La decisión de las autoridades del Partido Nacional con respecto al intendente de Soriano, Agustín Bascou, dejó bastante que desear. Luego de encomendar la consideración del asunto a la Comisión de Ética partidaria y de escuchar la opinión de esta, el Directorio blanco no se expidió sobre el aspecto ético de lo sucedido. Por un lado, afirmó que, de acuerdo con el estudio del caso por la mencionada comisión, no se habían comprobado ilegalidades en el proceder de Bascou, pero sobre eso se pronunciará, como corresponde, la Justicia. Por otro, resolvió apenas reprender al intendente porque su “falta de cuidado en un manejo de la cosa pública” perjudicó “el buen nombre y las mejores tradiciones” del partido, según explicó en conferencia de prensa el presidente del Directorio, Luis Alberto Heber. Pero eso no es un juicio ético acerca de las acciones de Bascou, sino una evaluación de las consecuencias políticas que tuvieron tales acciones.

No se trata, además, de una cuestión ética muy compleja. Si la Intendencia de Soriano tiene un contrato con ANCAP para que la provea de combustible, y de las tres estaciones de servicio de ANCAP en Mercedes, dos están en manos de la empresa cuyo directorio presidía hasta hace unos meses Bascou, resulta bastante elemental que correspondía comprarle a la tercera.

En estos asuntos, además, no es bueno jugar a la mosqueta con los conceptos. La Comisión de Ética blanca señaló, y luego lo ha enfatizado el senador Jorge Larrañaga, líder sectorial de Bascou, que no hubo perjuicio económico para el gobierno departamental. Por supuesto que no, ya que el combustible había que comprarlo de todos modos: el problema no fue que las estaciones del intendente lo vendieran más caro, sino que, como lógicamente no vendían al costo, había que decidir, desde el punto de vista ético, si estaba bien que Bascou se llevara parte de la ganancia. A su vez, el intendente ha asegurado que no actuó en ningún momento con “pretensión o búsqueda de provecho personal”. Es imposible evaluar su fuero íntimo, pero la verdad es que provecho personal tuvo, con pretensión o sin ella.

Lo importante de todo esto va más allá de que Bascou haya cometido una falta ética o quizá un delito (y, por supuesto, mucho más allá del aprovechamiento de este lamentable incidente en la lucha electoral entre los sectores blancos o entre los partidos). La cuestión, medida en términos de salud democrática, es si las instituciones políticas –empezando por los propios partidos, y en este caso por el Nacional, con su Comisión de Ética y su autoproclamado Honorable Directorio–, son capaces de afrontar los hechos y proceder en consecuencia, asumiendo que, por encima de los eventuales costos políticos inmediatos, es preciso contribuir a que el sistema funcione y le ofrezca garantías al conjunto de la ciudadanía. Eso es lo que hay que tener presente, y en esa materia las autoridades blancas incurrieron en lo que le reprochan a Bascou: una falta de cuidado que, además de perjudicar a su colectividad, nos hace daño a todos.