell) contra dos (Felipe Hounie y Bernadette Minvielle). Eso es evidencia clara de que no se trata de un asunto inequívoco. Sin embargo, Chediak se limitó a exponer los argumentos de la mayoría que él integró, como si no hubiera otra interpretación posible, sin molestarse en mencionar siquiera las posiciones de sus colegas discrepantes, que son tan ministros de la SCJ como él (el cargo de presidente rota cada año entre los cinco; que Chediak lo ocupe ahora no significa que sea más competente que el resto).

De postre, incurrió en una triste chicana para fundamentar que “Uruguay, en vez de arrodillarse y pedir disculpas –que parecería ser lo que en algún ámbito se postula–, tendría que estar orgulloso del éxito, éxito relativo pero éxito al fin, que ha tenido en la persecución y castigo” de los crímenes de la dictadura. La presunta prueba es, según Chediak, que nuestro país “tiene los mejores números”, en la experiencia internacional, “de procesamiento y condena a los responsables” de tales delitos.

¿Cómo calcula Chediak? Si se refiere a qué proporción del total de responsables representan los escasos condenados, ¿de dónde sacó cuál es ese total? Si se expresó mal, y quería referirse al porcentaje de procesamientos y condenas en relación con el total de delitos denunciados, ¿no ve o quiere disimular que, debido a la larga vigencia de la ley de caducidad, y también a causa de fallos y omisiones por parte de la SCJ y de otros operadores judiciales, una gran cantidad de denuncias no pudo concretarse o ha visto bloqueado su camino hacia la instancia de procesamiento?

Hay que macanear menos y hablar en serio.